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La escena pertenece a una declaración testimonial recogida por el Consejo de la Magistratura en el marco de una investigación sobre Angel de Jesús Toledo, el único juez federal de Santiago del Estero. El episodio no hubiese pasado a mayores si quien menciona la relación del juez con el empresario más poderoso de la provincia no fuese un fiscal con veinte años en el fuero que brindó su declaración bajo juramento:
–¿Y cómo sabe usted que Toledo es socio de (Néstor) Ick? –preguntaron los consejeros.
–Es público –dijo el fiscal Carlos Borges– cenan juntos, ha sido padrino de una hija. (...)
–Ahora –volvieron a preguntar–, ¿esto tiene visos de verosimilitud o es la fábula del rumor popular?
–¿Que son amigos? –preguntó Borges.
–Que son socios...
–De que son socios, no sé. Que son amigos íntimos, sí. Y que las causas de él entran en 24 horas y salen, salen. Que las únicas causas que se habilitan en días y horas son las de él. Las demás no se habilitan. O sea que no hay que pensar mucho para darse cuenta de que hay un tratamiento preferencial. Si es socio o no es socio, no sé.
La declaración de Borges integra la documentación con que la consejera Marcela Rodríguez concluye un dictamen de acusación contra el magistrado. Después de analizar los expedientes de pedido de juicio político y las denuncias sobre una eventual relación de amistad entre el juez y el empresario, la consejera envió al juzgado de Toledo una comisión de auditores para analizar si “benefició al empresario, a su grupo económico, familiares o intervino en causas donde actuaban abogados de su estudio jurídico”. El informe quedó listo a comienzos de mes y ahora integra la base de los fundamentos del dictamen: “Dejan a Toledo en una situación muy comprometida”, dice Marcela Rodríguez.
La investigación sobre el juez santiagueño encarada por el Consejo de la Magistratura ahonda por primera vez en el costado tal vez más vulnerable de uno de los intocables de Santiago. Nombrado hace más de veinte años por recomendación de Carlos Juárez, su despacho funcionó durante la intervención federal de Pablo Lanusse como un virtual refugio de los sectores del poder caídos en desgracia. Uno de quienes halló cobijo fue el poderoso empresario Néstor Ick, abogado y dueño de la mayor parte de las empresas de servicios públicos privatizados durante los ‘90 y conocido en los últimos meses como parte de la trama que terminó la escandalosa difusión del video del obispo Juan Carlos Maccarone.
De acuerdo con la hipótesis que investiga el Consejo de la Magistratura, “el juez Toledo supuestamente habría beneficiado a Néstor Ick, el grupo económico y familiares en diversas causas judiciales”. El dato habría quedado documentado con la auditoría ordenada por Marcela Rodríguez durante la última semana de agosto, decisión que tomó después de analizar varios expedientes: “Todas las denuncias existentes en el Consejo –explica– se referían de una u otra forma a la amistad (del juez) con el empresario”.
Uno de los aportes principales lo hizo Sara Fauze. Después de batallar infructuosamente con todo tipo de denuncias contra el empresario, esta ex fiscal de Estado santiagueña decidió tomar otro camino. En septiembre del año pasado presentó documentación abultada ante el Consejo de la Magistratura sobre los supuestos beneficios legales que el pulposo grupo económico de Néstor Ick obtenía en Santiago del Estero gracias a su estrecho vínculo con el juzgado. Con las denuncias y datos técnicos, Fauze aportó –además– un acta de casamiento donde Toledo aparece como testigo del hijo de Ick y un aviso fúnebre, publicado el 4 de junio de 1998 tras la muerte del otro hijo varón del empresario. “Sus amigos –decía el aviso–, Angel de Jesús Toledo y su esposa Olga Rivas Jordán participan con profundo dolor de su fallecimiento.”
De acuerdo con el criterio de los especialistas, frente al vínculo amistoso con el empresario el juez debería haberse “excusado” de intervenir en causas promovidas por él o su entorno. Pero el diagnóstico de los auditores revela lo contrario.
Un caso testigo data de la época del corralito cuando el Banco de Santiago del Estero –de Néstor Ick– interpuso un amparo para evitar que prosperen los pedidos de los ahorristas. El expediente entró el 10 de junio de 2002 en el juzgado de Toledo: en un tiempo record de sólo tres días –después de habilitar días y horas para el reclamo–, el juez aceptó la competencia y, sin pedir contracautela, declaró ilegales “los procesos judiciales de cualquier naturaleza en las que se demande al banco Santiago del Estero por devolución de depósitos o reprogramaciones financieras”. El caso sorprendió a los auditores. No sólo porque Toledo había actuado exactamente al revés en otras causas. Además porque, dijeron, “otro de los aspectos que llama poderosamente la atención” fue “lo amplio de su medida” prevista para todos “los procesos judiciales de cualquier naturaleza” y todos jueces “provinciales, nacionales, federales de cualquier instancia que tuvieran demandas contra el banco de Santiago del Estero”. Una medida de invasión de poderes que quedó escrita en el informe.