Uno de los grandes interrogantes de la causa por las irregularidades del caso AMIA es si el juez Ariel Lijo avanzará hacia lo que fue el poder político, es decir si el pago de 400.000 dólares fue sólo parte de una maniobra política para entregar culpables truchos a la sociedad. Esto último se encuadraría en términos legales en privación ilegal de la libertad, un delito más grave y que fue señalado por el Tribunal Oral y por el propio juez Lijo, aunque únicamente en contra del ex juez Galeano. Quienes conocen al magistrado sostienen que utilizará la estrategia de Mostaza Merlo: “paso a paso”. Primero determinará si hubo peculado o no y luego podría avanzar o no sobre lo que el Tribunal Oral llamó “los políticos inescrupulosos” y otros denominaron la teoría del complot.

Si ayer Anzorreguy hubiera dejado en claro que consultó el pago ilegal a Telleldín con Menem, lo más probable es que Lijo hubiera citado al propio riojano a declarar. El perfil político de la maniobra hubiera quedado claro. Sin embargo, es seguro que el juez no llamará a Menem porque todavía no tiene pruebas en su contra.

Aún falta que declare el propio Galeano y habrá que evaluar lo que digan los fiscales del caso AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia, más los elementos que existen dentro de la causa y que provienen de seis años de aportes de los familiares y amigos de las víctimas agrupados en Memoria Activa, las presentaciones de los abogados de los policías que estuvieron presos y los elementos y posturas que surjan de los fiscales Carlos Cearras y Patricio Evers.

Quienes transitan los pasillos de Comodoro Py creen que Lijo puede avanzar sobre la teoría del complot y la privación ilegal de la libertad sobre la base de algunas pruebas que existen –pero que él considera todavía insuficientes– y otras que vayan apareciendo: “No es un magistrado que se tire a la pileta, haga una movida espectacular citando a alguien, después dicte una falta de mérito y la cosa quede en nada. Citará a Menem o a quien sea con las pruebas en la mano, si es que las tiene”.

Como es obvio, los familiares creen que las irregularidades en el caso AMIA tuvieron su origen en una maniobra política en la que convenía tener culpables truchos para calmar a la sociedad, mejor aún si esos imputados provenían de la policía del archienemigo Eduardo Duhalde. La cuestión tenía el agregado de que en la investigación aparecieron enorme cantidad de delitos que cometían los policías y, sobre todo, se amortiguaba un poco la idea de que los atentados fueron un vuelto por la política internacional de Menem de haber participado de la Guerra del Golfo. En ese marco, se avanzó por la pista de los policías, aunque hubiera evidencias de que no cerraba y se hizo un pago ilegal para sostenerla.