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Hay dos sectores entusiasmados con llamar a un referéndum que decida si revoca el mandato de Aníbal Ibarra o le da aire para llegar hasta el 2007. Por un lado el propio ibarrismo. Por otro lado un grupo de familiares y algunas entidades privadas.
El referéndum entraña un riesgo, porque dispersa la energía necesaria para que el Estado limite la repetición de otros cromañones. Ninguna encuesta revela hoy un sentimiento mayoritario en favor de la renuncia de Ibarra. Incluso el sondeo de OPSM de Enrique Zuleta publicado el miércoles por Página/12 señalaba que ocho de cada diez ciudadanos quieren que Ibarra se quede, una forma de exigir que se haga cargo del pasado y de las soluciones futuras.
Por otra parte, es difícil pensar que el referéndum pueda tener otro resultado que la preservación del mandato para Ibarra. Sólo parece posible vislumbrar un final distinto si la carga judicial lo alcanzara con una acusación que contemple alguna imputación grave. Pero según los juristas que prestan atención a la causa un escenario así es muy improbable. No controlar a los controladores implica un nivel de distancia personal que evitaría cualquier imputación de homicidio, por ejemplo, tanto con dolo eventual como culposo.
Si lo improbable se hiciera real habría que avanzar otra vez en el análisis. Mientras esa variable no aparezca, Ibarra tiene de su lado a las encuestas y también a la matemática. En todo el país, el padrón electoral representa el 67,2 de la población. En la ciudad de Buenos Aires, en buena medida porque parte de los sectores altos huyó hacia los countries pero no cambió de residencia legal, los 2.600.000 de personas en condiciones de votar representan el 93,5 por ciento del padrón.
La Constitución porteña dice que la revocatoria triunfará con la mitad de los votos más uno. Son 1.300.000 personas.
Con este padrón inflado, y como los votos en blanco y la abstención no cuentan, debería votar en contra de Ibarra el 70 por ciento de los que emitan el sufragio.
Ya que ese resultado es difícil, y dada la convicción reinante en los distintos grupos de partidarios del referéndum, sería absurdo que todos dediquen su esfuerzo a juntar una doble cantidad de las 520 mil firmas necesarias para cada uno solo porque sus fundamentos difieren. El artículo 67 habla de reunir firmas para la revocación de un mandato exclusivamente por “causas atinentes a su desempeño”. No pide alegar nada más. Esa fórmula única y simple podría facilitar la convocatoria y ahorrar una vuelta innecesaria. Así, dirigentes políticos y vecinos pueden dedicarse a lo más importante, que es impedir nuevos cromañones en el transporte, la salud, la diversión y la comida.