La rutina cotidiana de esta ciudad tuvo ayer un condimento distinto. El día empezó con asambleas de los petroleros en cada lugar de trabajo. Todas se realizaron en lo que los obreros llaman “bases”, las instalaciones de las empresas que proveen servicios a las propietarias de los pozos (Repsol, Vintage Oil y Pan American Energy). Cuando fueron llegando a sus empleos, al inicio del primer turno, los trabajadores se reunieron para discutir tres puntos: la aparición de los gendarmes en los accesos a los yacimientos, el pago de la totalidad de los días no trabajados durante los cortes y el retraso en la entrega de tickets. Mientras el conflicto gremial sigue sin resolverse, la causa judicial por la muerte del oficial Jorge Sayago continúa sin producir novedades.

Aunque los delegados anticiparon que podía llamarse a un nuevo paro, cuando terminaron las asambleas de base la jornada siguió como un día normal. Eso no significaba que no pasara nada. Entre los petroleros se mantiene un clima de tensión: algunos temen despidos en represalia por el paro de 18 días, otros no descartan medidas de fuerza. “Va a haber despidos en Indus. Van a echar a los que impulsaron el corte de ruta”, comentaba el familiar de un petrolero. El clima de tensión también tiene otros motivos, vinculados con la investigación del crimen de Sayago.

Los delegados denunciaron ayer que Daniel Guzmán, un empleado de limpieza de Oleosur, fue detenido por la policía cuando volvía a Las Heras desde uno de los yacimientos. Aparentemente, se habría negado a mostrar los documentos. “Lo largaron el martes a las 12 de la noche. Lo interrogaron como si él hubiera matado al policía. La empresa no hizo nada”, denunció Jorge Villagra, obrero de Oleosur. Página/12 visitó en el domicilio a Guzmán, una casa del barrio “32 Viviendas”, construido por el gobierno provincial. La esposa del petrolero, Verónica Uribe, atendió desde la puerta. “Lo llevaron a la comisaría 1ª y lo tuvieron desde las cinco de la tarde hasta las 12 de la noche. Lo golpearon en la cabeza y le volvieron a joder el hombro”, contó.

–¿Por qué lo detuvieron? –preguntó este diario.

–No quería dar su nombre porque estaba en horario de trabajo.

En la ciudad esperan que situaciones como éstas se repitan. La razón: según fuentes calificadas del Poder Judicial de Santa Cruz, la investigación por el crimen de Sayago no llegó hasta ahora a testimonios claves. “Hay un pacto de silencio en el pueblo”, aseguraron a Página/12 fuentes que siguen día a día el avance de la instrucción. Este panorama se contradice con algunas versiones, que fueron difundidas en los primeros días, que sostenían que ya habían identificados y faltaban pocos días para las detenciones. Esas versiones provenían principalmente de policías de Las Heras que estaban trabajando cerca de la jueza de instrucción de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone.