[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El ex subsecretario de Seguridad José María Campagnoli fue nombrado titular de la fiscalía descentralizada de La Boca, el barrio donde funciona la comisaría que el 26 de junio fue ocupada en protesta por el asesinato del piquetero Martín Cisneros. El ex funcionario fue quien, en aquella oportunidad, actuó como mediador entre la policía y los manifestantes para evitar la represión. A fin del mes pasado presentó su renuncia, siguiendo los pasos de su entonces jefe, Norberto Quantín, quien también vuelve ahora a la fiscalía de Cámara.
Tanto Quantín como Campagnoli habían pedido licencia en sus cargos de fiscales para asumir en la Secretaría de Seguridad Interior, durante la gestión de Gustavo Beliz en el Ministerio de Justicia. Las renuncias de los tres se sucedieron en cadena después de que el Gobierno resolvió echar al ex jefe de la Policía Federal, Eduardo Prados.
El 6 de agosto último, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, autorizó el retorno de Quantín y Campagnoli a sus puestos en el Ministerio Público. El primero volverá a trabajar como fiscal de la Cámara del Crimen. El segundo, que años atrás trabajaba en la fiscalía de Saavedra, ahora fue asignado a la de La Boca.
Luego de los episodios en la Comisaría 24ª tras el crimen de El Oso Cisneros, ambos ex funcionarios quedaron comprendidos por una denuncia que hizo la jueza María Angélica Crotto, que estaba de turno aquel día. La magistrada sostuvo que dio órdenes de desalojar la protesta en la seccional, pero sus instrucciones no fueron acatadas. Le apuntó al ex titular de la dependencia, Cayetano Greco, y también a Campagnoli.
La investigación está a cargo del juez federal Jorge Urso. Este magistrado analiza si la manifestación en la comisaría, que comandó el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) Luis D’Elía, fue un caso de coacción agravada –un delito con penas no excarcelables– y, según su punto de vista, no descartaría considerar a Campagnoli y otros funcionarios como cómplices. Por ahora, no parecería pesar en el criterio de la pesquisa el hecho de que se haya evitado la represión.
Durante la gestión de Beliz en Justicia fue muy mala la relación de él y sus funcionarios con los jueces federales, que se quejaban de la falta de diálogo. Ahora en los despachos de los tribunales de Retiro dicen que la llegada del nuevo ministro, Horacio Rosatti, renueva las expectativas.