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Los desocupados del Bloque Nacional Piquetero anunciaron al término de su tercera asamblea nacional que este miércoles iniciarán un nuevo plan de lucha con cortes de rutas y de accesos a la Capital Federal, a la vez que a partir del 9 de julio acamparán en la Plaza de Mayo “hasta que cambie la política económica y se vaya el FMI de la Argentina”.
El encuentro se realizó el sábado y domingo en el Polideportivo José María Gatica, de Avellaneda. Participaron de él, según informaron sus organizadores, más de mil delegados de 15 provincias. Junto a los desocupados del Bloque deliberaron integrantes del Movimiento de Raúl Castells, de la Coordinadora Aníbal Verón, representantes gremiales, trabajadores de Brukman y Zanon, asambleas barriales y organizaciones sociales.
A su término, los participantes del encuentro dieron a conocer un listado de reclamos entre los que figuran la extensión del Plan Jefes y Jefas de Hogar, un aumento general de salarios, la implementación de una tarifa social en los servicios públicos y la ampliación de la asistencia alimentaria a comedores escolares y barriales. Los asambleístas también se manifestaron en favor de la reestatización de Repsol-YPF y convocaron “a todas las agrupaciones piqueteras a unirse y romper las negociaciones con el Gobierno para formar un solo frente y debatir una salida de los trabajadores y el pueblo en pro de otro 19 y 20 de diciembre”.
La jornada de protesta de este miércoles es convocada por el Bloque Nacional, la Aníbal Verón y Barrios de Pie (CTA). Voceros de estas organizaciones ratificaron que instalarán piquetes en los puentes de ingreso a la Capital, a pesar de la advertencia del secretario de Seguridad Juan José Alvarez, quien la semana pasada sostuvo que el Gobierno “no permitirá que se incomunique a la ciudad de Buenos Aires con los cortes de todos sus accesos”.
Los piqueteros anticiparon que esta tarde ofrecerán una conferencia de prensa en la sede de la textil Brukman, junto a integrantes de la Correpi y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, para ratificar la convocatoria a la protesta y “responsabilizar a las autoridades ante cualquier acto represivo”.