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Por Raúl Kollmann y Adriana Meyer

Todos los acusados de complicidad con el atentado contra la AMIA fueron absueltos ayer, en esencia, porque el tribunal consideró que en los tres años de juicio oral no se comprobó que hayan sabido o participado del ataque contra la mutual judía. Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, en un comunicado en el que adelantaron los fundamentos del fallo, sostuvieron que efectivamente existió la camioneta bomba, que ese vehículo fue armado por Carlos Telleldín, pero que no hay ninguna prueba de que El Enano, como le dicen a Telleldín, haya sabido que esa camioneta se iba a usar para atentar contra el edificio de la calle Pasteur. Respecto de los policías, el comunicado sostiene que no se comprobó su participación en el atentado, aunque se los absolvió por irregularidades en la investigación. La conclusión más categórica del tribunal es que entre el gobierno de Carlos Menem –a través del ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy– junto al juez federal Juan José Galeano, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el principal dirigente de la comunidad judía, Rubén Beraja, construyeron una pista falsa, pagándole a un imputado y entregándole así un grupo de culpables ficticios a la sociedad para dejar una sensación de que la masacre no quedó impune.
La sentencia coincide con los adelantos exclusivos que realizó Página/12 hace más de dos meses y pone el acento en las irregularidades que este diario viene marcando prácticamente desde 1996. Esto significa que desde Carlos Menem, pasando por Corach, Anzorreguy, los jueces, fiscales y hasta determinados dirigentes de la comunidad judía arrasaron con la posibilidad de encontrar a los verdaderos culpables y fueron los garantes de la impunidad. La sentencia de ayer no deja nada en pie: sostiene que todo fue armado, maniobrado u obtenido de manera espuria, a través de arreglos, aprietes, evidencias falsas, extorsiones e incluso torturas.
El punto clave por el cual el tribunal absolvió a los policías bonaerenses es que evaluó que a partir de octubre de 1995 el juez Galeano empezó a diseñar una pista falsa e inició la negociación con Telleldín para que acusara a los policías. Esas conversaciones terminaron nueve meses después con el pago a Telleldín para que éste señalara a Raúl Ibarra, un subcomisario que estaba a las órdenes del otrora poderoso comisario Juan José Ribelli, como la persona a la que le entregó la Trafic que ocho días más tarde estallaría en la AMIA. En palabras puestas por los jueces en el comunicado oficial, el acuerdo Galeano-Telleldín “fue la culminación de una actividad irregular del Estado dirigida a obtener un responsable, más allá de lo realmente acontecido”.
Los jueces dijeron en su fallo que para llevar adelante esa pista falsa el juez puso en marcha una especie de expediente paralelo, denominado Brigadas, en referencia a las brigadas de investigaciones de la Bonaerense. Ayer, el tribunal declaró nulo ese expediente paralelo por ser parte del plan pactado entre el juez y el gobierno menemista. En el comunicado en el que explican por qué absolvieron a los imputados los tres jueces dicen textualmente: “El doctor Galeano se apartó de la búsqueda de la verdad real, incurriendo en comportamientos contrarios al ordenamiento legal, proceder en el que colaboraron, sea por acción u omisión, distintos organismos de los tres poderes del Estado, otorgándole sostén político y/o encubrimiento a su actuación irregular e ilegal”.
El tribunal sostiene que en base al derecho a la verdad desarrollado en el sistema interamericano de derechos humanos, los familiares de las víctimas tienen justamente derecho a saber lo que ocurrió. Por esa razón, explican, pese a las nulidades decretadas, “se adentró en el análisis de la eventual responsabilidad de los acusados”. Y en ese sentido, respecto de Telleldín, los jueces afirman que hizo un negocio con la Trafic, entregó la camionetaa una persona cuyo nombre no se pudo establecer, “pero sin que exista evidencia alguna de que conocía el destino que habría de dársele”. Sucede que para ser cómplice de un delito la persona tiene que prestar una colaboración consciente, es decir, sabiendo que servirá para cometer el delito. En este caso, el terrible ataque que produjo 85 muertes.
En cuanto a los policías, los jueces dicen que “no se demostró, en modo alguno, que el vehículo Renault Trafic utilizado como coche bomba, hubiera pasado por sus manos el 10 de julio de 1994 ni en ninguna otra oportunidad”.
Los magistrados no señalaron si los policías tuvieron conocimiento del atentado, directamente dijeron –después de tres años de audiencias del juicio oral– que no surgieron pruebas de que hayan siquiera tenido algo que ver con la camioneta.
Uno de los hechos más controvertidos del fallo de ayer es que al anular toda la investigación sobre los policías, por considerarla parte del plan de construir un culpable para brindarle a la sociedad, es que en esa investigación se demostró hasta el cansancio que los policías extorsionaron a Telleldín y otras personas, mientras que en las escuchas telefónicas quedó nítidamente probado que el ex comisario Ribelli se la pasaba arreglando con delincuentes, extorsionando a piratas del asfalto y también a gente honesta, armaba causas falsas, dictaba pericias truchas para salvar a algunos de sus subordinados que habían asesinado a dos personas y otra larga serie de delitos. Esta forma de actuar hizo de Ribelli un hombre millonario, al punto que declaró a la AFIP que contaba con 800 mil dólares en efectivo, fraguó una supuesta herencia de su padre y se le calculaba una fortuna de más de 10 millones de dólares.
En derecho se habla de frutos del árbol envenenado, o sea que las pruebas de todos estos delitos provinieron de un árbol envenenado: una investigación irregular que provenía de un arreglo con Telleldín y la decisión de armar una pista falsa. Lo cierto es que Ribelli –que igualmente lleva ocho años presos por el atentado– quedará impune por esos delitos que sí están comprobados.
Si hubo una investigación llena de irregularidades alguien debería pagar penalmente por ello. Esto es lo que decidieron los jueces en su sentencia:
- Se extraerán copias del fallo para que la Cámara de Apelaciones designe un magistrado que investigue a Galeano por la innumerable cantidad de delitos que –según los jueces– cometió, por ejemplo, haciendo el arreglo y pagándole a Telleldín, por falsear la declaración de éste en el que acusaba a los policías de llevarse la camioneta. También se envía copia al Consejo de la Magistratura.
- Copias de la sentencia, se enviarán asímismo a la Cámara para que sortee un juez que investigue a Corach y a Anzorreguy por haber sido parte del plan mediante el cual se arregló con Telleldín y se le pagó.
- Se investigará a la SIDE de la época por realizar escuchas telefónicas ilegales a la Embajada de Irán y a la de Cuba, y además por intervenir teléfonos sin orden judicial en varios otros casos.
- Se le pedirá a la Cámara de Apelaciones que sortee un juez que investigue a los fiscales Mullen y Barbaccia. En especial, este último, por su participación en la operación del pago a Telleldín. También en este caso se envía copia del fallo al Consejo de la Magistratura, obviamente para que disponga la destitución de Barbaccia. Mullen ya renunció.
- La sentencia ordena también enviar copias a la Cámara de Apelaciones para que se sortee un juez que investigue a Rubén Beraja por falso testimonio. Sucede que el ex presidente de la DAIA dijo en el juicio que no sabía del pago a Telleldín y los magistrados afirman que hay evidencias de que tenía conocimiento de esa maniobra.
Hay además acusaciones contra los jueces Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo, contra el ex titular de la Bonaerense, Ramón Orestes Verón, contra el abogado Gabriel Semorile –que supuestamente actuó de intermediario en una maniobra para presionar a testigos– a los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación del caso AMIA por haber visto el video del pago a Telleldín y no denunciarlo, contra el ahora camarista Federico Domínguez por haber intercedido a favor de un policía detenido y estar involucrado en ofrecerle dinero a uno de los imputados para que acuse a otro, e incluso contra la abogada de la DAIA, Marta Nercellas, por haber grabado en forma clandestina el diálogo que mantuvo con el abogado de uno de los acusados. En varios casos, hasta se le da vista al Colegio Público de Abogados para que resuelva si corresponde sancionar a esos abogados.
Pasados más de diez años del atentado contra la AMIA, los autores de la masacre siguen impunes y ni siquiera se han podido encontrar a los integrantes de la conexión local. El tribunal ayer dijo que los acusados no fueron parte del atentado, los absolvió, y lo cierto es que no se ha podido llevar a la Justicia a los que hicieron el trabajo de inteligencia previa, los que ayudaron a entrar los explosivos al país, los que prestaron la casa o el garage donde se montaron los explosivos en la Trafic y a los que ayudaron a los culpables a escaparse.
Hay 85 muertos y ni un solo condenado.