Hoy a las 10 se conocerá el veredicto que decidirá si el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, es culpable o no de extorsionar a la empresa McDonald’s. El fiscal Diego Nicholson pidió al Tribunal Oral Número 6 una pena de cuatro años y ocho meses de prisión. En tanto, el abogado del líder piquetero solicitó la absolución de su defendido, quien ayer adelantó que pedirá el juicio político contra un juez de instrucción y dos fiscales por “privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita y tormentos”.

Ayer se escucharon los alegatos de ambas partes sobre lo ocurrido el 9 de diciembre de 2004, cuando Castells pidió alimentos a los encargados del local de comidas rápidas durante una protesta. El debate se centró no tanto en los fines sino en los medios adoptados por el piquetero. Según el fiscal Nicholson, la actitud extorsiva del acusado quedó demostrada, porque ese día se exigió mediante “una intimidación provocada por Castells y ciento cincuenta de sus seguidores” la entrega de 50 mil raciones de comida. En cambio, para la defensa no hubo un pedido expreso de alimentos, según afirman varios testigos, entre ellos, un gerente de la firma.

“Vivimos de piquete en piquete, de coacción en coacción. No estoy aquí para defender a una empresa, sino que creo que se debe poner un freno a esta situación, ya que el Estado se olvidó de aplicar el derecho”, argumentó Nicholson, que calculó la cifra de la pena unificando una eventual condena de tres años y dos meses por el episodio que afectó al McDonald’s cercano al Obelisco y otra de dos años en suspenso por un hecho similar, ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

“Ese mediodía lo que hubo fue un acto político; es cierto que los pobres alejan a los clientes de un local gastronómico, es verdad que molestan, pero eso no es delito”, concluyó Miguel Angel Pierri durante su alegato. Además, la defensa destacó el hecho de que la empresa no se presentó en el juicio como querellante y que en las declaraciones testimoniales se negó el uso de violencia.

Siguiendo la vieja consigna de que la mejor defensa es el ataque, el defensor Pierri pidió que se investigaran las declaraciones de Orlando Molaro, el encargado de prensa de McDonald’s, quien admitió haber sido “conminado” por el fiscal de primera instancia a efectuar la denuncia judicial. Castells, por su parte, anticipó que pedirá el juicio político contra el magistrado Facundo Cubas y los fiscales Martín Nikilson y Diego Nicholson por “privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita y tormentos”.