[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Hasta hace poco tiempo estaban desocupados; hoy integran un sector de la economía cuya aparición nadie esperaba: trabajadores de emprendimientos productivos, cooperativas laborales y fábricas recuperadas. Tan imprevisible era su existencia que la economía formal no sabe cómo mirarlos y los encasilla en dos categorías inadecuadas, la de monotributistas o la de ¡empresarios! Pero no son ninguna de las dos cosas, sino empleados sin patrón, gente que ha remado contra la corriente para volver a producir, que ya no necesita pelear por un plan Jefes de Hogar, pero sí respaldo para fortalecerse. Con ese objetivo, y también con el de evitar que estas nuevas experiencias cooperativas se aíslen y terminen como unidades productivas de tipo privadas, unas 80 organizaciones del sector formaron la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA), dentro de la Central de Trabajadores Argentinos.
Para contar de qué se trata ANTA hablaron con Página/12 Mario Barrios, de la Unión Solidaria de los Trabajadores, una cooperativa que hace el mantenimiento y forestación del Ceamse; Luis Gómez, del movimiento de desocupados de la Uocra (cooperativas de vivienda y servicios); Samuel Falcón, del Movimiento Barrial de Rosario; Federico Martelli, del Movimiento de Unidad Popular (emprendimientos productivos); Oscar Barragán y Rufino Almeyda, de la Red de asistencia técnica para empresas autogestionadas.
La primera pregunta es por qué, una vez de vuelta en el mundo del trabajo no se afiliaron al sindicato de su actividad.

–Los trabajadores de las cooperativas textiles podrían volver a la Asociación Textil o los de la construcción a la Uocra, por ejemplo.

–Pero es que no nos quieren –es la respuesta–. La mayoría de los sindicatos nos considera empresarios, no entramos en sus estatutos.
–Y además –apunta Mario Barrios– el 99 por ciento no nos afiliaríamos, porque los gremios nos dieron la espalda cuando quedamos sin trabajo.
Gómez, ex Uocra, asiente: –Tuvimos que armar movimientos de desocupados porque los sindicatos no nos dieron respuesta.
La Asociación de Trabajadores Autogestionados reclama, en primer lugar, un marco legal para el sector. Con la legislación vigente no tienen jubilación (a menos que paguen en una AFJP como monotributistas), obra social ni seguros.
“El otro aspecto es político”, sostiene Rufino Almeyda. “Lo que pretendemos es que haya una estrategia del Estado hacia el sector; no queremos depender de Desarrollo Social o del Banco Mundial, sino que haya políticas económicas, jurídicas, comerciales para nosotros. Queremos discutir una nueva forma de relación con el Estado. No nos planteamos como autonomistas, sino que queremos dar la disputa por la economía.”
Lo que Almeyda plantea es que estas nuevas organizaciones nacidas de la resistencia económica aparecieron para quedarse, porque son la respuesta a una situación estructural: el modo de producción actual del capitalismo implica la existencia de grandes masas de desocupados, gente que para el sistema sobra, y que está creando un nuevo sector económico con otras formas de organización. “Hay una gran fuerza disponible para políticas destinadas a la producción para el mercado interno y las necesidades populares.”
ANTA está formada por 83 organizaciones y alrededor de 800 afiliados. Entre sus integrantes hay gran heterogeneidad: de recuperadas como el Frigorífico Puerto Vilelas, de Resistencia; El Diario, de Chaco a huertas comunitarias y bloqueras.

–¿Qué está haciendo hoy el Estado por el sector?

–Da soluciones a casos aislados, pero no tiene una respuesta estratégica, global –considera Federico Martelli.
El ejemplo que mejor lo muestra es la actitud ante la recuperación de empresas abandonadas por sus dueños. “En casi todos los casos, en el juicio por la quiebra de esas firmas el Estado es el principal acreedor por deudas impositivas, previsionales y de créditos de los bancos públicos. Ese es el caso de la clínica ADOS de La Rioja, del Bauen, de Gatic; el Estado debería presentarse a reclamar esa deuda para reabrirlos. Podría hacerlo en sociedad con los trabajadores, que tienen también acreencias por sus sueldos e indemnizaciones. Y sin embargo no lo hace, deja que ese dinero se pierda”, señala Rufino Almeyda.
En ANTA consideran que el trabajo autogestionado es otra relación económica, “distinta del empleo asalariado por patrones o el Estado”. La principal diferencia, definen, es que el acento no está puesto en maximizar las ganancias, sino en crear nuevos puestos. Además del reclamo de un marco legal que los contemple, la Asociación propone a la AFIP el reconocimiento de la figura del trabajador autogestionado y plantea, en lo económico, la creación de un fondo fiduciario para consolidar los puestos creados o recuperados por las cooperativas de trabajo.