La “previa” del partido de ayer en el Congreso se vivió sesionando. La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley destinado a hacer operativa en el país la convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento, el empleo y destrucción de armas químicas, ratificada en 1995. Los diputados se dieron tiempo para homenajear en el recinto al escritor Jorge Luis Borges y a los caídos del ’55, además de votar la preferencia para la próxima sesión del proyecto sobre anticoncepción quirúrgica. La actividad había comenzado poco antes de las 11, sin necesidad de quórum porque venía de un cuarto intermedio, y cerca de las 13 todo había terminado. Con la tranquilidad de la tarea cumplida, los 168 legisladores partieron raudos hacia el televisor más cercano. Ya se sabe, la “previa” y el color de Alemania 2006 también merecen ser mirados. En el Palacio quedaron sólo los empleados que, en su gran mayoría, disfrutaron del juego.

La idea de las autoridades de la Cámara y del mayoritario kirchnerismo era evitar una baja en la actividad parlamentaria durante la Copa del Mundo. Por eso ya habían previsto que el partido de ayer era el único que, en principio, se jugaba en horario y día de sesión. Y convocaron para las 10 de la mañana, algo bastante inusual. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Cultura suspendieron sus reuniones porque nunca se superponen esos encuentros con la sesión.

El proyecto fue aprobado casi por unanimidad y contempla penas que van de 3 a 15 años de prisión no sólo para los que desarrollen o almacenen algún tipo de sustancia química prohibida por la ley, sino también para aquellos que la adquieran, la transfieran a terceros, la importen o exporten. Además, establece como autoridad de aplicación la Comisión Interministerial para la Prohibición de Armas Químicas, creada por decreto en 1997 luego de que Argentina adhirió a la Convención de Armas Químicas, hace once años. La ley que permite instrumentar la convención había sido aprobada por el Senado en 1999 pero venció su plazo para ser tratada en Diputados y por eso se volvió a presentar en 2005.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Rosario Romero (Frente para la Victoria-PJ), dijo en el recinto que la norma “pondrá a la Argentina conforme a los estándares internacionales” y posibilitará efectuar “controles multilaterales” mediante acuerdos celebrados entre países. En el debate en particular se resolvió suprimir del proyecto el artículo quinto que establecía requisitos para la adquisición o posesión de sustancias químicas para fines de represión de disturbios. Una vez acordada esta eliminación, el diputado Jorge Argüello, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores (FV-PJ), pidió que se destacara el amplio consenso que apoyaba la medida. Además, señaló que la ley que hará operativa la convención “demuestra la soberanía del país y es una contribución del Congreso a la paz mundial”. La iniciativa fue respaldada por los bloques del radicalismo, el Peronismo Federal, PRO, ARI y otras bancadas minoritarias. Sólo hubo una disidencia de la diputada del PRO Nora Ginzburg, que pretendía que la pena de prisión mínima para los infractores quedara en cinco años y no en tres como propuso la mayoría. Si el Senado lo convierte en ley, las empresas locales de químicos estarán obligadas a informar cuando produzcan sustancias que puedan ser utilizadas como armas.