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Pese a que el Gobierno está cada vez más necesitado por sumar provincias al acuerdo que reclama el FMI, el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, remarcó ayer que está muy lejos de llegar a las cifras que le exigen. Es más, pidió que su provincia firme un acuerdo “especial” que le permita cumplir las metas que pide el Fondo pero recién en tres años. Solá aclaró que su posición no tiene nada que ver con un posicionamiento político actual ni futuro, sino que no quiere suscribir un acuerdo por el que tenga que despedir empleados públicos o reducir salarios. “Necesitaríamos firmar un plan de tres años y no una penitencia de largo plazo”, remarcó.
De esta forma, Solá quedó firme en el grupo de rebeldes a sumarse al acuerdo que también integran el gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, y el jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra, por nombrar los casos más notorios. Sin embargo, el caso del bonaerense parece ser el más complicado. Ibarra espera la llegada del presidente Eduardo Duhalde y del ministro de Economía, Roberto Lavagna, para conseguir de ellos un compromiso de pago sobre los fondos que le adeudan. Lo de Reutemann es más político. El Lole está distanciado del Gobierno porque cree que el duhaldismo le está haciendo operaciones políticas para complicar sus chances como candidato presidencial. Duhalde ya se comprometió que a su vuelta llamaría a Reutemann para quitarle el enojo.
En el duhaldismo hay quienes emparentan la negativa de Solá con un posicionamiento político personal cercano a Reutemann, incluso con la posibilidad de una fórmula presidencial conjunta. El gobernador bonaerense admitió que habla de eso con el ex piloto de Fórmula 1 pero que su negativa a firmar el acuerdo no tiene que ver con una posición personal.
“Mucho menos a futuro”, añadió, porque hoy sólo puede pensar en las urgencias de la provincia.
Desde la semana pasada, Solá viene advirtiendo que Buenos Aires no está en condiciones de firmar un compromiso como el que exige el Fondo, que pide una reducción del 60 por ciento del déficit durante este año para llegar al equilibrio de cuentas el próximo. El gobernador dijo ayer que está dispuesto a sentarse a discutir tanto con el Gobierno como con el Fondo cada uno de los gastos del presupuesto. “Soy plenamente consciente de la necesidad de buscar estos acuerdos, pero también lo soy de la enorme distancia que hay en este momento entre nuestras cifras posibles para no desguarnecer la salud, la seguridad y la educación, y las cifras que originalmente el Fondo pretendía”, sostuvo.
El problema es que durante su periplo europeo el presidente Duhalde escuchó una y otra vez de voz de los dirigentes de las naciones más poderosas del mundo la necesidad de que el país alcance el acuerdo con el FMI como condición indispensable para recibir ayuda. Y que para arreglar con el FMI, las tres provincias más grandes –Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires– deben firmar sí o sí su compromiso de ajuste.
Solá aportó una solución. Dijo que como Buenos Aires sufre una situación de “discriminación gravísima” –porque genera el 40 por ciento de los recursos coparticipables y sólo recibe el 23 por ciento–, se le permita suscribir un acuerdo especial por el que llegue a la meta de déficit cero que exige el Fondo dentro de tres años. “Primero, deben entender la generación de recursos que tiene Buenos Aires y segundo que, en medio de una economía que está aletargada completamente, no vamos a echar gente y no podemos reducir salarios, porque todo tiene un límite”, puntualizó.
Pero si Solá se plantó en su posición rebelde ante el acuerdo, en cambio, se mostró más permeable en la otra disputa que mantiene con la Rosada, referida a la distribución de los planes sociales. “Yo no estoy sospechando que esos planes se hayan dado a gente que no los necesita, mi queja es que no se confió en la provincia, en el gobernador, ni en los intendentes para un número de planes”, sostuvo ayer. El lunes había acusado al jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, de repartir por su cuenta unos 65 mil subsidios en la provincia. Ayer, tanto el jefe de Gabinete y el secretario general de la Presidencia, Alberto Fernández, defendieron latransparencia del sistema. “El programa no admite trampas ni clientelismo político”, aseguró Atanasof.