Un rumor de sorpresa recorrió la Sala Juzgadora, el abogado defensor Julio César Strassera se agarró la cabeza, la legisladora Florencia Polimeni se llevó la mano a la boca y los familiares de víctimas de Cromañón levantaron las fotos de sus hijos. Todo ocurrió cuando un testigo, César Suárez Campesano, admitió que desde el gobierno porteño le ordenaron ir a una reunión con el suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y sus abogados defensores. Campesano, que es inspector de la ciudad, identificó en esa reunión a otros empleados que deben declarar en el juicio político. Así convocaron a Virginia Brizuela, otra inspectora, que confirmó la reunión con Ibarra, pero dijo que no recordaba si habían estado sus abogados. Luego de varias contradicciones, la Sala la denunció por reticencia a declarar y falso testimonio. “Es un procedimiento usual. No significa que se esté amañando testigos”, se atajó Strassera.

“¿Por qué consulta tanto sus notas?”, se preguntó el kirchnerista Helio Rebot, mientras Campesano hablaba de una inspección que hizo en 2004 a Cemento, otro boliche de Omar Chabán. Le pidió a Maier que le alcanzara la carpeta con documentos del testigo. Como otros dos inspectores –Marta Cali e Ignacio Penco– que dieron su testimonio ayer, Campesano contó que Chabán no había podido presentar algunos documentos, entre ellos el certificado de bomberos. Pero que no se clausuró Cemento, sino que se lo intimó. Explicó que fue debido a una modificación en la ordenanza 50.848. Cuando el inspector terminó, Rebot le preguntó si había tenido una reunión para hablar sobre su declaración. La respuesta dejó helados a todos.

Mientras se achicaba en su butaca, Campesano detalló que tuvo una reunión el lunes pasado con los abogados defensores en Arenales 1645, donde funciona la Fundación de Políticas Públicas, que maneja Ibarra, y reconoció al defensor Fernando Castejón. En un tono muy duro, Rebot le preguntó por qué decidió ir. “Me lo ordenó la superioridad”, respondió Campesano.

–¿Quién se lo ordenó? –inquirió Rebot.

–Recibí un llamado del administrador de mi área, Gabriel Ferrari.

Entre los documentos que Campesano llevó al recinto, encontraron un ayudamemoria. “Hay instrucciones en tercera persona que hacen suponer que es un libreto. ¿Qué quiere decir en sus anotaciones ‘ojo con la pregunta sobre si estaba para clausurar’?”, preguntó Rebot. Poco antes, el fiscal Jorge Sanmartino le había preguntado por qué declaró ante la Sala Acusadora que Cemento “estaba para clausurar” y ahora se contradecía. Hundido en el estrado, Campesano dijo: “Todas esas son anotaciones mías. No, no. La parte subrayada es del abogado”. Luego aclaró que se refería a su abogada, Adriana Talanto, que lo asistió para preparar su declaración.

Cuando parecía que no iba a haber más sorpresas, Campesano agregó: “Después llegó Aníbal Ibarra”. Un nuevo murmullo inundó el recinto. “Se presentó. Habló con cada uno sobre las dudas que teníamos. En mi caso, me entregó una copia de la ordenanza 50.848”, contó. Identificó a los participantes: sus superiores, Marcela Velazco y Paula Trusso, y otros tres inspectores, Brizuela, Luis Cogo y José Marcó Del Pont. Los dos últimos deben declarar en las próximas semanas. A pedido del fiscal Jorge Enríquez, el testigo fue incomunicado. Luego le permitieron irse.

Brizuela, que había declarado el martes, apareció al rato y confirmó que habían tenido una reunión con Ibarra, aunque dijo que había sido el viernes. Sostuvo que ella la solicitó para aclarar sus dudas. “En un momento entró Ibarra. Había unos abogados que no conozco”, aseguró.

–¿Cómo sabía que eran abogados? –preguntó Rebot.

–No, no. En realidad, no sé si eran abogados...

Su respuesta despertó protestas entre los familiares. Rebot le aclaró: “Si comete un delito, se puede pedir su inmediata detención”. La legisladora macrista Silvia Majdalani le pidió que mirara a la defensa y le preguntó si no reconocía al abogado. Muy nerviosa, Brizuela sostuvo que era parecido a Castejón. “Me cuesta creer que ahora recuperó la memoria”, le espetó Rebot y pidió que la Sala la denunciara por falso testimonio. Fuera del recinto, el padre de una de las víctimas, José Iglesias, aseguró que “no se puede inducir a un testigo. Habrá que hacer una denuncia contra Ibarra por coacción”. “Usaban instructivos comunes para los testigos”, dijo. Desde el gobierno porteño aseguraron que la reunión fue “legal y normal”. “¿Le vamos a dar un libreto en la mano al testigo? Seríamos unos imbéciles si hiciéramos eso”, desmintió el secretario de Comunicación porteño, Daniel Rosso. “Los fiscales le dan relevancia a un hecho que no lo tiene. Esta reunión es por pedido de testigos que están aterrorizados. Nunca quisimos esconder esas reuniones y no hay un hecho ilegal”, aseguró.

Informe: Werner Pertot.