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La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos solicitaron a los jueces a cargo de las “megacausas” contra los represores de la última dictadura que les informen cómo se controla la prisión domiciliaria de los detenidos por violaciones a los derechos humanos y reclamaron que quienes no tengan ese beneficio sean trasladados desde las dependencias de las Fuerzas Armadas a cárceles comunes.
En sendas presentaciones ante los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres, los abogados Gabriel Lerner, Roberto Yanzón y Mónica González Vivero señalaron que “mantener a los imputados en sus actuales lugares de detención (sobre quienes están en dependencias militares) atenta contra el principio de igualdad, ya que ningún otro procesado puede beneficiarse con un alojamiento por fuera de la legislación vigente. Los aquí imputados, en cambio, por su sola condición de militares, sí lo hacen”.
Los abogados aseguraron que “si existen delitos por los que el sistema carcelario debería, merecería, existir, son, justamente, los que en estas causas se imputan”. Sobre quienes se benefician con la prisión domiciliaria, los representantes de los organismos de derechos humanos expresaron que “la índole de los delitos que se investigan resulta suficiente argumento para rechazar toda petición de esa naturaleza”, pero que aún si esa es otorgada se deben “ejercer los controles necesarios”.