El procurador general de la Nación, Esteban Righi, ordenó a los fiscales que intervienen en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura que mantengan actualizada y centralicen la información sobre esos expedientes. Mediante la resolución 68/06, Righi apuntó a desarticular la burocracia judicial, según señaló, porque “resulta necesario un sistema ágil y estandarizado de consignación de los datos de interés de las causas y de flujo de esa información de modo tal que simplifique su actualización por parte de las fiscalías federales, y su posterior sistematización y análisis por parte de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado”.

En adelante, los fiscales deberán informar los “planteos sobre la inconstitucionalidad de las leyes” de obediencia debida y punto final (aprobada por la Corte Suprema a principios del gobierno de Kirchner), así como las cuestiones vinculadas con la validez de la ley que dispuso la nulidad de ambas normas, que habían brindado impunidad a cientos de represores. En un claro gesto administrativo, la resolución adjunta, como anexo, planillas en las que los fiscales deberán consignar todos los datos de las causas: juzgado, número, situación procesal de los imputados, “si se han efectuado requerimientos de instrucción y/o de elevación a juicio, con indicación de fecha de la requisitoria e imputados comprendidos en ella, llamados a prestar declaración indagatoria, pedidos de pronto despacho y quejas por retardo de justicia”.

Los fiscales también deberán dar cuenta sobre “planteos relativos a la competencia, recusaciones y/o excusaciones, archivos dispuestos como todo otro planteo que pudiera resultar de interés”.