“Queremos cerrar heridas pero sin focos de infección dentro, porque si no las cicatrizaciones son falsas y vuelven a dar problemas.” La ministra de Defensa, Nilda Garré, eligió esa imagen para describir la situación en las Fuerzas Armadas, tras las sanciones a oficiales en actividad que cuestionaron la autoridad presidencial. Acompañada por los jefes de todas las armas, Garré insistió en que “no hay inquietud” en el Gobierno por las actitudes de los uniformados que participaron en el acto de Plaza San Martín que trocó de homenaje a los “muertos por la subversión” en una reivindicación del terrorismo de Estado ni por los que le dieron la espalda al presidente Néstor Kirchner en el acto por el Día del Ejército. Esos sectores “viven en la nostalgia y en la irrealidad”, dijo. Un juez militar tiene ahora la misión de analizar si se les da de baja del Ejército a los retirados que organizaron el encuentro y la Junta de Calificación y Disciplina evalúa si se profundizan las sanciones a los activos. Por otra parte, Defensa elevará hoy al Presidente el proyecto de la reglamentación de la Ley de Defensa, pendiente desde el ’88.

En el agasajo a la prensa por el Día del Periodista, el jefe del Ejército, Roberto Bendini, aseguró: “No voy a tolerar actos de indisciplina”. Con referencia a los arrestos aplicados a los oficiales en actividad que se sumaron al acto convocado por la Comisión de Homenaje a los Muertos por la Subversión, realizado el 24 de mayo en Plaza San Martín frente al cenotafio de Malvinas, Bendini explicó que el endurecimiento de esas sanciones que podrían derivar en el pase a retiro está en manos de la Junta de Calificaciones. Según la reglamentación militar, un arresto superior a los treinta días es una falta grave en la carrera castrense y es factible que la Junta decida que el oficial pasible de ese castigo sea considerado “no apto” para continuar en la actividad.

En el caso de los retirados que a través de la Unión de Promociones pilotearon la movida de Plaza San Martín, fueron citados a prestar declaración y para que el proceso avance, Kirchner, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene a la firma un decreto de designación de un juez militar que sustanciará el proceso. La decisión de darles de baja implica no sólo la pérdida de la condición militar sino los beneficios jubilatorios que perciben. Los generales, encabezados por Juan Miguel Angel Giuliano, hicieron trascender que se presentarían ante la Justicia aduciendo discriminación. En el Edificio Libertador explicaron que para apelar a esa instancia primero tendrán que agotar la vía administrativa en la fuerza.

Garré remarcó que “los focos de infección que se puedan apegar a fantasías antidemocráticas o a reivindicaciones de planes criminales condenados por la Justicia y la sociedad argentina no van a ser tolerados” y agregó que “con la misma fuerza y vehemencia las Fuerzas Armadas en su totalidad –con mínimas y puntuales excepciones– han optado por este camino de la democracia que transitamos todos desde hace más de veinte años”. La ministra dijo que “con la misma vehemencia estamos dispuestos a llevar adelante un plan de reforma militar profundo que se les debe a las Fuerzas Armadas también desde hace muchos años”. En este sentido señaló que “está claro que hay que hacer operativa la Ley de Defensa para que no sea como letra muerta y simbólica para dejar absolutamente claro que las Fuerzas Armadas tienen una misión: que es la defensa nacional, la reacción frente a la agresión externa y algunas muy puntuales que expresamente se les deben dar por ley”.

En el Edificio Libertador consideran que la situación está absolutamente controlada y todas las sanciones se están tomando respetando la reglamentación vigente.