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Guillermo Nielsen armó la conferencia telefónica con Wall Street a las cuatro de la tarde. La convocatoria fue para contarles a los financistas el motivo de la sorpresiva jugada del Gobierno: “Es para liquidar las dudas que todavía pudiesen existir. No habrá una reapertura del canje ni tampoco una mejora de la oferta”, aseveró el secretario de Finanzas. También aseguró que ni el Banco Nación ni el Central ni ningún otro organismo oficial podrá sellar acuerdos con los bonistas que queden afuera del canje, tal como sugiere el proyecto aprobado ayer por el Senado. Representantes de los bancos y de los fondos de inversión internacionales consultados por Página/12 se mostraron incrédulos frente a la estrategia oficial. Hoy, justo en la mitad del plazo del canje, queda claro que la guerra de nervios con los acreedores seguirá en aumento hasta el final.
Un miembro del equipo económico contó a este diario que durante el road show por Europa y Estados Unidos dejaron entrever a los operadores que se venía una medida de máxima. La decisión de involucrar al Congreso se tomó cuando Nielsen y los demás funcionarios de su equipo recogieron las dudas de los grandes inversores sobre una cláusula que figura en la oferta.
Ese apartado les da seguridades a los acreedores de que si en el término de diez años la Argentina mejora la oferta, los bonistas que hayan adherido antes a la operación se beneficiarían con la medida. En Wall Street interpretaron que la cláusula dejaba un atajo para cerrar trato con aquellos que hubiesen quedado afuera como, por ejemplo, acuerdos extrajudiciales a través de otro organismo estatal. Ese tipo de trato se utilizó en la reestructuración de las deudas de Perú y de Uruguay. Los bonistas que no habían adherido al canje terminaron cobrando más que el resto.
La fuente de Economía aceptó que los grandes inversores “le habían dado escaso valor jurídico a la cláusula”, pero tras esta ley quedó en claro que “es ahora o nunca”. “Cerramos la jaula y tiramos la llave afuera”, graficó el funcionario. Se refería a que la nueva ley prohíbe “al Estado nacional efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos” que quedaron en default.
La apuesta del Gobierno pasa por asegurarse una masiva entrada de acreedores al canje. Los fondos y bancos de Wall Street pasaron a ser clave para el éxito de la operación, después de que una gran cantidad de inversores minoristas europeos, en especial italianos, les transfirieron sus bonos.
Si bien en Economía suponen que estos acreedores llevarán sus papeles al canje, también es cierto que el cambio de manos de los bonos lesionó la estrategia oficial. Roberto Lavagna puso un incentivo a los pequeños ahorristas que adhiriesen durante las tres primeras semanas, que terminan hoy. No existe, en cambio, nada que apure el ingreso de los más grandes. Por ese motivo, en Wall Street aseguran que los formularios con las aceptaciones recién se remitirán a último momento. Así ocurrió con los canjes de deuda anteriores. En este contexto, en Economía ya advertían que si el nivel de adhesión seguía bajo, a pesar de que hoy finaliza la etapa de preferencia para los minoristas, no quería decir que el canje fuera al fracaso.
La escasa premura de los inversores tiene una razón: prefieren mantener los títulos todo lo que puedan por si una emergencia financiera –como puede ser un súbito cambio en el contexto internacional– los obliga a liquidar esos bonos. Esta primera reacción de los financistas, recabada mediante diversas consultas de Página/12, va en contra de la necesidad de Economía de juntar una masa crítica de adhesiones lo antes posible. No obstante, los funcionarios aseguraban ayer que la sanción de la ley “ayudará a incrementar en forma sensible la participación en el canje”.
Una vez que la prohibición de mejorar la oferta tenga fuerza de ley quedará planteada otra cuestión: si la Argentina tendrá inconvenientes encaso de que, por ejemplo, un 30 por ciento de bonistas quede afuera del canje. Lavagna ya dijo que consideraría el final del default con un 50 por ciento de participación. Pero en su entorno aceptan que, en ese escenario, podrían resurgir las peleas con el Fondo. Y si bien aseguran que es imposible que los embargos tengan éxito, también afirman que habría complicaciones en la colocación de nueva deuda. Pero para eso, especulan los funcionarios, falta demasiado.