Alfredo González era una eminencia científica. Decano de la Facultad de Ingeniería Química y rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNAN), becado en Alemania, Japón y Estados Unidos. Aunque creció en Corrientes, enrolado en la Democracia Cristiana llevó adelante su carrera académica y su compromiso científico en Misiones, donde desapareció el 4 marzo de 1978. Su caso es la primera investigación penal sobre violaciones a los derechos humanos en Misiones que llega a algún resultado. La Justicia ordenó la detención de cuatro militares –entre ellos dos ex gobernadores– y de un ex gendarme. Tres de ellos están detenidos. La Justicia investiga la relación del secuestro y desaparición forzada con el robo de una fórmula química.

“Yo siempre creí que lo habían detenido por un problema de ideología, pero ahora me parece que no”, dice Mario Marturet, uno de sus mejores amigos e impulsor de la denuncia. González fue detenido dos veces. Primero, el 24 de marzo de 1976. Pasó meses alojado en la penitenciaría de La Candelaria a 20 kilómetros de Posadas, donde la Justicia acaba de secuestrar libros de actas de egresos e ingresos de presos de aquellos años, aún en poder de la policía. Luego de La Candelaria pasó a la UR 7 de Resistencia, desde donde lo liberaron en agosto de ’76.

Aunque sus amigos le recomendaron que se fuera del país, González quiso quedarse. “Por cómo era –dice Marturet– tenía posibilidades de trabajo en todos lados, pero no se fue porque decía que tenía que servirle al país.” Ese mismo año montó un emprendimiento con una familia de Oberá a partir de una invención química propia. Pese a que mantenía batallas académicas con referentes de la derecha nacionalista universitaria e investigaba ciertos emprendimientos papeleros locales, sus amigos creen que quienes lo secuestraron el 4 de marzo de 1978 estaban detrás de su emprendimiento y de la fórmula.

El expediente sobre su desaparición tramita desde fines de 2004. Entre los querellantes está la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. La causa se conoce como La Casita de los Mártires, el nombre que recibió el centro clandestino de detención vecino al arroyo Los Mártires por el que habría pasado el profesor. En el marco de la investigación, el 11 de enero el juez federal subrogante Francisco Bonetto ordenó la detención de los ex gobernantes de facto capitanes de navío (r) Rodolfo Poletti y Fernando Di Fonzo. Y la prisión de los militares Carlos Caggiano Tedesco (r) y Francisco Javier Molina, que tenían cargo de teniente coronel, y del gendarme Manuel Santos Acosta. Los acusa de privación ilegítima de la libertad agravada por torturas y de homicidio calificado.

Sólo tres de los cinco represores están detenidos. Acosta y Caggiano Tedesco se encuentran internados en el Hospital Militar Central de Buenos Aires. Molina, en cambio, ya estaba con arresto domiciliario en una causa de Paso de Los Libres. Acosta era el único subalterno; Molina era quien actuaba como jefe de policía de la provincial: “El amo de la vida y la muerte de todos nosotros”, dice Fernando Canteli, abogado de la causa.

Los ex gobernadores son los únicos que no han sido localizados. “En este momento, la Armada tiene que contestar sobre sus domicilios y situaciones”, apunta Ana Figueroa, abogada de DD.HH. de Nación. Poletti se desempeñó como gobernador entre 1977 y 1978, y Di Fonzo lo hizo después del 6 de diciembre de 1978, cuando concluyó con su mandato de un mes y seis días como ministro de Gobierno.