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Entre tantos despidos hubo uno que pasó desapercibido, y que tiene una importancia clave. El jefe interino de la Superintendencia de Investigaciones, René Jesús Derecho, fue incluido en la gigantesca purga en la Policía Federal anunciada el viernes pasado por el Gobierno. Página/12 había informado que Derecho fue denunciado por torturas en 1988 y que se encuentra imputado en la causa por los homicidios del 19 y 20 de diciembre.
Derecho había asumido el cargo de manera interina en reemplazo de Jorge Palacios, cuya disponibilidad había ordenado el propio Néstor Kirchner por sus vinculaciones con el caso Blumberg.
Pero el reemplazante no resultó mucho mejor: en los archivos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consta una denuncia por torturas contra Derecho realizada por Francisco Bueno Alves, quien lo acusó de golpearlo hasta ocasionarle secuelas permanentes. Aunque tuvo prisión preventiva, finalmente Derecho fue sobreseído, en una decisión objetada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Más tarde, Derecho fue investigado por su participación en la feroz represión desatada en la Plaza de Mayo en el final del gobierno de Fernando de la Rúa.
Como si con estos antecedentes no alcanzara, hay otro que pesa sobre el legajo del ahora ex policía. Como jefe de la circunscripción VII, Derecho fue el máximo responsable de los policías que cometieron la “Masacre de Floresta”. Ocurrió el 29 de diciembre del 2002, cuando tres jóvenes que se habían reído de la imagen de un policía golpeado que trasmitía una televisión en una estación de servicio fueron masacrados –dos de ellos murieron– por un suboficial retirado que se encontraba en el lugar.
A pesar de estos antecedentes, Derecho asumió un cargo clave como jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Federal. El viernes, sin embargo, fue echado junto a otros 106 jefes.
La decisión fue trasmitida por Kirchner, desde Washington, al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al ministro de Justicia, Gustavo Beliz. La orden incluyó la decisión de mantener al frente de la Policía a Eduardo Prados, el hombre que reemplazó a Roberto Giacomino, que había pasado a disponibilidad acusado de enriquecimiento ilícito.
En la mayor purga de la historia de la fuerza, el Gobierno dispuso el relevo de los jefes, la mitad de los cuales contaba con sumarios administrativos o causas abiertas por corrupción, en la mayoría de los casos por enriquecimiento ilícito o por inventar causas involucrando a inocentes. Derecho –acusado por torturas, por la represión en la Plaza de Mayo y por su responsabilidad en la masacre de Floresta– fue incluido en el lote de despedidos.