Los ministros de Planificación Federal y de Economía firmaron ayer con las autoridades de Aerolíneas Argentinas y de Interinvest, su accionista principal, el acuerdo que contempla el regreso del Estado nacional como socio y partícipe de las “decisiones estratégicas” de la empresa. En contrapartida, el Estado nacional desistiría de las acciones presentadas contra las autoridades de Aerolíneas por la aprobación, sin acuerdo del director estatal, de los balances por los ejercicios 2002, 2003 y 2004. La participación que podría alcanzar el Estado nacional en una etapa inmediata sería del 20 por ciento, aunque cerca de Julio De Vido no descartan que, “en un camino progresivo”, se pueda llegar a que el Estado ostente el 51 por ciento de la titularidad de la línea de bandera. La “argentinización” de las empresas prestadoras de servicios públicos es un objetivo no compartido en todos los ámbitos del Ejecutivo, pero que es visto con simpatía por sectores de oposición de centroizquierda.

Julio De Vido y Felisa Miceli, por el Gobierno, y Horacio Fargosi, como presidente de Aerolíneas, firmaron ayer en Madrid la carta de intención que promete cambiar el destino de la empresa aerocomercial. En el acta también figura como firmante Antonio Mata, titular de Interinvest (accionista de Aerolíneas) y de Marsans (su grupo controlante), aunque más de una fuente asegura que no estuvo presente en el acto de la firma. Mata está distanciado del gobierno argentino y aseguran que el acuerdo alcanzado tiene como condición no escrita su alejamiento. El Estado nacional se apropiaría de las acciones de Aerolíneas a través de la capitalización de deudas de la empresa con el fisco, pero además aportaría fondos líquidos que son imprescindibles para sacar a la empresa de su actual estado de estancamiento. El aporte de estos fondos no iba a concretarse si Mata permanecía como administrador de los mismos.

La necesidad de una urgente inyección de capital líquido a la línea de bandera es la consecuencia de un estado de virtual cesación de pagos de la empresa, según han venido denunciando diversas fuentes gremiales. Con más de la mitad de la flota parada por no poder pagar las reparaciones ni los repuestos, sin el abastecimiento elemental de insumos como, por ejemplo, vino o agua mineral para los vuelos o incluso papel higiénico para reposición, y con deudas con cadenas hoteleras que le impiden el uso de la cuenta corriente para la estadía de tripulaciones o eventualmente de pasajeros en tránsito, hoy la empresa tiene en riesgo el cumplimiento de buena parte de sus actividades.

Junto al aporte de capital y la capitalización de deudas con el fisco, el Estado accederá a dos asientos en el directorio, cuya opinión deberá ser requerida, según el acuerdo firmado ayer, en temas tales como “aumentos significativos de capital, alianzas estratégicas u operacionales o la eliminación o reducción de servicios de transporte aerocomercial de cabotaje”. El objetivo, además de otorgarle un poder de decisión real al Estado en la nueva configuración de la empresa, es detener el proceso de achicamiento de servicios que se viene produciendo en los últimos años por el abandono de rutas y frecuencias por parte de la empresa.

“El interés económico de la empresa a veces se enfrenta al interés social de la prestación del servicio público, y eso es lo que viene ocurriendo con Aerolíneas Argentinas en estos años”, comentó a este diario Ariel Basteiro, dirigente del personal aeronáutico y ex diputado nacional por el socialismo. Basteiro juzgó como un hecho positivo que el Estado nacional recupere una participación significativa en Aerolíneas, al igual que días atrás lo hiciera en Aeropuertos Argentina 2000 y antes en AySA (ex Aguas Argentinas) y el Correo Argentino.

Esta incorporación de representantes del Estado y el otorgamiento de atribuciones se concretará “en la próxima asamblea ordinaria/ extraordinaria de Aerolíneas Argentinas SA”, cuyo orden del día contemplaría la aprobación de los Estados Contables del último ejercicio (2005), el aumento y modificación del capital social de modo que las acciones Clase A (del Estado) alcancen una participación de entre el 5 por ciento como mínimo y hasta el 20 por ciento y una modificación del estatuto social de la empresa. Sin embargo, se prevé que el aumento de participación de las acciones clase A hasta el 20 por ciento del capital podría concretarse en asambleas posteriores.

El acuerdo firmado entre Aerolíneas y el Estado nacional habilitará, a su vez, a la concreción de un viejo anhelo de la empresa: poder abrir su capital a la bolsa. Tal propósito quedó explicitado en el mismo acuerdo, en el que “las partes” se comprometen a promover “los trámites necesarios para la oferta pública de acciones”.

Ricardo Cirielli, subsecretario de Transporte Aerocomercial, fue el principal impulsor de la recuperación de la participación del Estado en Aerolíneas. Enfrentado con Mata, hoy se siente en su momento triunfal. Sus allegados aseguran que va por más, convencido de que el Estado podría llegar a capturar el 51 por ciento de la compañía aérea. Un deseo que no todo el gabinete nacional comparte.