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La Cámara de Diputados –luego de un largo e inusual debate– otorgó el miércoles por la noche una prórroga a la licencia que solicitó la diputada a cargo de la intervención del PAMI, Graciela Ocaña. Sin embargo, y tras una maniobra que contó con el respaldo del ARI, sectores del menemismo y del duhaldismo, el plazo de seis meses solicitado se redujo a la mitad. Tanto los colaboradores de Ocaña como funcionarios del gobierno nacional consideran que todo fue el resultado de un acuerdo para enviar un golpe por elevación al Ejecutivo.
Por lo general, las licencias que solicitan los diputados no se debaten, la tradición da cuenta de que el presidente de la Cámara suele ponerlas en consideración y el cuerpo las respalda o las rechaza. Sin embargo, el miércoles, cuando comenzó la sesión, Eduardo Camaño no puso reparo a la apertura del debate. Luego de que el ARI expresara su rechazo al pedido de Ocaña, la diputada del PJ Graciela Camaño no dejó pasar la oportunidad y la emprendió con la titular del PAMI, enfrentada por estos días con Luis Barrionuevo, el marido de la legisladora. También se sumaron a la embestida el menemista Oscar González e Hilda “Chiche” Duhalde. Sin duda, una llamativa e interesada confluencia de sectores internos del PJ que mantienen una disputa interna con el presidente Néstor Kirchner.
Lo más curioso del caso fue que durante los discursos de González y del tucumano menemista Roque Alvarez, ambos dijeron que el lapso de licencia debía ser hasta el 30 de setiembre y no hasta diciembre, como solicitó Ocaña. El presidente del cuerpo aceptó esa reducción sin siquiera ponerla a consideración y modificó –una medida lindante con una irregularidad– el dictamen que había surgido de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento tal como lo reconoció posteriormente su titular, Rosana Bertone (PJ-Tierra del Fuego).
No es el único elemento que generó sospechas, ya que al mismo tiempo que se trató la licencia de Ocaña también se consideró la que solicitó la menemista Alejandra Oviedo, quien ocupa el Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos de La Rioja, y que a diferencia de la interventora del PAMI se aprobó hasta el 31 de diciembre, tal como lo había pedido.
Entre los colaboradores de Ocaña no existen dudas sobre las causas de la polémica desatada. Por un lado sostienen que la maniobra es el fruto de la puja que la interventora lleva adelante con las gerenciadoras de las clínicas por la calidad de las prestaciones médicas. De hecho, Ocaña aseguró días atrás a Página/12 que detrás de las gerenciadoras que la extorsionan con paros y cortes de servicios se esconden Luis Barrionuevo y Enrique “Coti” Nosiglia. También entienden que la maniobra fue utilizada para asestar un golpe por elevación a la gestión de Kirchner.
La situación provocó también una fuerte reacción en los despachos de la Rosada. Trascendió que hubo un par de comunicaciones con Eduardo Camaño, a quien se le recriminó lo sucedido y se le pidió que se rectificara la licencia otorgada a Ocaña.
En tanto, entre los duhaldistas de la Cámara baja –sector donde abreva Graciela Camaño– hay quienes reconocen que se aprovechó la circunstancia, pero al mismo tiempo aseguran que hay sectores minoritarios y marginales del kirchnerismo molestos por la exclusión de los puestos de conducción del sub-bloque que responde al Presidente.
De todas formas, no todas fueron malas noticias para Ocaña. Ayer, por caso, se concretó la primera movilización en respaldo a su gestión al frente de la obra social. Sucedió en el partido de San Martín, curiosamente en el distrito que controla Barrionuevo.