Ya son once los camiones con materiales de construcción para la papelera Botnia frenados en Entre Ríos por vecinos de las asambleas ambientalistas. Varados en el cruce internacional Colón-Paysandú, llevan estructuras metálicas procedentes de Chile. Los manifestantes tomaron esta medida con cinco vehículos que intentaron pasar al Uruguay, con la amenaza de tirarse delante de las ruedas si intentaban avanzar; ante esta situación otros seis camioneros decidieron estacionarse en la ruta, sin llegar a la frontera. Los vecinos aseguran que mantendrán la protesta hasta que la Justicia se expida sobre el riesgo de contaminación de las celulosas.

El vocero de Botnia, Carlos Faroppa, sostuvo que la empresa espera la intervención de la Cancillería chilena. “Los transportistas y los propietarios de la carga ya han hecho las denuncias correspondientes”, señaló en declaraciones radiales. Sin embargo, ayer no hubo novedades al respecto. La Cancillería argentina no recibió ninguna notificación, mientras que en la chilena evaluaban que el tema será analizado recién hoy, cuando el ministro Ignacio Walker regrese de una gira en el exterior.

El freno se limita a los camiones con cargas para la papelera y no impide el tránsito del resto de los automóviles por el puente. El primero de los vehículos fue detenido el jueves pasado por activistas de Greenpeace y trabado con una cadena. En los días siguientes, la gente de Colón paró a otros cuatro, que continúan estacionados en la cabecera del puente. Desde hace tres días, hay además dos camiones en una estación de servicio ubicada antes del cruce, y otros cuatro que llegaron el lunes decidieron quedarse en el peaje de Gualeguaychú.

“Decidimos hacer turnos para rotarnos en la ruta, porque si no es muy desgastante; cada uno tiene su trabajo, sus ocupaciones”, dijo a Página/12 desde Colón Gisella Eberle, de la asamblea de esa ciudad. “Armamos listas y la gente se fue anotando en el horario en que puede: desde el atardecer a las doce de la noche somos muchos –anoche éramos más de cuatrocientos– y a la madrugada se quedan los que se anotaron.”

La medida fue resuelta por las asambleas ambientalistas formadas en las cuatro ciudades fronterizas de la zona: Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia. Aunque las papeleras de Botnia y Ence sólo afectarán de manera directa a Gualeguaychú, los riesgos de contaminación preocupan en todo el corredor del río Uruguay, ya que hay temor de que se instalen otros emprendimientos potencialmente contaminantes en la zona.

Por la magnitud de las fábricas (las dos papeleras van a producir un millón quinientas mil toneladas de celulosa por año, más del doble de lo que elaboran las 10 plantas instaladas en la Argentina), los vecinos estiman que deberán cruzar por el puente unos 200 camiones desde Chile, donde Botnia está comprando los materiales de construcción.

En los próximos días el juez federal de Concepción del Uruguay Bernardo Aranguren deberá resolver el pedido de los asambleístas de frenar el pase de los camiones. Según trascendió, el magistrado quiere esperar a conocer las conclusiones sobre el tema de la Comisión Binacional, que tiene plazo hasta el 30 de enero.

Mientras tanto, en el Uruguay el Frente Amplio aprobó lo actuado por el gobierno de Tabaré Vázquez. En una declaración oficial, la coalición oficialista respaldó a las autoridades “por la forma en que han defendido” la “soberanía con firmeza”. El Frente Amplio expresó también su confianza en el control que realizará el Estado “y en la decisión política del gobierno nacional de asegurar el cumplimiento riguroso de las normas internacionalmente aceptadas”.

El presidente del FA y ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, llamó a los dirigentes del Frente a “emprender una movilización activa en defensa de las plantas” pues, según afirmó al diario El Observador, “sólo se oyen informaciones falsas y sólo se escucha la campana de los ambientalistas”. La declaración fue aprobada por mayoría, con el voto contrario de un sector (el 26 de marzo) y la abstención de dos delegados de base. El Partido Comunista votó a favor la declaración en general, pero no acompañó en particular al punto que establece “su confianza en la capacidad técnica de los órganos correspondientes en materia de control medioambiental”.