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El caso es insólito. Cansados de las amenazas, un grupo de campesinos del norte santiagueño arrastró hasta la subdelegación policial de la zona a una avanzada de Guardias Blancas, los grupos de paramilitares a sueldo de grandes y pequeños terratenientes ya denunciados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El traslado se produjo a fines de noviembre. Frente a la policía, los paramilitares admitieron por primera vez el amedrentamiento y hasta las balas sobre los campesinos. En la declaración a la que accedió Página/12 reconocen que van “encapuchados”, “armados” y en una camioneta “disparando con armas de distintos calibres”. La descripción de armas incautadas incluyó un látigo, una Itaka, una escopeta calibre 16 y una pistola calibre 45 marca Colt automática de la Policía Federal. Los testimonios mencionan, además, a los poderosos Ale, los empresarios tucumanos sospechados de negocios non sanctos.
“Al Señor encargado del destacamento número 14 de Santos Lugares”, comienza la declaración judicial del 29 de noviembre de 2005 firmada de puño y letra por Bruno Viroche, hijo de un supuesto empresario tucumano que reclama la propiedad de 8700 hectáreas sobre campo San Bernardo en el departamento de Pellegrini, en el norte de la provincia de Santiago del Estero. La extensión de tierra es tan grande que los abogados dicen que la superficie equivale a 8000 canchas de fútbol con parajes y pueblos enteros.
El martes 29 de noviembre, Bruno Viroche apareció en una camioneta Chevrolet de su padre frente a un grupo de campesinos del Incupo reunidos en asamblea. Con Viroche se hallaban otros seis o siete colaboradores del padre, empleados contratados originalmente para cumplir tareas de control o de seguridad sobre los campos, pero que en la práctica se tornan francotiradores a sueldo.
La Secretaría de Derechos Humanos denunció estos procedimientos en medio de las primeras investigaciones sobre la violación a las garantías constitucionales en la antigua provincia de los Juárez. Contextualizó el auge de esos grupos –que funcionan al estilo de los paramilitares de los hacendados brasileños– con el aumento del precio de la tierra por la aplicación de técnicas de cultivo intensivo aptas para producción sojera, o agrícola en general.
Hasta ahora, las denuncias no habían recabado otras pruebas más que las denuncias de organizaciones sociales como el Mocase y testimonios de las víctimas, en muchos casos sometidas a amedrentamientos comparables con los que causaban los grupos de tareas de la dictadura. Lo que, sin embargo, no había ocurrido hasta el momento era el reconocimiento de la situación por parte de los malos de la película.
“Nos dirigimos a usted –admitió Bruno Viroche durante su declaración–, a los fines de dejar en su conocimiento que en el Departamento de Pellegrini, yo, Bruno Viroche a las doce menos diez de la mañana llegué en la camioneta marca Chevrolet propiedad de mi padre Regino Viroche con más o menos seis personas, personas armadas, las cuales descendieron de la camioneta disparando con armas de distintos calibres tales como escopetas e Itakas”.
Tal como lo señaló inmediatamente, Viroche hijo llegó al destacamento policial voluntariamente, pero estimulado por los campesinos de San Bernardo. Sólo por una cuestión numérica, los campesinos lograron enfrentarse y desarmar a los guardias. Eran más de cien campesinos de un lado y, del otro, ocho guardias armados hasta los dientes. Mabel Ginás, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la intervención y abogada de Incupo, recibió una llamada de los campesinos en medio de la asamblea. “Estaban desesperados –dice–. Es la primera vez que pasa una cosa así, cuando los tuvieron desarmados les aconsejamos llevarlos a la policía”.
El día concluyó con la declaración en un destacamento policial ubicado a 200 kilómetros de distancia de donde se realizó la asamblea. Y concluyó, además, con detalles inéditos, revelados casi ingenuamente por el hijo del supuesto empresario.
“Fui mandado por mi padre –continuó Bruno en su testimonial–. Me encuentro en este destacamento traído por los campesinos, debido a que actuaron en defensa propia, ante el ataque de la gente traída por mí en el vehículo de mi padre”, reconoce en una de sus intervenciones más fuertes. Luego de señalar que declaró por voluntad propia reconoció que “hay personas heridas por parte de los campesinos, agredidos por las personas que traje”.
Después de Viroche, declaró uno de sus compañeros: Franco Martín Ceballos, tucumano con DNI 32.132742. Ceballos fue quien mencionó el nombre de los Ale tucumanos, al parecer como propietarios del campo en el que Viroche funcionaría como un eventual testaferro. “Fui contratado por Francisco Ale –declaró–, para que trabaje en seguridad en el campo de Regino Viroche; reconozco haber estado armado con escopeta calibre 16”.
Ceballos entró a trabajar al campo el lunes 21 de noviembre. Con un sueldo quincenal estipulado en 800 pesos, explicó. Cuando se inició la asamblea, “yo me encontraba encapuchado, junto a mi hermano Alai Ceballos también contratado por Francisco Alé”. Había permanecido de guardia desde las ocho de la mañana “hasta el momento en el que llegó la gente y yo apunté con el arma”.
Como Viroche, también él aclaró que se presentó en el destacamento impulsado por los campesinos. Aunque, dijo, “declaro por voluntad propia y bajo ninguna amenaza”. Las heridas “que tengo –agregó– son producto de haber luchado contra ellos y ellos actuaron en defensa propia, ante las armas que se estaban disparando. Vuelvo a repetir que los campesinos estaban desarmados”. Finalmente, declaró Gastón Samayoa, otro empleado de Viroche padre contratado como cuidador del vehículo y del campo.
El cabo Domingo Miranda, del destacamento de Santos Lugares, certificó los testimonios con su firma. Luego describió el poderoso armamento incautado: escopeta calibre 16 milímetros marca centauro número 97412; Itaka Baatan numero 2074; pistola de la Policía Federal Argentina marca Colt automática, calibre 45 con cargador de diez con 5 cápsulas servidas número de cargador 5302 con el número de serie limado. Además de las armas, también les fueron secuestrados a los parapoliciales un látigo, dos cartuchos, uno con balas de goma y otro con munición.
El jueves pasado, los campesinos se fueron hasta la capital de Santiago para formalizar una denuncia judicial.