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Con el argumento confeso de descongestionar el fuero contencioso administrativo y garantizar un ámbito “independiente e imparcial” para resolver los conflictos entre los usuarios y las empresas privatizadas, el Ministerio de Justicia está promoviendo la creación de un tribunal administrativo que entienda en esos pleitos. Si el Congreso finalmente convalida esa iniciativa, ese órgano tomará atribuciones que hoy tienen los entes reguladores, en particular el ENRE y el Enargas que, según el organigrama público dependen de Julio De Vido, tan ajeno al proyecto de Horacio Rosatti como los propios reguladores.
La resolución 57 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos crea una comisión de cinco miembros, dos de esa cartera y tres “reconocidos juristas” con el fin de que redacten un proyecto de ley que dé forma al Tribunal Administrativo de los Servicios Públicos de Competencia Nacional. La norma invoca el artículo 42 de la Constitución Nacional –el mismo que habilita a los usuarios a involucrarse en cuestiones que hasta la reforma del ‘94 le eran ajenas– en la medida que éste encomienda establecer “procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos”.
En los considerandos, el texto menciona, a modo de ejemplo, las controversias suscitadas entre “generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios de electricidad, las que enturbian el vínculo entre productores, distribuidores, comercializadores que contraten directamente con el productor de gas natural (...) así como con todo tipo de terceros interesados, sean personas físicas o jurídicas”, pleitos que actualmente son competencia del ENRE y del Enargas, respectivamente.
Hasta ayer, sin embargo, ninguno de esos dos órganos reguladores –los únicos mencionados pero no involucrados– tenían idea clara de cuáles serían las tareas a transferir en un futuro, si es que la propuesta de Justicia consigue el respaldo de los legisladores. Es más: ni siquiera conocían la letra de la resolución 57.
Pero el aludido texto los afecta directamente desde sus fundamentos, que leídos con detenimiento hasta podrían resultar controvertidos. En ellos se consigna “la necesidad de reunir en un solo órgano revestido de las garantías formales de independencia e imparcialidad necesarias (las competencias) actualmente asignadas a diversos entes que carecen de tales garantías”. En el mismo párrafo, se especifica que los entes conservarán las funciones de “regulación y control”, resignando el resto.
Según un non paper de la cartera judicial, con aquel cometido se crearía un tribunal con protagonismo de juristas y el asesoramiento de técnicos y usuarios. El argumento central es que en él se resolverían pleitos que de otro modo terminan en la congestionada Justicia Contenciosa Administrativa, donde los trámites demoran más de lo deseado en particular desde que quedó atiborrado de demandas contra el corralito bancario.
Aquel futuro tribunal tendrá potestad sobre la relación entre las prestadoras y sus clientes, según se consigna expresamente. En ningún lugar de la resolución aludida se prevé que tenga competencia sobre los conflictos entre las empresas y el Estado, incluyendo aquellos que originó la devaluación y congelamiento de tarifas. A pesar de esto, la cartera de Rosatti sugiere oficiosamente que la agilización de la Justicia derrumbará un argumento esgrimido hoy por las privatizadas, que demandaron ante el Ciadi por los perjuicios que les habría ocasionado la pesificación aludiendo también a la “lentitud” de los tribunales argentinos.
En rigor, la posibilidad de que aquel tribunal disuada a quienes buscan una indemnización del Estado nacional por la vía de un arbitraje internacional es más una ilusión que una consecuencia directa de la iniciativa de Justicia. Pero las atribuciones específicas surgirán del proyecto que en breve comenzarán a redactar el académico Julio Comadira, el titular de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Jorge Salomoni, y Pedro Coviello, juez de ese fuero.