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El gobierno nacional busca avanzar en una serie de reformas judiciales que refuercen la investigación y el castigo de los casos de tortura cometidos por fuerzas públicas. En esa línea, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, aseguró que su cartera estudia la posibilidad de “federalizar” los delitos de este tipo que se cometan en todo el país. El titular de la cartera de Justicia destacó también la intención oficial de que organizaciones de derechos humanos se sumen al monitoreo interno que realiza el Estado sobre la actividad carcelarias.
“La federalización del delito de tortura es una cuestión sobre la que está trabajando este ministerio. Buscamos que esta transgresión tenga una entidad que iguale a todas las víctimas dentro del territorio nacional e indique una pena acorde con la magnitud del delito”, aseguró por la mañana Rosatti, durante un seminario sobre “Lucha contra la tortura”. El ministro anticipó algunas líneas de un debate que está instalado desde hace algunos meses en su cartera acerca de las formas de dar mayor competencia a la Justicia federal en los casos de tortura.
“La federalización de ese delito (como ocurre con casos de narcotráfico, o contrabando) es una de las posibilidades que está en estudio, pero no es la definitiva –explicaron desde ese ministerio a Página/12–. También se analiza la aplicación de un sistema como el brasileño, que respeta la competencia de los fueros ordinarios de cada localidad pero al mismo tiempo permite al ministerio público pedir la intervención de la Justicia federal frente a casos graves de tortura.” Una tercera posibilidad es que la Justicia federal pueda intervenir en caso de que los jueces de una jurisdicción determinada no impulsen correctamente la investigación de un caso denunciado. En esa situación, frente al incumplimiento de los deberes de funcionario público, puede tomar intervención un juez federal. “De todos modos, todo está en pleno debate”, aseguraron.
La aclaración respondió a algunas críticas que recibió la idea de que el delito de torturas quede exclusivamente en manos de los jueces federales. “Ese tipo de modificaciones no respetan el espíritu de la Constitución nacional y es inconveniente porque este tipo de juzgados suelen ser muy cuestionados en el interior del país”, aseguró el constitucionalista Alberto Binder. Por su parte, la dirigente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, aseguró que “la federalización del delito de tortura es dar más impunidad al Estado, porque el fuero federal es el más permeable a la influencia del poder político”.
Durante el seminario, el ministro señaló que “el gobierno nacional está haciendo esfuerzos para mejorar la realidad carcelaria por falta de inversiones y, principalmente por falta de interés”. De hecho, el Gobierno implementará el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU, que combina el monitoreo nacional e internacional en las unidades penitenciarias. La intención oficial –según se detalló– es que ONG y organismos de derechos humanos se sumen en el control interno.

Informe: Alfredo Ves Losada.