El ex juez Juan José Galeano está en claro riesgo de pasar unos cuantos años de su vida en prisión. Es por una larga lista de irregularidades cometidas durante la investigación del atentado a la AMIA destinadas a fabricar una teoría sobre lo ocurrido que impidió que se llegara a la verdad. El juez federal Ariel Lijo decidió llamarlo indagatoria como sospechoso de varios delitos severos, entre ellos la privación ilegal de la libertad agravada de una mujer, detenida bajo coacción para que declarara en favor de una hipótesis falsa, y el pago ilegal de 400 mil dólares a Carlos Telleldín, que fue uno de los principales imputados. En una situación similar a la del destituido magistrado quedaron los ex fiscales de la causa Eamon Mullen y José Barbaccia –señalados como posibles partícipes–, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, dos agentes de inteligencia, el propio Telleldín, su pareja y su abogado, Víctor Stinfale. Todos tienen cita en tribunales entre el 5 y el 15 de junio.

La causa a cargo de Lijo empieza a desentrañar las responsabilidades que el Tribunal Oral 3 puso de manifiesto al absolver hace un año y medio a los policías imputados y al reducidor de autos Telleldín: aquella sentencia señaló que la investigación sobre el ataque terrorista fue montada para mostrar una culpable ante la sociedad y que existió una trama política y judicial de encubrimiento. Las denuncias sobre irregularidades, de todos modos, eran mucho más viejas. Las motorizaron, principalmente Memoria Activa y el ex titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa. El caso estaba en manos del juez Claudio Bonadío desde agosto de 2000 y lo mantuvo paralizado, hasta que lo apartó la Cámara del Crimen. A Lijo le llegó en enero último y ahora también investiga penalmente a Bonadío.

En una resolución que fundamenta los llamados a indagatoria, Galeano se lleva la lista más larga de posibles delitos y las imputaciones más severas. Lijo lo muestra como probable autor del delito de peculado (sustracción de fondos públicos), que prevé penas de hasta diez años de prisión, por haber “planificado y organizado” el pago de 400 mil dólares a Telleldín a cambio de que involucrara, de acuerdo con una “versión convenida con el magistrado”, a un grupo de policías bonaerenses encabezados por Juan José Ribelli en la entrega de la camioneta que habría sido utilizada en el atentado. Por eso Lijo sostiene que si Galeano se basó en pruebas falsas, Ribelli y los policías Raúl Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Bareiro estuvieron ilegalmente detenidos desde mediados de 1996.

Telleldín, su mujer y el abogado Stinfale, están comprometidos por haber cobrado ilegalmente los 400 mil dólares. Boragni fue la que recibió el dinero en compañía del letrado mientras el reducidor de autos estaba detenido a disposición de Galeano. Hubo dos entregas planificadas al detalle por orden del entonces juez. Un primer depósito se hizo en la sucursal Ramos Mejía del Banco de Quilmes y el otro en una caja de seguridad del Banco Río de Cabildo y Monroe. En el operativo participaron los agentes de inteligencia Patricio Finnen, de la Sala Patria de la SIDE, y Alejandro Brousson. Por eso ambos serán interrogados por su actuación.

Anzorreguy, ex jefe de la central de espías, será indagado por primera vez por haber puesto “a disposición de Galeano la suma indicada” (proveniente de fondos reservados) y “al personal a su cargo para la entrega del dinero”, dice la resolución de Lijo, a la que accedió Página/12. El ex Señor Cinco ya admitió en el juicio oral la transferencia de esos fondos públicos y sostuvo que fue la directiva que recibió del gobierno de Carlos Menem.

Beraja aparece implicado directamente por primera vez en el encubrimiento, ligado al pago. Según analizó el juzgado, casi un año después de la entrega del dinero, para dar apariencia de legalidad a esa maniobra, el ex titular de la DAIA acordó con Galeano y con el abogado Stinfale que este último se presentara “solicitando un pedido de recompensa en favor de Telleldín por haber colaborado con la investigación”.

En cuanto al futuro de Galeano, uno de los puntos que más lo complican es la acusación –provisoria todavía– por privación ilegal de la libertad agravada de Miriam Salinas. Con esa calificación al ex juez le caben de cinco a quince años de cárcel, o sea, es un delito no excarcelable. Pero lo más probable es que espere el juicio oral en libertad, si la Justicia considera que no hay peligro de que se fugue o entorpezca su tarea.

El actual titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, Alejandro Slokar, destacó el caso de Salinas como “emblemático de las graves violaciones a las formas legales” en el caso AMIA, en una presentación que hizo hace diez días pidiendo la “urgente detención” de Galeano. Salinas era amiga de Boragni. Estuvo detenida entre el 2 y el 7 de octubre de 1995, bajo presión de quedar implicada en el atentado. Su indagatoria quedó a mitad de camino y luego, “sorpresivamente”, fue sobreseída. Un día después declaró como testigo de identidad reservada aportando datos “incriminantes para los imputados”. La resolución de ese sobreseimiento quedó archivada en el expediente mezclada entre decenas de páginas que eran fotocopias de billetes, miles de dólares, que se habían encontrado en la casa de la madre de Telleldín, en Córdoba.

Lijo recogió otros reclamos de Slokar: que Galeano responda por la posible instigación al falso testimonio a Gustavo Semorile, también convertido en testigo reservado y cuyos dichos se usaron para culpar a los policías bonaerenses. Slokar también acusó al ex juez de prevaricato, es decir, tomar decisiones contrarias a la ley intencionalmente. Lijo adelanta que deberá rendir cuentas por haber hecho un “análisis parcial y aislado” de las pruebas, “con el único cometido de probar una versión cargosa” contra los bonaerense.

Como partícipes posibles de todos los pasos que fue dando el ex juez federal, también fueron citados los ex fiscales Mullen y Barbaccia, cuando todo indicaba que serían destituidos por la Procuración. Galeano, en cambio, se lanzó a enfrentar el juicio político que lo dejó sin toga el año pasado.

El desfile empezará en los próximos días pero, según aseguran en el juzgado, este es sólo el comienzo de una investigación que continúa y que, en un tiempo, podría extenderse al ex ministro Carlos Corach, al juez Bonadío y, quizá también, a Menem.