En el primer juicio oral a un represor tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, la Justicia le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria al ex comisario Miguel Etchecolatz y ordenó que lo trasladen a una cárcel común. Los integrantes del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata tomaron la decisión luego de que los abogados querellantes denunciaran que el comisario tenía un arma en su vivienda. Los jueces consideraron que “no puede estar en su casa”, con “una Browning 9 mm”, un individuo “condenado entre otras penas a veintitrés años de prisión por gravísimos delitos, e imputado en el actual juicio por gravísimos hechos criminales”.

Etchecolatz, quien vivía en un chalet del bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, ya fue llevado a la cárcel de Marcos Paz. En esa unidad penal hay un módulo especial para represores, que compartirá con el ex policía Julio Simón, alias “el Turco Julián”, quien también enfrentará a partir de la semana próxima un juicio por crímenes cometidos durante la dictadura.

Etchecolatz, quien fue la mano derecha de Ramón Camps en la Policía Bonaerense, es juzgado en La Plata por cinco asesinatos, siete secuestros y aplicación de tormentos. En 1986 había sido condenado a veintitrés años de prisión, que no cumplió por la ley de Obediencia debida. En marzo del 2004 fue nuevamente sentenciado, esta vez a siete años, en una causa por robo del bebés, un delito no amparado por las leyes de impunidad. Pasó un tiempo en Devoto, pero en septiembre la Cámara Federal platense le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. También al iniciarse este último juicio el juez de instrucción le permitió seguir en su casa.

Ayer, dos de los jueces que integran el Tribunal Oral Número 1, Carlos Rozanski y Norberto Lorenzo, revocaron esa medida. En el fallo señalaron que “si un detenido con un régimen de prisión domiciliaria puede perder el beneficio e ir a la cárcel por el solo hecho de salir para jugar al tenis o ir a comprar pan, repugnaría al más elemental sentido de equidad que no lo perdiera quien posee en su casa una Browning 9 mm de Fabricaciones Militares”. El tercer integrante del tribunal, Horacio Alfredo Insaurralde, votó en disidencia por mantener el arresto domiciliario.

El traslado a una cárcel común había sido reclamado por el abogado Alejo Ramos Padilla, representante de María Genoveva Dawson de Teruggi y María Isabel Chorobik de Mariani, la madre y la suegra de Diana Teruggi, por cuya desaparición y muerte está siendo juzgado Etchecolatz.

Diana, una estudiante de Letras de 26 años, fue asesinada en 1976 en la ciudad de La Plata junto a tres compañeros de militancia, en un operativo que comandaron Camps y Etchecolatz. Aquel día, el grupo de tareas bombardeó durante cuatro horas la casa en la que Diana vivía con su hija Clara Anahí, de dos meses, y su pareja, Daniel Mariani, un economista de veintiocho años. En el lugar funcionaba una imprenta montonera, aunque bajo la apariencia de una fábrica de conservas en escabeche. La casa fue acribillada hasta que las paredes quedaron negras; para quebrar la resistencia que opusieron desde dentro de la vivienda, los militares tiraron finalmente una bomba de fósforo. Diana intentó huir por el patio del fondo con su niña en brazos, pero fue ametrallada. Cayó protegiendo con su cuerpo el de la beba, que sobrevivió y fue apropiada. Su abuela todavía la busca.

Armado y sin custodia

La historia de cómo le descubrieron el arma a Etchecolatz viene de otro camino. Ocurrió en julio del 2001, debido a que el comisario no le pagó los honorarios al ex juez federal Juan Ramos Padilla, abogado de Alfredo Bravo en un juicio por calumnias e injurias que Bravo le ganó al represor.

Pasados tres meses sin cobrar sus honorarios, Ramos Padilla se presentó en el domicilio de Etchecolatz junto con un oficial de justicia en busca de bienes que embargar. Descubrieron que el represor no tenía custodia a pesar de estar bajo arresto domiciliario; también la Browning en el interior del departamento. Etchecolatz, recordó el abogado Alejo Ramos Padilla, hijo del ex juez, reaccionó ante el descubrimiento con una amenaza: “Tengo blanco. ¿Dónde lo quiere, en el pecho o en las piernas?”, los provocó.

La pistola fue embargada, pero quedó en poder de Etchecolatz, en carácter de depositario. El jueves, luego de que Ramos Padilla denunciara el hecho, la suegra del represor entregó la pistola a la Policía Federal. El tribunal anunció que la tenía ahora bajo su custodia. “No me consta que no tenga más armas”, replicó Ramos Padilla.

El reclamo de que pase a una cárcel común fue respaldado por todos los querellantes. En el juicio oral, que se extenderá durante tres meses, Etchecolatz está acusado de la muerte de Diana Teruggi; la privación ilegal, torturas y homicidio de los desaparecidos Patricia Dell’Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado, y los secuestros y tormentos de los sobrevivientes Jorge López y Nilda Eloy.