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María Julia Alsogaray no consigue revertir la mala racha. Además de prepararse para el juicio oral que empieza el martes 13, cuya televisación pidió la ex polifuncionaria menemista pero la Justicia se lo negó, sigue recibiendo malas noticias sobre su complicada situación judicial. La Cámara Federal confirmó su prisión preventiva en la causa que investiga ilícitos cometidos durante la remodelación de la Secretaría de Recursos Naturales. La denuncia original de esa causa había sido planteada por la Oficina Anticorrupción, con información publicada por Página/12. Y ese organismo pidió recientemente que el caso sea llevado también a juicio oral.
Alsogaray está detenida desde el 12 de agosto en dependencias de la DUIA, Dirección Unidad de Investigaciones Antiterroristas, a pesar de los esfuerzos de su defensora, Perla Martínez de Buck, quien pidió su liberación. En su momento, el fiscal Miguel Osorio se pronunció en sentido contrario, solicitando que sea procesada también por asociación ilícita, además de los delitos de peculado, falsedad ideológica de documentos, administración infiel e incumplimiento de sus deberes, que ya le fueron endilgados. En este caso, los camaristas de la Sala II rechazaron la pretensión de Alsogaray de apelar a la Cámara de Casación y a la Corte Suprema, pero ella puede acudir de todos modos al máximo tribunal “en queja”. Para desestimar los recursos, los jueces Horacio Cattani y Eduardo Luraschi señalaron que “se ven impedidos de evaluar la existencia de una vinculación directa e inmediata entre las presuntas violaciones a disposiciones constitucionales (que había planteado la ex polifuncionaria) y lo resuelto en el auto impugnado (es decir, en la decisión del juez de primera instancia de ordenar su detención). Además, negaron que esa resolución haya sido “arbitraria”, ya que Alsogaray “cuenta con numerosos procesamientos firmes en su contra”.
La OA había denunciado que en 1995 la ex secretaria de Recursos Naturales pagó dos millones de dólares por refaccionar un piso de una oficina céntrica y construir un entrepiso destinados al programa Prodia. Esa cifra incluiría sobreprecios y la ex funcionaria habría firmado varios contratos separados para evitar llamar a licitación y adjudicar las obras en forma directa a distintas empresas y profesionales, con algunos de los cuales mantenía relación personal. La OA indicó que “los asuntos públicos fueron manejados entre un grupo de conocidos”.