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Los mismos jueces y camaristas federales que contaron a este diario la reunión en la que el Secretario de Inteligencia del Estado Carlos Soria reclamó la detención del ex ministro Domingo Cavallo y de los banqueros Eduardo Escasany, José y Carlos Rohm, lo negaron en sus deposiciones judiciales. A los efectos de preservar la reserva de las fuentes, quedará librada a la perspicacia de cada lector la identificación correspondiente. Sin alternativas, en un caso o en el otro, no fueron fieles a la verdad. La trascendencia de esta comprobación es mayúscula, en el caso de funcionarios cuya tarea cotidiana es establecer la verdad de los hechos sometidos a su consideración.
Los textos firmados por los jueces procuran cubrir la responsabilidad del ministro a cargo de la inteligencia estatal y la omisión propia de denunciarlo. Dicen que sólo habrían discutido la participación del fuero federal en el control del orden público que habría estado amenazado en la primera quincena de enero de este año, según un informe de la SIDE similar al que esta semana Soria presentó para justificar la represión a los piqueteros. En cambio, nada se habría hablado de la detención de Cavallo y los banqueros. La solitaria excepción de Jorge Urso, quien admitió que los hechos se desarrollaron tal como este diario los narró el 7 de abril profundiza el mayor escándalo de promiscuidad judicial con el poder político que haya quedado documentado. Por el momento, sólo ha dado lugar a la solicitud de juicio político contra el juez federal Claudio Bonadío y contra el fiscal Oscar Amirante. Por instruir un expediente en el que tenía interés ya fue destituido el juez federal de Mendoza Luis Leiva. En este caso, uno de los asistentes a la reunión, que de haber un delito podría ser testigo o imputado, instruyó la causa como juez. Lo hizo sin cumplir con los ritos establecidos en el Código Procesal Penal. Recibió de los demás asistentes declaraciones que no se acomodan a ninguna de las hipótesis del Código, lo cual podría protegerlos de una denuncia por falso testimonio, solicitó informes a quienes no habían participado, se negó a excusarse y recién se inhibió (invocando repulsión moral) después de recibir una “presentación espontánea” del propio Soria. Antes de desprenderse del paquete bien atado, brindó su propio testimonio de los hechos, pero la firmó sobre su sello de juez. Lo ayudaron varios de sus colegas que omitieron su nombre entre los concurrentes o declararon que había llegado sobre el final.
Sobremesa
Las repercusiones de la causa tienen sobre ascuas al fuero político de la justicia nacional. Sólo los jueces Norberto Oyarbide y María Servini estuvieron ausentes en la reunión de enero. Todos los demás declararon que no sabían de antemano que Soria asistiría, pero tanto Oyarbide como Servini los desmienten, en conversaciones privadas. Porque lo sabían, no acudieron, afirman. El propio Soria adujo que fue invitado por Luisa Riva Aramayo a la reunión que se realizó en el domicilio de esa camarista. Ella no lo confirma en su declaración, y el juez federal Juan Galeano dice que desde la SIDE lo llamaron para pedirle la dirección de la jueza, lo cual pone en duda la presunta invitación. Estas y otras contradicciones habrían sido más difíciles de ocultar si los jueces hubieran declarado como testigos o imputados y un juez independiente hubiera podido interrogarlos acerca de las circunstancias concretas.
En cuanto apareció la nota de Página/12 comenzó una serie de reuniones entre los jueces federales para determinar quiénes habían filtrado la información y discutir qué harían ante el escándalo. La primera se realizó en un restaurante de la Costanera, donde discutieron hasta ser evidentespara el público. Como temían, por denuncia de un particular se abrió una causa titulada “Soria, Carlos s/coacción”, que por sorteo cayó en un juzgado a cargo de Bonadío. Como asistente a la reunión, era obvio que debía excusarse de actuar. Sin embargo, dio vista al fiscal Oscar Ricardo Amirante. Las opiniones estaban divididas sobre el criterio a seguir. Urso planteó que Bonadío debía delegar en el fiscal la instrucción de la causa, encaminada a comprobar si hubo un delito y quiénes lo cometieron. Esa delegación está contemplada en el artículo 196 del Código Procesal Penal y hubiera permitido omitir por el momento cualquier imputación a Soria. Sus colegas se opusieron, de modo que Bonadío giró la causa al fiscal de acuerdo con el artículo 180, el cual obligaba a desestimar la denuncia o imputar a Soria. Galeano, quien conserva con la SIDE la relación especial que desarrolló durante la gestión de Hugo Anzorreguy, aportó una solución: en vez de requerir que se iniciara la acción penal, el fiscal podía solicitar a los asistentes declaraciones informativas con el mero fin de establecer si la reunión había existido y quiénes habían concurrido. Por eso Amirante aclaró en su primer escrito, del 7 de mayo, que no solicitaba declaraciones testimoniales. Además de evitar posibles juicios por falso testimonio esto demoraría el momento en que Bonadío debía declararse incompetente. El oficio modelo fue firmado por Galeano, quien consultó detalles con Bonadío. Luego lo circularon a los demás. El único que rehusó fue Canicoba.
No sabe, no contesta
A raíz de la nota, Servini había sido recusada por el banquero Carlos Rohm. El 29 de abril rechazó la recusación y una semana después envió a Bonadío copia de esa resolución. Afirma que no sabe si se realizó la reunión de los jueces con Soria pero que en todo caso ella no asistió, cosa que ya había consignado la nota de este diario. Explicó que las actuaciones por lavado de dinero y vaciamiento del Banco General de Negocios, de los hermanos Rohm, eran muy anteriores “a la supuesta y cuestionada reunión” y que las pruebas decisivas que condujeron a la detención de Rohm recién se encontraron en allanamientos realizados el 30 de enero. Además, agrega que nunca ordenó la detención de Escasany, pese a que investiga su conducta en otra causa. Sí admite haber asistido una mañana de enero a una reunión de jueces en casa del administrador de la Corte Suprema, con la presencia de los ministros Julio Nazareno y Eduardo Moliné, en la que “se trataron temas atinentes a la seguridad y a los tumultos que estaban teniendo lugar en la vía pública”. Pero como su juzgado recién entraría en turno en junio, no prestó mayor atención.
Opinión profesional
Galeano dijo que se comunicó el 15 de enero con Soria y con el jefe de la Policía Federal para conocer sus “previsiones de desborde social” porque al día siguiente entraba en turno. Describe la inestabilidad institucional a partir del 19 de diciembre, las manifestaciones, las muertes de civiles y la existencia de grupos que buscarían provocar la reacción policial. Había protestones legítimos e infiltrados que buscaban el desborde. Galeano asigna “carácter absolutamente funcional” (sic) a la cita matutina, que no se produjo en sede judicial, sino en la casa del secretario administrativo de la Corte Suprema y en la que los ministros Julio Nazareno y Eduardo Moliné “nos retransmitían la inquietud” del Poder Ejecutivo. Que esto se describa como funcional revela el estado al que han llegado las cosas. Galeano narra que resolvieron responder con lo que llama una “opinión profesional”: la información reunida por la SIDE podría entregarse al ministerio público para que con ella los fiscales iniciaran causas penales. También había otra “solución no querida por ninguno de los presentes”, para el caso “de gravísima conmoción interior, con desbordeanárquico de las instituciones fundamentales”: la declaración del estado de sitio. Luego de recibir el llamado de la SIDE, Galeano informó a los presentes que vendría el Secretario de Inteligencia “para explicar la gravedad de la situación”. Agrega que Bonadío y Torres llegaron “casi al final”. Soria se refirió a los “problemas económicos que habían desencadenado el panorama crítico que socialmente se presentaba y sus eventuales responsables políticos”. Allí se analizó un tercer curso de acción, previsto en el artículo 18 de la ley de inteligencia: el suministro de informaciones y pruebas de la SIDE a los jueces sobre supuestos delitos “en procura de individualizar a los elementos distorsivos de los legítimos reclamos populares” (sic). Galeano no advirtió “ninguna coacción o amenaza” si bien Soria planteó “frontalmente, conforme a su estilo,” sus “particulares puntos de vista sobre la realidad económica y sus eventuales responsables políticos”.
Oh casualidad
Para Rodolfo Canicoba Corral la presencia de Soria fue “casi casual” (sic) y “no escuché sugerencia alguna referida a la intención del gobierno de apresar a determinadas personas”. Más aún, “en ningún momento oí o interpreté que se requiriese de los jueces allí presentes (a los que no individualiza) su concurso para detener a banqueros, políticos y menos aún (sic) a determinadas personas como el doctor Domingo Felipe Cavallo”. Con rotundas mayúsculas Canicoba concluye: “DESMIENTO haber recibido cualquier tipo de indicación, extorsión, amenaza o cosa por el estilo para hacer o no hacer cosa determinada en causa alguna sometida a mi jurisdicción”.
Gabriel Cavallo sostiene que la presidencia de la Corte convocó de urgencia a “todos los jueces y camaristas federales de la Capital” para tratar “la situación de violencia y conmoción social”, dato que contradicen aquellos que no fueron invitados ni informados. Menciona “un entredicho” con Soria, “que fue aclarado satisfactoriamente” luego del cual “me retiré”. Cavallo menciona a todos los asistentes, con una llamativa excepción: justamente Bonadío, a cargo del expediente. Concluye que “nunca fui coaccionado o presionado de alguna forma” por Soria, “así como tampoco se me solicitó que privara de su libertad a persona alguna, en violación a las normas del debido proceso”. Tampoco advirtió que Soria cometiera delitos que obligaran a una denuncia penal. En la declaración más breve, Jorge Ballestero justifica su asistencia porque estaba de turno. Soria realizó “un breve y sombrío panorama” pero “no me sentí coaccionado ni intimidado por ninguna de las manifestaciones de aquél”.
El rol de cada poder
Los miembros de la Sala II de la Cámara Federal Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi respondieron en conjunto con un escrito durísimo. Expresaron “sorpresa” por el procedimiento seguido, en el que el fiscal inició las actuaciones sin formular el requerimiento de ley. Destacaron la incongruencia de la solicitud de una declaración que no es testimonial ni indagatoria, sobre una reunión en la que no estuvieron ellos pero sí el juez que los interroga. Aun así, afirman que no obstaculizarán la búsqueda de “la verdad real de un acontecimiento que, además de importar una posible violación a normas penales, constituye un verdadero agravio a la independencia que debería regir la conducta de los jueces en su relación con otros poderes del Estado y a la debida imparcialidad frente al caso concreto”. Luego transcriben la información periodística sobre las reuniones en las que, destacan, participó Bonadío. “No fuimos convocados ni conocimos sus pormenores”, dicen. “Tampoco fuimos informados con posterioridad”. Concluyen que es “útil reafirmar, especialmente en momentos de crisis, que resulta indispensable sostener el rol constitucional de cada uno de los poderes del Estado, y el de losjueces es el de la aplicación de la ley con independencia e imparcialidad”. Como conclusión, enviaron todos los antecedentes al Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación, lo cual implica recomendar el juicio político de Bonadío y Amirante. En términos similares se expresa Horacio Vigliani, el único miembro de la Sala I de la Cámara Federal que no fue invitado a las reuniones. Sugiere reencausar “los roles y actos procesales” con “una mejor ortodoxia”, según los artículos del Código Procesal Penal 180 (el fiscal debe requerir) y 55 (Bonadío se debe excusar). Bonadío acusó a los camaristas de enemistad. Sergio Torres no se priva de recordar que es el primer juez elegido por el Consejo de la Magistratura. Dice que aquella reunión fue su primer encuentro con sus colegas y con los jueces de la Corte, que lo citaron para analizar la situación institucional, lo cual “despertaba mi interés, como magistrado y como ciudadano”. Llegó tarde y allí conoció a Soria. “Mientras estuve presente” no “escuché ninguna circunstancia disvaliosa que exigiera la realización de una denuncia”. Riva Aramayo dice que ofreció su casa para la segunda reunión, pero no menciona haber invitado a Soria quien, al llegar, ya conocía el contenido de la primera. Fue un “encuentro estrictamente laboral” (sic) que diversas publicaciones “intentaron cubrir de un manto de sospecha”, para lo cual incorporaron “circunstancias relacionadas con cuestiones políticas o persecuciones personales”. Pero “en ningún momento se exigieron tales actos ni fui testigo de ninguna otra solicitud o presión”.
El tibio relato de Jorge Urso parece reluciente de nitidez en comparación con el resto de los testimonios no testimoniales. “Soria se interesó por la marcha de algunas causas que tramitaban algunos de los magistrados allí presentes, habida cuenta de la volubilidad de la ciudadanía respecto de algunos actores de la escena política, por ejemplo, habló con el doctor Ballestero sobre la causa que el juez instruía con motivo del canje de bonos de la deuda pública, que en el lenguaje coloquial dio en llamarse el megacanje”, dice. Esa es la causa en la que Elisa Carrió acusó a Cavallo y los banqueros. Urso, quien recrimina a Ballestero algunas filtraciones periodísticas, agrega que él no se sintió coaccionado por Soria porque en su juzgado no hay “causa alguna respecto de los mencionados”. Consigna que tampoco escuchó a Soria “presionar a ninguno de mis colegas”, pero no identifica a los asistentes ni nombra a Bonadío, reiterada omisión que cuesta creer casual. Urso es también el único que menciona el argumento central de Soria para reclamar dosis crecientes de autoritarismo en la represión del conflicto social: la presunta infiltración de las FARC.
Misión cumplida
Recién una vez recibidas las respuestas, Bonadío delegó la instrucción en el fiscal y el 10 de junio Amirante solicitó el apartamiento de Bonadío como juez de la causa, pidió su declaración como testigo y resolvió imputar a Soria. El 14, Soria entregó una “presentación espontánea” a Bonadío. Dijo que tenía la responsabilidad legal de colaborar con los jueces que lo requieran en el esclarecimiento de delitos complejos que conmueven a la sociedad y que en la primera quincena de enero recibió más de 500 oficios judiciales y que debía reglamentar la ley de inteligencia, pero no explicó que relación habría entre esas rutinas funcionales y los encuentros colectivos con jueces en domicilios particulares. Tampoco profundizó cuál sería la “labor desarrollada en conjunto con los órganos judiciales”. Acaso sin reflexionar sobre las implicancias de lo que decía, agregó que lo mismo hacían sus antecesores. (El caso más notorio es el de Anzorreguy, que tenía jueces a sueldo del Poder Ejecutivo). “Ello en modo alguno puede entenderse como una injerencia o intromisión” ya que es “el natural desarrollo mancomunado de actividades propias de las institucionesdemocráticas que sostienen la República”, agregó. Según Soria “jamás exigí, requerí o sugerí a juez alguno, que hiciera o dejara de hacer algo relativo a sus funciones, ni menos aún que adoptara cualquier tipo de decisión respecto al encarcelamiento de Domingo Cavallo, los hermanos Rohm y/o Escasany o que dirigiera a ellos en forma directa o velada, amenaza alguna respecto de la estabilidad en sus cargos”. Una vez incorporado el escrito de Soria, Bonadío sintió llegado el momento de inhibirse de actuar. Con la satisfacción del deber cumplido invocó “graves motivos de decoro” a raíz de la recusación presentada por los abogados de Domingo Cavallo, quienes dijeron que “no podría en su carácter de juez investigarse a sí mismo”. Si el objeto de la investigación es el pedido de Soria a los jueces de encarcelar a Cavallo y los banqueros “de ese hecho no soy testigo”, dice. Añade que en su juzgado no hay causas que involucren al ex ministro ni a los banqueros. Según Bonadío se trata de una “maniobra defensista” que carece de “seriedad y trascendencia”. Por eso, rechazó la recusación, pero se inhibió, ofendido por “la ignominia de la mentira sistemáticamente declamada”, que le produce “fatiga moral”. Hace diez días el fiscal adjunto Ricardo Marijuán rechazó la inhibitoria de Bonadío. Agregó que sus apreciaciones sobre la reunión debía hacerlas en una declaración testimonial, en la que el ministerio público pudiera interrogarlo sobre la cuestión de fondo e insistió con la recusación. Si se admitiera la pretensión de Bonadío otro de los jueces asistentes a la reunión podría recibir la causa sin que el fiscal pudiera recusarlo, dijo. Bonadío insistió en la inhibición por violencia moral y Amirante recurrió en queja a la Sala II de la Cámara Federal, que ahora debe decidir. El principal temor de los jueces es que luego de una cadena de inhibiciones, la causa termine en manos de Oyarbide, quien les hizo saber que será tan solidario con ellos como ellos lo fueron con él durante su propia suspensión y juicio político. Sólo acepta recibirlos en su despacho, donde los equipos de filmación los maneja él.