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A diez días de las elecciones, en la Legislatura porteña se recalentó la discusión sobre educación sexual en las escuelas de la ciudad. El macrista Santiago de Estrada –impulsor del proyecto que, en sintonía con la Iglesia, deja en manos de los padres la definición de los contenidos por enseñar en las aulas y prevé que se empiece a hablar de sexualidad recién a partir de séptimo grado–, anunció que logró reunir más de 21 mil firmas en iglesias evangélicas y colegios religiosos para pedir que el tema se debata en una audiencia pública recién el año próximo. La medida fue interpretada por diputados del kirchnerismo como una “maniobra dilatoria” tendiente a postergar el tratamiento de una ley urticante para la jerarquía católica. Para redoblar la apuesta, los legisladores del Frente para la Victoria buscarán en la sesión de mañana que la cuestión se defina en una consulta popular el 25 de noviembre. El proyecto que apoyan legisladores kirchneristas y otras fuerzas propone que sea el Estado el que seleccione los contenidos de educación sexual tanto para las escuelas públicas como las privadas y que se dicte desde el preescolar.
Mientras sigue la pulseada entre los dos sectores que enarbolan posiciones ideológicas antagónicas, los alumnos porteños finalizarán otro ciclo lectivo sin hablar de “eso” en clase. El gobierno porteño, entre tanto, aunque podría imponer el dictado de educación sexual sin una ley específica, se resiste a implementarla hasta que el tema no sortee el –difícil– debate legislativo.
Ayer estaba previsto que de la Comisión de Educación saliera con dictamen de mayoría el proyecto impulsado por los kirchneristas Diego Kravetz y Ana María Suppa, la ex macrista y ahora radical Florencia Polimeni, Juan Manuel Velasco (ARI) y la independiente María Eugenia Estenssoro. De esta forma, el proyecto iba a quedar en condiciones de ser llevado al recinto. Sin embargo, después de que el vicepresidente de la Legislatura, Santiago De Estrada, reconocido soldado de la jerarquía católica, diera a conocer sus planes, la reunión quedó sin quórum y la firma del dictamen se pasó para el martes de la semana que viene, en el próximo encuentro de la comisión. “Lo de la audiencia pública es una maniobra dilatoria. Es evidente que quieren que el tema se trate el año próximo: con la entrada de Enrique Olivera, el ARI va a estar más cerca de De Estrada que de Melillo”, sostuvo Kravetz, titular de la bancada del Frente para la Victoria, en diálogo con este diario. Fernando Melillo, cuya orientación es de centroizquierda, encabeza el bloque del ARI, que apoya el proyecto de Kravetz y Cía.
Las diferencias entre los proyectos impulsados por uno y otro sector son irreconciliables –aunque los dos proponen que la educación sexual sea obligatoria–, como quedó demostrado en la sesión del 14 de diciembre de 2004, cuando fueron tratados en el recinto y ninguno consiguió la mayoría necesaria para convertirse en ley. El más conservador está redactado en consonancia con la posición del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, que llegó a calificar el año pasado a los impulsores de la otra iniciativa de “fascistas”. El texto del kirchnerismo sufrió algunas correcciones respecto del del año anterior, en el marco de un diálogo con la Secretaría de Educación en busca de consenso. En esa negociación se añadió, entre otros puntos, que cada escuela, “en consulta con la comunidad puede agregar los contenidos relativos a la formación basada en los valores éticos y morales del ideario institucional que considere pertinente”. Las discrepancias entre ambas iniciativas podrían resumirse en los siguientes aspectos:
- ¿Quién define los contenidos básicos de educación sexual por dictar en las aulas? Para Kravetz y Cía., el Estado, a través de la Secretaría de Educación, teniendo en cuenta una serie de temas enumerados en el proyecto que no pueden obviarse: entre otros, métodos anticonceptivos, prevención del embarazo adolescente, prácticas sexuales responsables, diversidad sexual, discriminación y violencia de género. Para De Estrada, cada colegio en consulta con los padres “titulares de la patria potestad”, determinará qué escucharán los alumnos de acuerdo con las “creencias religiosas de la familia”.
- ¿A partir de qué nivel se debe dictar? Para Kravetz y Cía., desde el preescolar. Para De Estrada, a partir de séptimo grado.
- ¿Quién capacitará a los docentes? Para Kravetz y Cía., la Secretaría de Educación porteña. Para De Estrada, independientemente de la formación que se brindará oficialmente, cada escuela podrá elegir cuál será la institución que capacite a los maestros.
El llamado a una audiencia pública, sin dudas, demorará el tratamiento del tema en el recinto. Se trata de un procedimiento previsto en la Constitución de la ciudad, que no es vinculante, pero sí obligatorio para la aprobación de algunas leyes como aquellas que modifican al Código de Planeamiento Urbano. En las audiencias públicas se abre la posibilidad de que las partes interesadas –vecinos, ONG, instituciones, etc.,– emitan su opinión antes de que se lleve el tema a votación. “No es el caso de una ley de educación sexual”, aclaró Suppa a este diario. Es la primera vez que se pide una audiencia pública para un proyecto que no lo exige.
Para convocar a una audiencia pública se requiere un número de firmas equivalente el 0,5 por ciento del padrón: alrededor de 13.000. De Estrada aseguró a Página/12 que tiene en sus manos planillas con más de 21.000, recolectadas en colegios católicos e iglesias evangélicas. La ley que regula este mecanismo de participación popular establece que las firmas deben presentarse en la Legislatura y el cuerpo debe mandarlas al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad para que sean verificadas. La Corte porteña tiene 45 días hábiles –sin contar la feria judicial de enero– para expedirse. “Este trámite demandará no menos de dos meses y medio. De ninguna manera se podría llegar a convocar la audiencia pública este año”, destacó De Estrada.
–Legisladores del kirchnerismo lo acusan de impulsarla para impedir que el tema no llegue a tratarse este año –le comentó este diario.
–Lo que se busca es promover un debate mayor –respondió el vicepresidente de la Legislatura.
Para redoblar la apuesta, el kirchnerismo anunció ayer que presentará un proyecto de ley para que a través de una consulta popular –tampoco vinculante– la ciudadanía opine quién considera que debe definir los contenidos de la educación sexual, el punto que más polémica genera. Su intención es que este proyecto se trate en la sesión de mañana. “En la reunión de la Comisión de Educación, De Estrada dijo que el macrismo no estaría en contra de una consulta popular”, indicó Suppa. A este diario, De Estrada le dijo que le parecía “una idea interesante, pero no para resolver en dos días”. Incluso, hasta planteó que podrían ir por más, es decir, promover un referéndum, que es obligatorio y vinculante, para dirimir el tema.
Desde hace diez años se vienen presentando distintas iniciativas en la Legislatura para que la educación sexual sea de enseñanza obligatoria, pero siempre el lobby católico logró bloquearlas. Para este objetivo, en los últimos años, De Estrada ha resultado un soldado incondicional.