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Aunque ciertos lugares comunes advierten que segundas partes nunca fueron buenas, León Carlos Arslanian volverá a ponerse al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense, el más cuestionado del país, para reiniciar una reforma policial que, en su primera parte, allá por 1998/99, apenas llegó a modificaciones en la superestructura de la fuerza. La reestructuración no se tradujo en cambios concretos en lo que se refiere a la labor cotidiana de la fuerza policial más conflictiva y corrupta de la República Argentina. Un poco por la descomunal resistencia interna de la fuerza y de sectores del justicialismo que lo habían erigido en un “superministro” sin poder real más allá de la pomposa denominación, y otro poco porque, por las mismas razones, los días de Arslanian siempre estuvieron contados con los dedos de una mano. “A diferencia de 1998 (cuando comenzó a gestarse la “reforma”), hoy se tiene un diagnóstico que no se tenía entonces”, dice ahora Arslanian, aludiendo a las aguas que siguieron bajando turbias. “Hoy se tiene la certeza de que la crisis policial es de naturaleza y de responsabilidad política”, suele decir el designado ministro, quien asumirá el próximo martes con renovadas esperanzas de lograr el objetivo buscado. Resta saber si el poder político está dispuesto a llevar el bisturí a fondo, para extirpar el mal desde la raíz.
“Hoy los políticos no pueden mirar más hacia el costado y echarle la culpa a la fuerza policial, porque ésta es un emergente de la crisis de la dirigencia política y de los criterios utilizados por los políticos para manejarse con la policía”, sostuvo Arslanian ante la prensa en diciembre del año pasado. “Hoy se rompió el mito de que con una buena conducción o con una jefatura policial se puede llegar a tener una fuerza eficiente y tranquila, que brinde seguridad a la población. Creo que entró totalmente en crisis el pacto o el acuerdo tácito entre policía y políticos.” Ese pacto, en los hechos, se había comenzado a caer precisamente en 1998, cuando se intentó la reforma. En ese momento se terminó el romance entre el gobernador Eduardo Duhalde y el ex jefe policial Pedro Klodczyk, que de encabezar “la mejor policía de la historia”, según los dichos del ex mandatario, pasó a ser el enemigo público número uno.
De acuerdo con la visión que hoy tiene Arslanian, “es la comunidad la que finalmente va a salvar a la institución policial y, al mismo tiempo, evitar que se siga corrompiendo”. En febrero de 1998, cuando Arslanian comenzó a diseñar la reforma, junto con el jurista Alberto Binder, la Policía Bonaerense venía de soportar, con evidente molestia, una intervención de tres meses a cargo de un civil, Luis Lugones, luego una gravísima crisis derivada de la vinculación de policías bonaerenses con el atentado a la AMIA y en el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, ocurrido en enero de 1997.
Cuando Arslanian y Binder lanzaron la reforma, descentralizaron la jefatura de la Bonaerense y la dividieron en 18 jefaturas departamentales. La modificación incluyó la abolición de las jerarquías de jefe y subjefe de la fuerza. El jefe en ejercicio pasó a ser un civil, Carlos Alberto Beraldi, actual colaborador de Arslanian en su estudio de abogados, quien ocupó la Secretaría de Seguridad. Pero en los papeles, la conducción de la fuerza se instaló en la semiclandestinidad, en los primeros tiempos bajo el mando virtual del comisario Eduardo Martínez, quien en los años de Klodczyk era amo y señor de la Delegación de Narcotráfico Norte, uno de los rubros y una de las zonas más corruptas del andamiaje policial.
Arslanian sufrió bajas internas y duros cuestionamientos extra técnicos, desde sectores políticos del mismo justicialismo que lo había convocado a la función pública. Alberto Binder, coautor de la reforma, se distanció de Arslanian y dejó de ser su compañero de ruta porque interpretó que Duhalde eludía un cambio a fondo. “Hubo una intencionalidad política de utilizar esto (la “reforma”) en las campañas, sobre todo en la presidencial”, que finalmente el ex gobernador justicialista perdió con la Alianza encabezada por Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Alvarez.
Dentro del justicialismo, Arslanian tuvo diferencias con el hoy jefe del bloque de diputados peronistas, José Díaz Bancalari, y con el entonces secretario de Relaciones con la Comunidad, Juan José Alvarez, que renunció al cargo luego de pelearse con el ministro. Juanjo Alvarez fue después ministro nacional y bonaerense de Seguridad, pero no pudo eludir el fracaso cuando quiso encarrilar una Policía Bonaerense demasiado proclive al libre albedrío de la corrupción y el autoritarismo. “Sabíamos que el descabezamiento de la cúpula policial no iba a ser como intervenir un asilo de ancianos. Vivimos rodeados de un ambiente de conspiración permanente. La intervención avanza bajo un contexto de amenazas constantes”, le dijo Binder a Página/12 en enero de 1998, previendo el contragolpe de los azules, que usaron como estandarte a los denominados “Sin gorra” (los echados de la fuerza), los primeros en boicotear públicamente la reforma.
Ahora Arslanian va por la revancha y sabe que pesa sobre su cabeza el estigma del caso Blumberg. El abogado Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), opinó que la primera reforma “no pudo ir más allá de la superestructura y nunca pudo llegar a tener registro efectivo en las prácticas cotidianas, en la investigación y en la relación misma con la comunidad”. Palmieri coincide con Arslanian en que “la comunidad tiene que cumplir un rol fundamental en los controles, pero eso nunca pudo lograrse porque no se le dio una verdadera participación a la ciudadanía”. Sobre la pesada cruz del caso Blumberg, un documento del CELS recordó que el problema de la inseguridad “afecta a toda la comunidad y en forma particularmente grave a los sectores de menos recursos”.
Por ese motivo es necesario “buscar políticas que protejan a los diversos actores y no sólo los derechos de un determinado sector social y mucho menos que promuevan la seguridad de un determinado sector social a costa de los derechos de los demás ciudadanos”. El CELS consideró que el problema no puede abordarse “de manera irresponsable” y recordó que “el incremento de penas y la limitación de las excarcelaciones” ya fracasó. Por eso, Palmieri cree que a Arslanian le queda por delante “una labor que nadie le puede envidiar, pero que alguien debe hacer”.