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A partir de hoy, en el estado de Florida, Miami incluido, rige la ley que otorga a los pobladores el derecho a usar armas de fuego contra cualquier persona que a simple vista pueda ser una presunta amenaza para la seguridad individual del que tire del gatillo. La iniciativa pertenece al gobernador Jeb Bush, hermano del presidente norteamericano, con la excusa de combatir la delincuencia, pero no hay que ser muy imaginativo para darse cuenta de que impone en esa sociedad las antiguas y salvajes normas de las tabernas del primitivo oeste. O sea, el medio ambiente propicio para las mafias que ya operan en ese estado sureño, cuyas costas son un colador para el contrabando de drogas ilegales entre muchas otras mercaderías del multimillonario comercio negro. En cuanto a las posibles víctimas es fácil predecirlas: pobres, sobre todo si son negros, latinos o árabes, y jóvenes alborotados por el consumo de alcohol o drogas. En verdad, una simple bronca callejera puede convertirse en un tiroteo generalizado.
¿Acaso los legisladores perdieron el sentido común? Sí, pero hay una razón: están dirigidos por la ideología conservadora, conocida también como “neoliberalismo”, que reniega del Estado como instrumento para la convivencia, el progreso y el bienestar sociales. El abandono de sus funciones protectoras en este caso llega al extremo de renunciar al monopolio de la fuerza para garantizar la seguridad colectiva. Es el éxtasis de las sectas del “gatillo fácil” y la “mano dura”. El Estado, para conservadores como los Bush, sólo sirve para proteger los intereses de las elites del poder y del dinero. La conclusión no es un capricho de oposición ideológica, puesto que las evidencias saltan a la vista de todos: la perezosa ayuda a los afectados por el huracán en el sur de Estados Unidos, sobre todo a los más desvalidos, o los negocios de la guerra. La prensa internacional comprobó en las últimas semanas que las empresas contratadas para reparar los daños de los desastres naturales son en su mayoría propiedad de los amigos de los Bush. En Irak las tropas norteamericanas destruyen bienes y vidas, por orden del Estado, el mismo que les otorga contratos para la reconstrucción iraquí a las empresas del vicepresidente Dick Cheney.
Numerosos analistas de la política internacional, incluso algunos del periodismo y la academia de Estados Unidos, coinciden en que la ávida mirada de la Casa Blanca volvió a focalizar este año hacia Sudamérica. Varios son los motivos que llamaron esa atención, pero uno de ellos sin duda fue la llamada Cumbre de Guayana que reunió en marzo último en Venezuela a los presidentes de Brasil, Colombia y España, además del dueño de casa, cuya declaración final respaldaba la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones –que une al Mercosur con la Comunidad Andina–, como a Petroamérica y Petrosur, dos propuestas de Hugo Chávez para la integración energética de lo que él llama la Patria Grande, en evocación del ideario bolivariano. Un mes después, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, giraba por países de la región al tiempo que The New York Times informaba que Washington diseñaba “una estrategia a largo plazo que podría significar un endurecimiento de su posición frente al presidente venezolano Hugo Chávez, después de concluir que mantener una posición pragmática con él es imposible”. El ultraconservador Pat Buchanan se lo tomó tan al pie de la letra que un tiempo después propuso en público organizar el asesinato de Chávez.
En ese contexto, puede deducirse el punto de vista que pueden tener los ideólogos del “gatillo fácil” acerca de los acuerdos energéticos, agrícolas y navieros que han suscripto Venezuela y la Argentina, el último en el marco de la cumbre presidencial de la Comunidad Sudamericana de Naciones que reunió a jefes de Estado de nueve países en Brasilia, en un momento que Lula necesita de todo gesto de solidaridad con su maltrecho gobierno, estragado por la infidelidad a la prédica moral y ética del partido que lo llevó al poder. El reciente contrato que firmaron Kirchner y Chávez incluye alguna participación de la petrolera Repsol de España, país que este año le vendió a Venezuela material militar por valor de 1300 millones de dólares, lo que en su momento provocó la condena pública de Donald Rumsfeld, uno de los halcones de la Casa Blanca. Chávez también firmó en Brasilia un ambicioso plan con Petrobrás, por lo que a Kirchner y a Lula se les llenaron los ojos de estrellas al contemplar la voluntad integradora que los vincula, soportada además por la abundante chequera del venezolano, que tiene la canilla abierta debido a las ganancias como exportador petrolero.
A la Casa Blanca, por supuesto, la inquietan estos alborotos en el “patio trasero” ya que jamás aceptó el derecho soberano a la autodeterminación de las naciones en el continente. La política conservadora para la región se reduce a una ecuación de dos términos, negocios y seguridad, por lo que cada vez que vio algún riesgo de alteración el único reflejo que le funciona es desenfundar y disparar contra la presunción de amenaza, tal como la ley de aplicación en Florida. La doctrina de las “guerras preventivas” no es otra cosa que la nueva etiqueta para la actitud de siempre. Por eso, no es casual que junto con la diplomacia de la secretaria Rice, la agenda secreta de inmediato haya buscado un sitio en el mapa sudamericano para desembarcar tropas. Esta vez lo encontró en Paraguay, con exactitud a 200 kilómetros de la frontera con Bolivia, en un paraje conocido por el nombre de Mariscal Estigarribia, porque ahí, explica el columnista uruguayo Raúl Zibechi, “en los años ’80, técnicos estadounidenses construyeron un enorme aeropuerto con una pista de 3800 metros en la que pueden operar aviones B-52, C-5 Galaxy y C-130 Hércules y puede albergar hasta 16.000 soldados” (Estados Unidos en Paraguay, ALAI). El operativo salió a la superficie a fines de mayo cuando el Congreso paraguayo votó una inmunidad temporal para personal militar norteamericano, pero hasta ahora el tema tuvo interés para la prensa porque los gobiernos sudamericanos no se dieron por notificados.
Para los gobernantes cualquier actitud hostil contra la Casa Blanca equivale a jugar con la cola del tigre y, en todo caso, los más osados prefieren operar en los terrenos prácticos de los movimientos de integración invocando el “interés nacional”, aunque eso implique asociarse con Chávez, una especie de Mandinga para Washington, a la vez que tratan de calmar a la fiera por otros medios. Es un equilibrio que no siempre suele ser bien apreciado por la clásica mirada antiimperialista, más acostumbrada a la colisión frontal. Son roles diferentes, los del Estado y del movimiento popular, pero no es necesario que sean excluyentes. Es comprensible que si el país, por ofrecimiento del que fuera presidente en nombre de la Alianza, ha sido elegido sede para una cumbre, el Gobierno no tenga facultades para excluir a nadie.
Sería deseable, por el contrario, que hiciera lo posible para ampliar las presencias, trabajando para que se restituya a Cuba el derecho a participar del organismo interamericano, pero eso no implica que la sociedad no deba pronunciarse, sin violencia pero con toda energía, para repudiar la presencia de los indeseables, como es el caso de Bush. Más aún: cuando esa opinión contundente sea mayoritaria, el gobierno en democracia tendrá que adaptar sus responsabilidades a la voluntad popular. También sería promisorio que ese mismo movimiento popular alentara las tareas de la integración, que son una forma actual del ejercicio de las soberanías. Nada es simple ni lineal, tampoco la expresión del antiimperialismo ya que, por ejemplo, las expresiones globalifóbicas se congregan por métodos y consignas distintos a los que ese mismo antiimperialismo tenía en la década ’70. Lo que parece inexplicable es que estos asuntos, hoy en día, queden confinados a espacios reducidos de la derecha, que se horroriza de cualquier gesto que moleste a Washington, y de la izquierda, siempre dispuesta a luchar contra las injusticias y los abusos imperiales. Los que se manejan en los términos “políticamente correctos”, incluso en plena campaña electoral, parecen haberse olvidado de criterios permanentes, que no han desaparecido por el ocaso de ninguna ideología, como es la defensa de la dignidad y el honor de la Nación. Hoy es tan imperativo como antes del “pensamiento único”, y los discursos acríticos, dictados por alguna forma del miedo, ponen en riesgo al mundo de convertirse en otra taberna del salvaje oeste.