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Por Felipe Yapur
y Eduardo Tagliaferro
En las primeras horas de la tarde de ayer, para los hombres del justicialismo en el Congreso parecía concretarse el momento más temido: fuerte represión policial y una gran manifestación popular que termine con los días de Eduardo Duhalde en la Casa Rosada. Desde hace una semana que ese escenario aparecía recurrentemente en todas las conversaciones informales de los duhaldistas con la prensa. Por cierto que luego de describir esas escenas, los seguidores del bonaerense se aventuraban a decir: “Duhalde no va a reprimir”. Resultó lógico entonces que cuando todo parecía indicar que la profecía se autocumpliría, los legisladores abandonaran el Parlamento. Así es que mientras las conducciones de los bloques se dirigieron hacia Olivos y los opositores condenaban la represión, se suspendió la visita que tenía previsto concretar el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof.
A las cinco de la tarde, las autoridades de las cámaras del Congreso ordenaron su desalojo. La razón, comentaron, era la llegada de una importante movilización hasta el Parlamento. Los diputados justicialistas fueron los primeros en irse. Suspendieron la reunión de bloque. Antes anunciaron que el presidente Eduardo Duhalde había convocado a las mesas de conducción de los bloques de ambas cámaras para analizar la crisis. Esto fue motivo suficiente para que el resto de los legisladores oficialistas saliera raudo en sus autos desde la cochera de Diputados.
Algo similar ocurrió en el Senado. Por caso, los peronistas oficialistas no participaron de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde su presidenta, Cristina de Kirchner, miembro del grupo de los rebeldes del PJ, junto a los radicales acordó firmar el dictamen que modifica la Ley de Acefalía. Esta incluye el llamado a elecciones presidenciales y, por única vez, dicta la emergencia institucional por la que caducarán todos los mandatos. Si se concreta la rúbrica de los radicales, el dictamen deberá bajar al recinto en una semana más para dar comienzo a un debate que por el momento el oficialismo se resiste a concretar. Cuando la reunión de la comisión finalizó, comenzó el desalojo del edificio. En el anexo del Senado se utilizó un pretexto poco ortodoxo: les dijeron a los empleados que había una amenaza de bomba y así se fueron todos.
A las siete apenas una decena de senadores continuaba en sus despachos. En Diputados no había más de sesenta, donde sólo el justicialista Eduardo Di Cola permanecía en los pasillos. A todo el que veía, el cordobés le repetía: “No sé lo que está pasando”. El ARI, en tanto, se encontraba en la Plaza de Mayo, hacia donde sus diputados se habían dirigido para protestar por la represión y las muertes del mediodía. Uno de los diputados del sector, el bonaerense Eduardo Macaluse, aseguró a primera hora de la tarde que “fueron muertes anunciadas”. Incluso fue un poco más allá y agregó que “es realmente sospechoso que en la misma semana tengamos el dólar a 4 pesos por acción de los grupos económicos más poderosos, que (Carlos) Menem suba en las encuestas, que Carlos Ruckauf reivindique el decreto de aniquilamiento del ‘75 y a todo ello se le sume la brutal represión de hoy”.
Desde Olivos llegaba poca información. Los diputados que participaban de la reunión de gabinete ampliado les juraban a los pocos asesores que permanecían en el Congreso que Duhalde estaba tranquilo y que, “según el informe del Ministerio del Interior, las balas que mataron a los piqueteros provinieron de los mismos piqueteros”. “Le aseguro que desde el Ministerio del Interior se impartió la orden de que las fuerzas de seguridad no llevaran balas de plomo”, dijo a este diario un senador con llegada directa al Ejecutivo, para abonar la teoría de que las muertes se explicaban por la lógica “de la interna piquetera”. A esa hora, en la esquina de Callao y Rivadavia un centenar de integrantes de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo e HIJOS protestaba contra la represión. Desde Hipólito Yrigoyen llegó la policía y sin mediar palabra lanzaron gases y balas de goma dispersando a los manifestantes que corrieron por Callao. Mediante un proyecto de resolución, la frepasista Vilma Ibarra reclamó la creación de una comisión bicameral que investigue la represión ocurrida en el Puente Pueyrredón. El radical rebelde Gerardo Morales pidió la interpelación de Atanasof y del ministro del Interior, Jorge Matzkin. Para el diputado del Polo Social, Francisco “Barba” Gutiérrez, “la represión es la respuesta a la injusticia social”.
Al cierre de esta edición, el Congreso era nuevamente vallado cuando comenzaban a concentrarse estudiantes y asambleas barriales. El escenario temido por los peronistas insistía en mostrar vida propia.