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En plena siesta como si todo fuese normal, Mercedes “Nina” Aragonés entró finalmente a los Tribunales Federales de Santiago. La ex gobernadora que había logrado voltear dos pedidos de desafuero en su contra fue indagada por las dos causas pendientes: el fraude contra la ANSeS y el atentado contra la casa del diputado José Figueroa. No declaró, pero la presentación puso en marcha el reloj del procesamiento: aunque una de las fuentes judiciales aseguró que quedará presa, el juzgado tiene diez días para procesarla o dejarla en libertad. Con la cabeza del antiguo régimen detenida, la Nación ahora avanza hacia la desactivación del partido. La ANSeS nacional pidió la prisión de otros 44 dirigentes juaristas. Una avanzada que continuó con la detención del mayor retirado Jorge D’Amico, acusado de genocidio por los organismos de derechos humanos, y con otra embestida de la intervención: quedaron sin efecto seis nombramientos políticos de Nina Juárez, entre ellos hay una diputada nacional.
A las 16.30 la ex todopoderosa gobernadora entró al juzgado para enfrentarse a dos causas y no sólo a una, tal como estaba previsto. El juez Angel de Jesús Toledo decidió acelerar el procesamiento. La indagó por una presunta defraudación al fisco de 505.171,19 pesos en la causa ANSeS y por su responsabilidad como autora intelectual en grado de partícipe por los delitos de “robo, agresión en banda y saqueo” en el atentado a la casa del diputado menemista José “Pepe” Figueroa el 17 de julio de 2002.
La aceleración de las causas es una demostración de los tiempos que corren. Hasta ayer el juzgado tenía previsto indagarla sólo por el fraude a la administración nacional de la ANSeS, una denuncia insuficiente para mantenerla detenida. El caso ANSeS comenzó en agosto del año pasado en el juzgado federal de María Romilda Servini de Cubría por una denuncia contra la ex gobernadora y una tropa de 44 diputados, funcionarios, jueces, punteros y personal administrativo que percibían de forma simultánea jubilaciones y sueldos como activos. La denuncia pasó por la Gerencia de Investigaciones Especiales de la ANSeS, se hicieron cruces de incompatibilidades y se detectó un fraude de unos 25 millones de pesos. A partir de entonces, la ANSeS hizo dos movimientos. Inició un expediente administrativo y se presentó como querellante en la denuncia penal que ya había sido trasladada a Santiago del Estero. La presentación se convirtió en uno de los primeros mecanismos nacionales que promovieron la judicialización de la salida de los Juárez.
El proceso entró en la última etapa el mes pasado. Toledo imputó a Nina Juárez y la semana pasada ordenó su detención. Pero las pruebas acumuladas aún son discutibles. En este momento, la ex gobernadora tiene en sus manos herramientas jurídicas para salvase, entre ellas un viejo dictamen de la ANSeS de Santiago: “La imputación por estafa necesita de dos elementos: constatación del fraude y dolo”, le explicó a Página/12 una fuente de la fiscalía. Como Nina Juárez avisó oportunamente a la ANSeS, el dictamen eliminaría la situación de dolo o intención real de haberlo cometido. Sólo por eso la Señora podría quedar en libertad.
Para evitarlo ayer ocurrieron dos cosas. La primera corrió por cuenta del juzgado. Toledo aceleró la indagatoria por el atentado a la casa del diputado Figueroa. Una denuncia en la que Nina Juárez está señalada como una de las autoras ideológicas del incendio y los saqueos que destruyeron la vivienda del diputado en medio de una feroz interna política. La segunda fue una embestida que llegó directo desde la Nación en manos de Sergio Maza, el titular de la ANSeS. A la mañana temprano, aterrizó directamente en el juzgado federal. Pidió la inhibición completa de los bienes patrimoniales de los Juárez y de los 44 imputados en la causa. “Si la señora Mercedes Aragonés está detenida, también deberían estar en lamisma situación el resto de los funcionarios”, le dijo Maza durante una conferencia de prensa. Bajo esa lógica, presentó un pedido de detención que ahora deberá evaluar el juzgado. “Con la intervención federal –dijo– los imputados en la causa de cobro de jubilaciones indebidas no podrán ampararse en los fueros y deberán presentarse ante la Justicia.”
Esta nueva avanzada podría terminar con otra hecatombe política. En el entorno de Maza aseguran que están dispuestos a continuar la embestida hasta recuperar todo el dinero pendiente. Además, siguen de cerca los pasos de la Justicia local. Están dispuestos a pedir una ampliación de la denuncia por “asociación ilícita”, una figura legal que impediría la excarcelación al menos en el caso de la ex jefa de la Casa de Gobierno.
En medio de este clima caliente quedó detenido el mayor retirado Jorge D’Amico, ex subsecretario de Seguridad de Santiago entre 1995 y 2003. Toledo lo convocó al juzgado para indagarlo en el marco de la investigación por el caso Figueroa. Los saqueos y la destrucción de su casa fueron orquestados por los dirigentes del juarismo con acuerdo de las fuerzas de seguridad, que dejaron la zona liberada, según la hipótesis que maneja la Justicia. Durante la audiencia, el juez le preguntó por qué tardó media hora para recorrer las dos cuadras que separaban su oficina de la casa del diputado. D’Amico no respondió, pero aseguró en cambio que había recibido un llamado de Juárez durante los saqueos en el que le pedía que “lo atendiera”. Una respuesta elíptica que la fiscalía, según las consultas, recibió como una imputación hacia Nina.