EL PAíS
D’Elía amplió su denuncia contra Duhalde con datos de los ‘90
El diputado bonaerense presentó un escrito acusando al ex presidente de organizar y financiar el cartel de la droga bonaerense.
“(Eduardo) Duhalde organiza y financia el denominado cartel de la droga”, aseguró el piquetero Luis D’Elía en un escrito que entregó a la Justicia federal. A pedido del fiscal Paulo Starc, el dirigente oficialista ratificó las acusaciones contra el ex presidente que había hecho la semana pasada en un programa de radio. Como pruebas ofreció varios informes e investigaciones periodísticas. Sugirió también una lista de testigos que incluye a los autores de esas publicaciones y a ciertos personajes casi olvidados del menemismo, como Ibrahim al Ibrahim, Amira Yoma, Zulema Yoma y Mario Caserta. A la fiscalía la presentación le pareció poco seria y le dio 24 horas para brindar precisiones.
El ministro de Defensa, José Pampuro, salió a respaldar a Duhalde, a pesar del enfrentamiento electoral. “La presentación judicial de D’Elía denunciando ligeramente a un ex presidente de la Nación, vinculándolo con un cartel de la droga, representa una barbaridad y es un hecho que lesiona la política argentina”, dijo el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner y ex secretario de Duhalde.
“Droga y duhaldismo son dos caras de la misma moneda”, había dicho D’Elía. Starc abrió una investigación de oficio, le pidió que confirmara los dichos y que aportara elementos. Aprovechando sus fueros como diputado bonaerense, el líder piquetero declaró por escrito. En un texto de doce páginas reafirmó “absolutamente” lo que había dicho en FM La Isla: “El duhaldismo es un gran cartel de la droga”.
En la presentación, D’Elía le sugirió al fiscal que revisara publicaciones y libros –la mayoría de los ’90– de los periodistas Hernán López Echagüe, Daniel Otero, Román Lejtman, Raúl Kollmann, Horacio Verbitsky, Jorge Lanata y Ricardo Ragendorfer. Le recordó, además, la existencia de un informe de la DEA (Drug Enforcement Administration) sobre el escándalo del narcogate, que estalló en 1991, donde –dice el dirigente– surgen vinculaciones de Duhalde con el narcotráfico. Lo tendría, apunta, el juez español Baltasar Garzón.
D’Elía le pidió a Starc que le prestara atención a una causa sobre tráfico de drogas que fue instruida en Mar del Plata y archivada por el juez Eduardo Pettigiani, que contenía “escuchas que comprometían seriamente al Dr. Duhalde”. En relación con otra causa, el piquetero dijo que el jefe de la custodia de Hilda “Chiche” Duhalde está comprometido en un expediente “por obstruir la acción de la Justicia para que pudieran levantarse a tiempo aguantaderos y un laboratorio de drogas en las villas de Lomas de Zamora”.
Como cierre mencionó “al genial Nicolás Machiavello (sic), para advertir sobre el particular perfil de la siniestra personalidad del Dr. Duhalde”.
“El Sr. fiscal ya podrá aquilatar con certeza que el nombrado (Duhalde) cuenta con una inextricable red de corrupción política y policial en la que cada personaje desempeña un rol determinado”, escribió D’Elía. “Abandono a las destrezas investigativas del fiscal la difícil tarea de alambicar roles que le corresponda asumir a cada uno de los personajes que irán surgiendo”, agregó. Entre los testigos que propuso incluyó a Caserta, vinculado al narcogate; a Ibrahim al Ibrahim, ex funcionario en la Aduana de Ezeiza; a Amira Yoma, a Zulema Yoma (por su frase “si quieren saber sobre la droga pregúntenles a Menem y a Duhalde), al comisario bonaerense Edgardo Mastandrea y a Marcelo Saín, interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En la fiscalía de Starc, según pudo saber este diario, evaluaron que el escrito de D’Elía “no aporta nada”. Por eso le reclamaron “una presentación más seria”, “con pruebas y contenido jurídico”. Le dieron un plazo de 24 horas. Si no aporta precisiones, cerca del fiscal no descartan esperar al final de su mandato (a fin de año) y, ya sin fueros, llevarlo a declarar en persona por la fuerza pública. Las imputaciones a Duhalde, advierten, incluso podrían volverle como un boomerang y ser acusado de “encubrimiento” por no haber denunciado antes. También puede pasar que el caso quede archivado por falta de pruebas.