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El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, se pronunció ayer a favor de la inclusión del arrepentido Mario Pontaquarto en el Programa de Protección de Testigos. Así quedó allanado el camino para que el juez federal Daniel Rafecas, quien lleva adelante la investigación del pago de sobornos en el Senado a cambio de la sanción de la reforma federal, determine la medidas necesarias para resguardar su seguridad.
Si bien el mismo Rafecas y también el fiscal del caso, Francisco Delgado, estaban de acuerdo con concederle a Pontaquarto la categoría de testigo protegidos, el procedimiento de rigor establece que debían consultar al respecto a Moldes y eso fue lo que ambos hicieron.
En su resolución, Moldes consideró que la confesión realizada por el ex secretario parlamentario del Senado sobre el pago de coimas ocurrido en el 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, podría generarle “peligro o intranquilidad”, por lo cual aconsejó su consideración como testigo protegido. Incluso, el fiscal estimó que la medida podría contribuir a que otros imputados puedan prestar colaboración en la investigación y quedar amparados en el régimen de protección estatal.
Pontaquarto, quien está procesado por el escándalo de las coimas, admitió haber retirado de la SIDE la plata de los sobornos y precisó que de ahí los trasladó a lo del ex senador justicialista Emilio Cantarero. Según su relato, allí se repartió el dinero entre varios legisladores.
Moldes destacó la actitud de Pontaquarto porque “desenmascaró” a los autores y partícipes de la maniobra, quienes semanas atrás fueron procesados por el juez Rafecas. Además de Pontaquarto, están procesados el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda.