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Después de dos días sin dar señales de vida, el gobierno nacional se dio por enterado de los casos de desnutrición en Tucumán. Primero habló el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, pero lo suyo fue simbólico: “Estamos muy preocupados”, se limitó a decir el funcionario. La secretaria de Programas Sanitarios, Graciela Rosso, quien respondió ante la insistente consulta de Página/12, admitió no estar sorprendida por la noticia. “Teníamos indicadores alarmantes, no sólo en Tucumán y no sólo en materia de desnutrición, sino también sobre mortalidad infantil”, dijo Rosso, quien sostuvo que la estadística “es encabezada hoy por Corrientes, donde mueren 30 niños de cada mil”, superando a Tucumán. Nadie dijo por qué no se tomaron las precauciones del caso y siguieron dirimiendo quién tiene la culpa. Según el ministro de Salud de Tucumán, Alejandro Sangenis, los fondos de la Nación para paliar la emergencia llegan “por goteo”, mientras que de la Nación responden que “ya enviaron los fondos suficientes” o que “no todo depende del gobierno central”. Mientras tanto, para el lunes, seis provincias se reunirán en Buenos Aires para pensar en salidas que eviten que la sangre siga llegando al río.
Roto el silencio por la denuncia de la Asamblea Popular de Villa Quinteros, ahora las autoridades de Tucumán salieron a reclamar políticas nacionales que apunten al fondo del problema. “Lo que hay que plantearse hoy muy claramente es si queremos una nación o una colonia de indigencia”, declaró a este diario el ministro de Salud de la provincia, Alejandro Sangenis, como si hablara desde la oposición. Sostuvo que en materia de desnutrición “lo que era una llovizna permanente se ha convertido en un diluvio”. Sangenis, peronista como el presidente Eduardo Duhalde, aseguró que “son escasos” los fondos de la Nación para programas alimentarios o de salud y eso torna “imposible el acceso universal a la salud, a la alimentación y a la educación de aquellos que han sido marginados por un modelo de exclusión que se ha profundizado desde diciembre”.
Sobre la situación en Villa Quinteros, la responsable del área Materno Infantil del Ministerio, Evelina Chapman, dijo que de “los 43 casos detectados oficialmente, 15 son pacientes crónicos y 28 son casos agudos, lo que confirma la estrecha relación con la crisis desencadenada en el país en los últimos meses”. De todos modos, las cifras reconocidas son inferiores a los 204 casos denunciados por la asamblea de Quinteros y a los 1320 registrados, hasta ahora, en toda el área sur de la provincia.
Tanto Chapman como Sangenis admitieron la existencia de “cuadros de inequidad social tanto en Tucumán como en Buenos Aires y en el resto de las provincias del país”. El ministro estimó, apuntándole siempre a las autoridades de Buenos Aires, que “las mismas diferencias que hay entre los barrios de Recoleta o Lugano se ven aquí tomando como referencias el centro de la provincia o la región sur”. Chapman precisó que mientras que el promedio general de mortalidad infantil en Tucumán llega “al 23 por mil, que es grave, en los lugares más afectados llega al 40 por mil, cifra que es gravísima”. Los dos funcionarios provinciales coincidieron en que los fondos nacionales que podrían servir para mejorar el panorama “son aprobados pero no llegan a ser girados, de manera que sólo es una solución supuesta, que aparece sólo en los papeles”.
En Buenos Aires, voceros del Ministerio de Desarrollo Social aseguraron a este diario que en el bimestre marzo-abril se giró “una partida de 2.767.560 pesos que tendría que haber servido para comprar alimentos destinados a los programas sociales”. La fuente anunció que está a punto de girarse “otra partida de 2.675.308 pesos, de manera que la Nación está cumpliendo con la parte que le corresponde”. El vocero insistió, abriendo el paraguas sobre posibles males mayores en un futuro cercano, que “en otras provincias, como Chaco, la situación social es todavía mucho más grave”. Por ese motivo, apenas regrese de Europa, la primera dama, Hilda “Chiche” Duhalde, viajará a la región chaqueña de El Impenetrable “donde 10.000 aborígenes viven en condiciones de extrema necesidad”. Sobre la supuesta reticencia de la Nación a enviar los fondos prometidos a Tucumán, la doctora Rosso se limitó a decir que “la responsabilidad no es sólo del gobierno central sino también de la administración provincial, que tiene que aportar lo suyo”. Desde Tucumán, los funcionarios provinciales respondieron que, además de la demora en el envío de las partidas presupuestarias, la Nación debería instrumentar “una encuesta nacional de nutrición, como bien señalaba en Página/12 la doctora (María Luisa) Ageitos”, ex presidenta de la Sociedad de Pediatría y consultora de Unicef. “Si no trabajamos a fondo, nunca vamos a tener un panorama global del problema y nunca vamos a estar en condiciones de enfrentar a fondo el problema”, recalcó la doctora Chapman.
El lunes, en el Ministerio de Salud de la Nación, la doctor Rosso se reunirá con las autoridades sanitarias de las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Formosa y Chaco, para “tener un panorama general de la situación y poder instrumentar una política de conjunto”. Fuentes de Desarrollo Social dijeron que en Salta “el 46 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza”. Quieren evitar que la sangre siga llegando al río.