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La controversia planteada entre los gobiernos argentino y uruguayo por la construcción de dos papeleras en la ciudad de Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, se amplificó ayer a través de los medios de comunicación y quienes salieron a dar pelea en ese terreno fueron nada menos que los cancilleres de ambos países. Rafael Bielsa vaticinó otra vez que “no nos vamos a poner de acuerdo” y advirtió que en Montevideo se niegan a hacer el estudio ambiental que convinieron los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, porque saben que el funcionamiento de las plantas de celusosa tendrá “un impacto negativo” en la zona. “La decisión de si se instalan en Uruguay o no es uruguaya”, replicó Reinaldo Gargano y sugirió que la reacción de Buenos Aires obedece a una “especulación política” ante la proximidad de las elecciones.
Las manifestaciones públicas de Bielsa y Gargano marcaron un nuevo capítulo en la disputa por la instalación de dos papeleras sobre el río Uruguay, frente a la localidad entrerriana de Gualeguaychú. La controversia no es nueva, pero se potenció de un tiempo a esta parte como consecuencia de las acciones desplegadas desde Buenos Aires y Montevideo. Frente al avance del proceso de radicación de ambas plantas, Argentina le advirtió al Banco Mundial que aún no se realizaron los estudios ambientales correspondientes y le pidió que no librara los fondos para financiar su construcción hasta tanto no se hagan.
Cuando estuvo en Buenos Aires hace un mes y medio, Vázquez acordó con Kirchner la creación de una comisión bilateral con la finalidad de realizar esos estudios. Pero el compromiso aún no se hizo efectivo porque, en respuesta al planteo argentino ante el Banco Mundial, los uruguayos faltaron a las dos reuniones que habían sido convocadas con la finalidad de constituir la comisión.
“Eso es un derecho que tiene la Argentina, ¿cómo nos van a decir que no usemos un derecho?”, afirmó Bielsa en respuesta a las críticas del gobierno de Vázquez por el aviso al Banco Mundial. Reveló también que se hicieron otras dos “presentaciones idénticas” en España y en los Países Bajos ante “el Banco Bilbao Vizcaya y ante una corporación de bancos”.
Bielsa explicó que el país está “decidido a que se haga un informe que demuestre que las plantas no polucionan” y consideró que “la negativa sistemática de Uruguay a hacer esas mediciones de manera bilateral, como lo acordaron los presidentes, es lo que más está complicando la cosa”. Eso no fue todo: al respecto, razonó que “si efectivamente las plantas que se van a construir no arrojaran impacto ambiental” –tal como sostiene Uruguay–, no habría “problema de hacer un estudio que tarda dos meses”, pero “esa negativa es porque hay otra razón, que es que sí habrá un impacto ambiental negativo”.
A la polémica se sumó el vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, quien evaluó que las negociaciones con Uruguay “están terminadas” y que ahora se analiza “la vía judicial para impedir el establecimiento de las fábricas”. En ese sentido, Guastavino adelantó que esa provincia hará una presentación ante la Corte Suprema de Justicia porque “a esta altura no queda otra que tomar las cosas con mayor energía, ya que Uruguay ha incumplido con un tratado conjunto firmado entre ambos países”.
Los uruguayos aseguran que las papeleras no contaminarán y tienen motivos de sobra para seguir adelante con sus planes: la instalación de las dos plantas implicará la llegada de 1800 millones de dólares a Uruguay, lo cual constituye la mayor inversión en la historia de ese país.
Gargano ratificó por eso la posición de Uruguay y se quejó de que el hecho de que Argentina alegue un impacto ambiental “le agrega una situación diplomática muy embromada en el sentido de que le cortó la posibilidad de continuar un proceso que se venía dando normalmente a través de un diálogo constructivo”. En una clara sugerencia sobre un supuesto tinte electoralista del planteo de la administración kirchnerista, remarcó además que “ahora, de pronto en un mes, se crea una ola exagerada” en contra de la instalación de las papeleras y reclamó que “esto no se transforme en un elemento de especulación política interno”.