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El Congreso se esmeró en cumplir rápido con los mandatos expresos del petitorio de Juan Carlos Blumberg, avalado por una multitud el jueves pasado y revalidados por una masiva campaña de recolección de firmas. La corporación política, expresada en los tres dirigentes más importantes del país, tardó demasiado (días que parecen siglos en un país donde las horas cuentan) en parir la designación de León Arslanian. Para colmo, esa figura no complace las aspiraciones del padre de Axel, quien rápidamente la cuestionó. Y sin embargo, la designación del ex camarista federal puede ser más funcional que el paquete punitivo votado por el Parlamento para plasmar el anhelo de seguridad, de descenso de la impunidad, de lucha eficaz contra el delito y la corrupción policial. Esto es, del mandato cabal de la Cruzada Axel que también es deseo de muchos argentinos, aun de aquellos que no comparten sus propuestas penales específicas.
La impunidad proviene de causas bien variadas que deben ser atacadas en conjunto pero sólo comenzará a menguar cuando las fuerzas de seguridad, en especial la Policía Bonaerense, pateen definitivamente para un arco. Ese problema, eminentemente político, exige para su abordaje enorme decisión y funcionarios capacitados.
Poner en el centro de la escena un hombre con experiencia política y saber técnico, provisto de aquellos atributos que hay que tener es (nada más ni nada menos) un paso imprescindible. Que Arslanian llegue a tomar esa brasa ardiente con el aval político de Néstor Kirchner, Felipe Solá y Eduardo Duhalde es otra condición necesaria, y (de nuevo) no suficiente.

“Felipe no se deja ayudar” La frase es repetida en cualquier oficina empinada de la Casa Rosada. Tiene su parte de razón, que no toda. Cierto es que Solá suele conceder demasiado a sus reacciones emotivas y que sus declaraciones públicas suelen ir en contra de sus alineamientos políticos y aún de sus intereses. Sus desafiantes reclamos al gobierno nacional del domingo pasado generaron lógica bronca en Balcarce 50. Por añadidura, el gobernador prodiga recurrentes sospechas respecto de Duhalde a quien ya le debe bastante: para empezar su candidatura. Para terminar, intensas gestiones telefónicas destinadas a amansar los enérgicos rechazos iniciales de Arslanian.
En fin, cuesta ayudarlo... pero también es real que el gobierno nacional no se dedicó siempre a ayudar a Solá. Algunos de sus integrantes han hecho un arte de esmerilarlo. El gobernador tiene proclividad a imaginarse perseguido pero no es paranoia detectar que Gustavo Beliz ha venido transformándose en una suerte de telebim, cuya función esencial es registrar (con la crueldad y la precisión de una computadora) las veces que “Felipe” queda en off side.
Solá cometió varios errores severos en materia de seguridad. El mayor son sus zigzagueos que culminaron en una insólita apuesta a la soledad que fue la gestión de Raúl Rivara. Paralelamente, el gobierno nacional se desentendió del tópico, imaginando que los costos los pagaría exclusivamente el gobernador.
Más allá de quién sea el padre de la criatura, la designación de Arslanian pone a Solá y Kirchner remando en el mismo barco. Les queda mucho por hacer, empezando por emprender una política integral. Aunque se pontifique lo contrario, el Gobierno está en mora y le ha llegado la hora de ponerse al día.

Todo a presión. El reflejo de los principales dirigentes del país fue algo lento pero correcto. El de los parlamentarios fue expeditivo mas, a los ojos de este cronista, espasmódico y poco estudiado. Cristina Fernández de Kirchner recordó válidamente que en los últimos años han sobrado reformas penales agravando penas, consecuencia de la conmoción pública producida por un caso determinado. La legislación penal, que rige para el futuro, para situaciones aún no ocurridas, no debe ser hija de la irreflexión y las pasiones.
Muchos legisladores del PJ lo saben pero disciplinadamente levantaron la mano. Su justificación fue dual. Primero se quejaban de no recibir señales claras (por no decir alguna señal) desde el Ejecutivo. “Los Fernández (Aníbal y Alberto) no hablan ante los medios ni tampoco con nosotros”, ironizaban en Diputados.
Librados (siguiendo con su relato) a su propio criterio, los legisladores eligieron no contradecir la formidable presión encarnada en Blumberg. “¿Qué quiere que hagamos, que armemos una discusión y tengamos otras 150.000 personas en la plaza?”, justificaron (palabra más, palabra menos) varios oficialistas poco conformes con las leyes penales hijas de la urgencia y del reclamo. Los rostros en el recinto eran patentes: solito en una punta de banco, casi sin contacto con sus pares, Carlos Ruckauf reinauguraba su sonrisa dentífrica, mientras Jorge Casanovas afectaba aires de estadista. Algunos de sus compañeros, no todos, rumiaban bronca. Pero votaron, pensando antes en descomprimir la situación que en la cabal eficiencia (y aún constitucionalidad) de algunas normas que la realidad pondrá a prueba. Hasta ahora, el incremento de las penas no ha derivado en una baja de la criminalidad ni en un aumento de la detección de los delincuentes. Ojalá esta vez sea distinto, pero no hay especiales motivos para ilusionarse.

Coda. La experiencia previa desalienta también optimismos en lo que hace a los avances contra la enmarañada trama de corrupción policial y concubinato con el poder político que es la marca de fábrica de la Policía Bonaerense realmente existente. Hincar el diente en esa realidad obliga a batirse a duelo con una parte del aparato político del PJ provincial. ¿Osarán hacerlo las nuevas autoridades? ¿Podrán? ¿Subsistirá el apoyo de Eduardo Duhalde si se avanza? Son preguntas pertinentes y hasta fascinantes cuya respuesta requeriría, hoy y aquí, el auxilio de una bola de cristal.