EL PAíS › LA SALA JUZGADORA VUELVE A REUNIRSE ENVUELTA EN DUDAS
En busca de un reglamento
Los tres legisladores comisionados trabajaron el fin de semana para darle a la Sala Juzgadora un reglamento. Buscan apurar el inicio del juicio político al suspendido Aníbal Ibarra.
Como timoneles del Titanic, el macrismo y la izquierda intentarán empezar a definir el reglamento interno y avanzar con el juicio político sobre el suspendido jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Los tres legisladores designados para la redacción estarían en condiciones de presentar esta tarde ante la Sala Juzgadora de la Legislatura una versión consensuada del borrador sobre el que trabajaron contrarreloj durante todo el fin de semana. Al final del día la Sala podrá darlo por aprobado, pero aún no se sabe si servirá para el juicio pendiente sobre Ibarra: la votación necesita de la presencia del titular del Tribunal Superior de Justicia, Julio Maier. Hasta anoche nadie sabía si el magistrado se dignaría a participar del debate.
Con ribetes de comedia de situaciones, los integrantes de la comisión que tiene a cargo el juicio político sobre Aníbal Ibarra van cerrando acuerdos –y desacuerdos– sobre un proceso plagado de incertidumbres.
Uno de los temas pendientes es la legitimidad del proceso que sigue adelante sin la presencia de Julio Maier, presidente de la Sala Juzgadora por mandato constitucional. Hace una semana, Maier se opuso a que los legisladores formulen un reglamento interno para juzgar al funcionario, tal como también lo dispone la Constitución. El magistrado sostuvo desde el comienzo que los diputados deben llevar adelante el juicio político sobre la base del Código de Procedimientos Penal y no con un reglamento propio.
Por ese motivo, entre otros, el viernes pasado Maier no participó de la sesión. Su presencia es necesaria para la celebración de las sesiones del juicio político. Para zanjar el problema, un grupo de legisladores decidió dejar de lado momentáneamente el debate del juicio político y avanzar con las cuestiones de forma, y constitucionalmente permitidas, como la redacción del reglamento interno. Pero hoy, la Sala Juzgadora necesitará de la presencia del presidente del Superior Tribunal si desea que se apruebe el reglamento y que comience el juicio contra Ibarra.
“Si Maier no está –confió una voz del bloque kirchnerista–, el reglamento servirá para llevar adelante de aquí en más todo juicio político contra funcionarios y o secretarios del Gobierno de la Ciudad; pero no servirá para juzgar a Aníbal Ibarra”.
Frente a esta suerte de posiciones encontradas donde queda abierta una zona de “conflicto de poderes”, el oficialismo adoptó una posición personal. Públicamente el ibarrismo consideró que la sesión del viernes –autoconvocada por los legisladores sin la presencia del magistrado– fue una asamblea “inconstitucional”. En esa línea, sospechan que el avance de las sesiones son un intento de la oposición para desplazar al juez.
Más allá de las especulaciones, la comisión redactora del reglamento estará reunida desde temprano para llegar a un acuerdo. Beatriz Baltroc del interbloque de Izquierda se reunirá con Paula Bertol (macrismo) y Ricardo Busacca (democristiano independiente), designados el viernes pasado para preparar los borradores. Hasta anoche, los tres habían decidido reunirse antes de la hora del inicio de la sesión –prevista para las 19– para presentar una versión única y consensuada que permita acelerar los tiempos de procedimiento.
Con el reglamento aprobado, todo estaría listo para el inicio del juicio político. Según los diputados consultados, el proceso podría comenzar esta misma semana o martes o viernes, en medio de una agenda legislativa que tiene pendiente el debate del presupuesto 2006. Claro que todo esto dependerá de lo que suceda con el presidente del Supremo Tribunal que podría permanecer con su posición inalterable. “El puede oponerse, apelar o no estar de acuerdo”, reflexionaban en el entorno del kirchnerista Helio Rebot, desde el viernes presidente ad hoc de la Sala. “Pero no puede dejar de asistir a las sesiones porque –advierten– se trata de un mandato constitucional”.
En forma paralela, la comisión aún debe expresarse sobre la integración de la Sala Juzgadora. El 10 de diciembre vencen los mandatos de ocho de losquince legisladores abocados al juicio político. En términos estratégicos, la dilatación del proceso también retrasa una decisión al respecto, vital para el ibarrismo. La fuerza política cercana al jefe de Gobierno considera oportuno la continuidad de la sala cuya composición es más favorable; con el recambio ingresarán las fuerzas que resultaron favorecidas en la última elección con mayoría del ARI y el macrismo.