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El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que la decisión de frenar las extradiciones de 45 represores pedidas por el juez Baltasar Garzón en agosto de 2003 dependió exclusivamente del gobierno español. Respondió así al magistrado español, quien señaló en un libro que el ex ministro de Justicia de su país le dijo que el trámite se había trabado por gestiones de funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner. Las versiones sobre los dichos del Garzón, publicadas por La Nación, fueron matizadas por el fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón. El juez español se comunicó ayer con él para explicarle que no dijo que “Kirchner trabó las extradiciones”. El CELS aprovechó el conflicto para instar a la Corte Suprema a que se pronuncie sobre las leyes de impunidad y garantizar, de esta forma, el avance de todas las causas abiertas en el país para investigar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado.
La discusión comenzó con las declaraciones del magistrado en un libro de su autoría llamado Un hombre sin miedo, que fueron recogidas por el diario La Nación. Allí relató que el entonces ministro de Justicia, Juan José Michavila, le dijo que el gobierno argentino había “pedido tiempo para desarrollar la acción contra la impunidad”. Y agregó que la ex ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio había estado en “constante contacto” con su colega Rafael Bielsa.
Cañón aseguró que Garzón ratificó el diálogo con el ex ministro de Justicia de su país del que se desprende que hubo gestiones para que los juicios contra los represores se realizaran en Argentina, pero que deseaba aclarar que “no había dicho que Kirchner trabó” las extradiciones. “También mencionó que luego de ese episodio comenzó una tarea de cooperación entre ambos gobiernos (en el juicio contra Adolfo Scilingo) y que en Argentina no hay una idea de cerrar las investigaciones sino al contrario”, aseguró el fiscal bahiense a Página/12.
Cañón, que preside la Comisión Provincial por la Memoria, señaló que Garzón fue terminante al desmentir la versión que le adjudicaba haber dicho que en Argentina había “un nuevo punto final”. Garzón aclaró que al mencionar el “punto final” se refería al caso chileno, en donde la Justicia resolvió dar un plazo de seis meses para reabrir las causas sobre la dictadura. Esa medida, según afirmó Cañón, fue equiparada por Garzón con la cuestionada ley decretada en Argentina en 1986.
A pesar de las aclaraciones, Cañón recordó a este diario que él mismo declaró en el juicio contra Adolfo Scilingo que “se comentaba” que España había frenado las extradiciones por pedido de Argentina. Y señaló que la medida le parecía desacertada en tanto la Corte Suprema no se expidiera sobre la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. “Lo mismo le dije en una entrevista a Kirchner y él respondió que juraba que, si no los juzgaban aquí, los subía en un avión y los mandaba a España”, afirmó el fiscal.
Alberto Fernández descartó ayer que el gobierno argentino haya estado involucrado en la decisión tomada por la Justicia ibérica de rechazar el pedido y dejar sin efecto las detenciones preventivas ordenadas en su momento por el juez Rodolfo Canicoba Corral. El jefe de Gabinete destacó que un día después de haber recibido la solicitud de Garzón, Kirchner “derogó un decreto firmado por el ex presidente (Fernando) De la Rúa que impedía las extradiciones”. De todas formas, informó, el Presidente enviará en los próximos días una carta al magistrado español “explicándole todo en detalle”.
En medio de la discusión, el Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó que la Corte Suprema se pronuncie sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “La decisión que tomó el gobierno español en 2003, lejos de garantizar impunidad situó claramente la responsabilidad en manos de los tribunales argentinos. Es necesario reafirmar que aún no está garantizada la posibilidad real de juzgamiento de estos crímenes hasta tanto no exista un pronunciamiento de la Corte Suprema en relación con la invalidez de las leyes de impunidad”, señaló el organismo de derechos humanos en un comunicado.
Los entredichos contrastan con el juicio que enfrenta en Madrid el represor Adolfo Scilingo, acusado por torturas, terrorismo y genocidio y a quien el propio Garzón le tomó declaración en 1997. El proceso contará con la especial colaboración de la Justicia argentina, ya que más de sesenta testigos declararán en los tribunales porteños a través de una videoconferencia.