El ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy involucró públicamente a Carlos Menem en el pago ilegal de 400.000 pesos a Carlos Telleldín sugiriendo que se hizo por expresas instrucciones del entonces presidente. Sin embargo, en el escrito real presentado ayer ante el juez Ariel Lijo hizo casi lo contrario: sostuvo que el mismo día del atentado a la AMIA recibió la orden de Menem de apoyar la investigación del ataque, pero afirmó que respecto del pago no consultó al riojano ni a ningún par o a un subalterno. Literalmente, intentó desvincular al ex presidente. Lo más probable es que Anzorreguy sea procesado por peculado, que tiene una pena de dos a diez años de prisión, aunque no irá preso hasta el juicio porque obtendría el beneficio de la excarcelación. La semana que viene declara el que fuera juez del caso AMIA, Juan José Galeano. A partir de ese momento, Lijo deberá decidir si avanza sobre el poder político en la investigación por las irregularidades y maniobras cometidas en la pesquisa del atentado (ver aparte).

Anzorreguy estuvo ayer a las 9.15 en los tribunales de Comodoro Py y entregó un escrito como forma de responder a los cargos por el delito de peculado, que consiste en sustraer dinero público. El juez Lijo no le hizo ninguna pregunta, ya que existen 300 pruebas en el expediente y, entonces, todo se reducía ayer a que el ex jefe de los espías ejerciera su defensa.

El ex titular de la SIDE hizo trascender ayer distintos párrafos del escrito que presentó ante el juez. En un comunicado emitido por allegados a su defensa explicó:

- La SIDE tomó parte de la investigación del atentado como policía preventiva ante el peligro de un tercer atentado y como policía a la orden del juez.

- Existía orden precisa del presidente de prestar máxima colaboración en la investigación judicial.

- El ex juez Galeano requirió de la SIDE la entrega de 400.000 pesos. Ante ese pedido sólo correspondía evaluar las posibilidades fácticas y funcionales de cumplimiento y limitarse a actuar como colaborador del juez por expresa disposición del propio magistrado y del presidente.

- Dijo que no tuvo otro camino que entregar el dinero solicitado por tres razones: por ser la SIDE colaborador del juez, por las leyes específicas de inteligencia que reglamentaban el deber de colaboración y por disposición del magistrado actuante y decisión del entonces presidente.

- Anzorreguy recordó que en el juicio oral por el caso AMIA explicó que Galeano le solicitó una reunión en la que le manifestó que “la causa se encontraba atascada, la familia de Telleldín amenazada y que debía garantizar su seguridad con el objeto de que éste declarara lo que hasta ahora había omitido”.

- El dinero salió de los fondos reservados de la SIDE, que estaban amparados por la obligación del secreto. El asiento contable se efectuaba en forma mensual y el control sobre la conveniencia u oportunidad del gasto quedaba reservado al presidente de la Nación de quien se dependía jerárquicamente.

En ese texto de dos carillas difundido públicamente ayer por Anzorreguy se menciona a Menem en seis oportunidades. Esto llevó a interpretar que el ex jefe de la SIDE le endilgó buena parte de la responsabilidad del pago, aunque el protagonismo está asignado al ex juez Galeano. El resumen que surge del comunicado es que Galeano hizo toda la negociación con Telleldín y Anzorreguy sólo se enteró de que el acusado pedía dinero para proteger a su familia y entregó el dinero porque era su deber. Aunque sugiere que Menem supo de la operación, una lectura fina no puede descartar que Anzorreguy dice que actuó por una orden general de colaboración con la pesquisa dada por el ex presidente. En el texto real entregado al juez, de casi 200 páginas, Anzorreguy no deja dudas. Afirma que no consultó nada a Menem y que agarró el dinero de la SIDE y se lo dio a Galeano sin deliberar con su superior ni con sus pares ni con sus subalternos. O sea que se hace cargo de la entrega del dinero, afirmando que estaba dentro de sus facultades y obligaciones.

La declaración de Anzorreguy será confrontada en las próximas semanas con las 300 pruebas que surgen del expediente, entre ellas las recogidas durante el juicio oral y las que derivan de los fallos del Tribunal Oral y del fallo de la Cámara de Casación, ambos muy críticos de lo que hizo el Ejecutivo en tiempos de Carlos Menem en la causa AMIA. A esto hay que agregar elementos que surgieron del proceso realizado en el Consejo de la Magistratura, y que con votaciones casi unánimes, destituyó al juez Galeano por las irregularidades del caso AMIA, en especial el pago a Telleldín.

La mirada del Tribunal Oral, el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Casación es la siguiente:

- El pago de 400.000 pesos no fue para obtener información sobre el atentado sino para armar una declaración falsa de Telleldín e imputar a los policías que de inmediato fueron detenidos.

- La prueba de que esa declaración fue falsa se ve en los videos en los que aparece el juez dialogando con Telleldín y en el que, de alguna forma, le dicta las respuestas que debe dar. Incluso le señala una foto que debe reconocer y que se corresponde con un subcomisario vinculado al posteriormente sindicado como principal detenido, Juan José Ribelli.

- El Tribunal Oral llegó a calificar la maniobra sosteniendo que fue hecha “al servicio de políticos inescrupulosos”, o sea que tuvo la finalidad política de darle culpables truchos a la sociedad.

- En la SIDE había un sector, encabezado por el hoy todopoderoso Jaime Stiusso, que opinaba que la pista de los policías era falsa y, según contó en el juicio oral, se manifestó en contra del pago, incluso sosteniendo que debía hacerse de a poco e ir verificando lo que Telleldín decía.

- Por todo eso y porque no quedó asentado en el expediente, el Tribunal Oral, la Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura consideraron que un pago ilegal, es decir se sustrajeron caudales públicos.

Por el escrito del ex Señor Cinco, la responsabilidad de casi todo recae en Galeano. Anzorreguy asegura que él no sustrajo dinero de los caudales públicos sino que se los entregó al juez y que eso estaba dentro de sus facultades. Incluso el secreto del movimiento de los 400.000 pesos estaría justificado.

Habrá que ver la evaluación de las pruebas que hará Lijo sobre estas explicaciones. Parece improbable que considere que Anzorreguy estaba obligado a entregar el dinero al juez casi sin pedirle explicaciones y sin percibir que se trataba de un pago ilegal. Si esa es la conclusión de Lijo, Anzorreguy terminará procesado por peculado y, tras el proceso de apelaciones, habrá un juicio oral donde se jugará su suerte. En el improbable caso de que el juez considere que el centro de todo fue el ex juez Galeano y tal vez en los fiscales, mientras que el Ejecutivo, a través de Anzorreguy, actuó sólo de apoyo, el futuro del ex jefe de espías será más aliviado.

El mayor de los trasfondos –según opinaron el Tribunal Oral y Casación– está en discernir si en el caso AMIA hubo una maniobra judicial protagonizada por un juez, dos fiscales y algunos abogados o una maniobra política del máximo nivel con actores principales –el Presidente, algún ministro, el Señor Cinco, dirigentes de la comunidad judía– y actores de reparto, aunque importantes, como el juez y quienes lo rodeaban.