París y Buenos Aires aportaron ayer una piedra más a la siempre trabada introducción en el derecho internacional de una Convención Internacional que penalice la desaparición forzada de personas. Como lo vienen haciendo desde hace muchos años, ambas capitales abogaron a favor de esa convención en la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos. En una columna publicada ayer por los diarios La Croix (Francia, católico) y por Le Temps (Suiza) y firmada conjuntamente por los cancilleres de Francia y Argentina, Jorge Taiana y Philippe Douste-Blazy respectivamente, señalan que “esta convención marca un avance sustancial en la construcción de un derecho internacional al servicio del hombre”. En el mismo texto, los jefes de la diplomacia de París y Buenos Aires resaltan que “Argentina y Francia, marcadas por sus historias, comprometidas al servicio de los valores universales de los derechos humanos, se asociaron a fin de promover esta convención. Nuestros dos países llaman a todos los Estados a luchar contra el olvido y la impunidad de los criminales. (...) Está en juego la garantía moral y jurídica aportada por el sistema internacional”.

El proyecto de una Convención internacional sobre la desaparición forzada de personas tiene una historia accidentada, a la medida de los intereses que están en juego. El principio mismo de una convención fue reclamado desde finales de los años ’70 por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En 1978 la ONU introdujo un tímido texto sobre las “personas desaparecidas” (resolución 33/173). En 1983, la OEA (Organización de Estados Americanos) calificó como “crimen contra la humanidad” toda desaparición forzada (resolución 666 (XIII-0/83) ). 11 años más tarde, en 1994, la OEA hizo aprobar una convención interamericana sobre ese crimen.

La creación de la Corte Penal Internacional (1998) y la consiguiente ratificación del tratado de Roma reforzaron los textos sobre la desaparición de personas. Sin embargo, en un plano más amplio, la batalla más fuerte para que el principio fuera incorporado en el derecho internacional la libró Francia a lo largo de un cuarto de siglo. El grupo de trabajo de la ONU finalizó la redacción de la Convención sobre desapariciones forzadas en septiembre de 2005, pero su matriz específica data de 1981. En ese entonces, un coloquio organizado en la capital francesa había plasmado los ingredientes y la demanda central: dotar al derecho internacional de una convención concreta sobra la desaparición de personas.

Hicieron falta 25 años de irrenunciable actividad por parte de las ONG y de las asociaciones de familiares de desaparecidos para que el texto impregnara poco a poco los pasillos del derecho internacional. El papel preponderante jugado por París en este sentido es inobjetable. Francia fue prácticamente cada año “la autora” de la resolución anual que la difunta Comisión de los Derechos Humanos de la ONU adoptó sobre ese tema. Fue también Francia la que presidió los trabajos que, en 1992, condujeron a la Asamblea general de las Naciones Unidas a adoptar una “Declaración para la protección de personas contra las desapariciones forzadas”. Ese texto, no obstante, carecía de un carácter vinculante, es decir, obligatorio. Por último, le tocó también a París –embajador Bernard Kessedjian– dirigir el grupo de trabajo encargado de redactar un “instrumento normativo y jurídicamente obligatorio” sobre la desaparición de personas.

Es lícito recordar que tanto Francia como la Argentina comparten un pasado de desapariciones. La desaparición forzada de personas, tal como se vivió en la Argentina de la Junta Militar, fue una práctica corriente del ejército francés durante la guerra de Argelia. Los mismos cuadros militares que la usaron en Argelia la exportaron luego a América del Sur. Aún faltan muchos pasos para que la Convención internacional sobre desapariciones forzadas tenga la fuerza de una ley. En la hoy desactivada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Argentina ya hizo un aporte histórico: Buenos Aires presentó un proyecto de resolución sobre el Derecho a la Verdad, aprobado luego por 48 países. Esa resolución, en caso de violaciones a los derechos humanos, reconoce el derecho a la verdad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad. Falta un paso más para que el círculo atroz de la desaparición se cierre para siempre.