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En la vieja estación ferroviaria de San Salvador de Jujuy se realizó, durante tres días, el Encuentro Indígena Regional Norte del que participaron 300 delegados de 14 comunidades indígenas de ocho provincias argentinas. La reunión tuvo por finalidad evaluar el trabajo cumplido, en doce años, por el Programa Social Agropecuario (PSA) y el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (Proinder), ambos apoyados por el gobierno nacional. Los dos planes en conjunto han llegado a dar atención a unas 82 mil familias de productores minifundistas. En el documento final, además de mencionar algunos logros, los asistentes demandaron una política productiva que termine “con la apropiación de la tierra en pocas manos, evitando que las obras públicas y privadas inconsultas afecten el territorio de cada comunidad” y propusieron que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) “tenga oficinas en cada región o centros de atención regionales”.
En el encuentro estuvo presente el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel Campos, de quien dependen el PSA y el Proinder. Luego de escuchar la lectura de las conclusiones y propuestas, el funcionario admitió que “no es suficiente el valioso trabajo que viene desarrollando el PSA”, motivo por el cual anunció la creación de una Agencia de Desarrollo Rural del Norte “cuya sigla, no por casualidad, es Andar”. Campos resaltó que “es mucho lo que las comunidades indígenas pueden aportar al desarrollo, desde la tradición, desde las destrezas, desde el aprendizaje oral”.
Gastón Bordelois, coordinador nacional del PSA, dijo: “Luego de doce años de tarea, somos conscientes de que hay instrumentos del programa que deben ser adecuados a los tiempos”. Por eso consideró que el encuentro fue “un desafío para escuchar y aprender”. De las deliberaciones participaron representantes de los pueblos kolla y guaraní, wichí, toba, tapiete, chorote, chulupí, chané, diaguita calchaquí, tastil, pilagá, mocoví, mbgá guaraní, huarpe, ranquel y toconés. Los delegados llegaron de Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y La Pampa.
El PSA llega a 82.000 familias, de las cuales unas diez mil corresponden a comunidades indígenas. El PSA, que es financiado por el Estado nacional, busca lograr “una inserción social más plena y equitativa de los pequeños productores minifundistas y trabajadores transitorios”. Los grupos se conforman con cuatro familias como mínimo, en el caso de la Patagonia, y con seis familias en el resto del país. El Proinder es un proyecto de financiamiento para el desarrollo del sector, que cuenta con un presupuesto total de 100 millones de pesos, de los cuales el 75 por ciento es aportado por el Banco Mundial y el resto por el gobierno nacional.
Estas son algunas de las propuestas aprobadas en el documento final:

- Creación de un área específica, en la Nación y en las provincias, para reglamentar y otorgar soluciones a los problemas de tierra y recursos naturales, dándoles participación a los pueblos originarios. En relación a este punto se dijo que en los últimos diez años “los gobiernos nacional y provinciales no cumplieron con los compromisos internacionales asumidos” y que en muchas zonas “han entrado empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sin consulta previa a las comunidades”.

- Buscar soluciones de fondo no sólo en temas productivos, sino también en cuestiones vitales como agua, vivienda, salud, educación e industrialización para la producción.

- Apoyar la exportación de productos indígenas.

- Obtener los títulos de tierra buscando y haciendo cumplir a los gobiernos las leyes que ya existen. Entre las dificultades relacionadas con este punto, se dijo en el encuentro que “muchos abogados y jueces no conocen y en otros casos, no reconocen los derechos indígenas”.

- En materia de salud se denunció que “hay discriminación en los hospitales y puestos sanitarios por no estar ‘bien vestidos’ o ‘limpios’, mientras que en educación faltan maestros indígenas bilingües.