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Se hace muy difícil separar la paja del trigo: los datos reales acerca de presentes y futuras conspiraciones, con los innumerables rumores que siembran a diario los nunca desarmados servicios de inteligencia. La última especie es que podría producirse otro “salto cualitativo” en la evidente escalada hacia la criminalización del conflicto social. Tenebroso objetivo por el que bregan algunos medios de comunicación de extrema derecha vinculados, pragmáticamente, al menemismo, al establishment y a los núcleos más represivos del actual gobierno. Y ese “salto cualitativo”, que llevaría al paroxismo el clima luctuoso alcanzado esta semana por la masacre anunciada de Avellaneda sería, de acuerdo con ciertos augures, “una boleta grossa”, es decir, un magnicidio. El secuestro o asesinato de una figura nacional de primer nivel. Una versión, ojalá que delirante e infundada, habla del ex presidente de la Nación Raúl Alfonsín.
Según un rumor no confirmado que circuló restringidamente en algunos medios políticos, poco antes de su renuncia a la banca de senador, Alfonsín habría instruido a su custodia personal para que “lo maten ellos mismos antes que dejar que se lo lleven secuestrado”. El ex presidente –según esta especie– temería ser “el Aldo Moro argentino”. Como seguramente recordarán los lectores, el ex premier italiano Aldo Moro fue secuestrado y asesinado en 1978 por las Brigadas Rojas, después de que sus correligionarios del gobierno demócrata cristiano lo dejaran abandonado a su suerte. Algunos periodistas y escritores italianos especularon con la índole real del grupo que lo ejecutó. Leonardo Sciacia llegó a la conclusión de que su muerte era curiosamente funcional a los intereses de otros dirigentes de la DC, como Giulio Andreotti.
Es altamente probable que la versión sea un delirio que hasta podría agigantar la alicaída figura del dirigente que –según algunos– naufragó en sus dos Pactos de Olivos: el que suscribió con Menem y el que dio origen al interinato de Eduardo Duhalde. Pero vale la pena consignarla para medir el carácter inquietante de los murmullos que se desgranan en los corredores del poder.
Lo que excede el nivel del murmullo para trocarse en peligrosa cantilena de ciertas autoridades civiles y militares, del establishment asustado y de ciertos empresarios del periodismo es el intento, cada vez más temerario, por “contener” (reprimir) un “eventual desborde social”, es decir, de imponer una forma aggiornada, fujimorizada de terrorismo de Estado, que usaría la vieja excusa del “terrorismo” empleado para imponer la dictadura del capital financiero en 1976. Como ahora no existen ni el ERP ni Montoneros sino, apenas, 18 millones de pobres, algunos pretenden resucitar “la subversión”.
Es el caso claro del canciller Carlos Ruckauf, a pesar de la pintoresca desmentida a la revelación de sus diálogos con los aviadores, que el dirigente publicó el jueves en este diario. Es también el caso del jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, que se desbordó en el insulto al diputado Luis Zamora, al que calificó de “infame oportunista”. Dejando en el legislador y en algunos observadores el mal sabor de una amenaza personal que retrotrae a los tiempos de la Alianza Anticomunista Argentina, engendrada, como se recordará, en el gobierno “constitucional” de María Estela Martínez de Perón, durante el cual el famoso grupo parapolicial asesinó a mil quinientos ciudadanos. Un dato histórico que algunos dirigentes justicialistas tratan siempre de soslayar. Es el caso, por último, de Eduardo Duhalde y sus principales colaboradores, que atribuyeron los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki “a peleas de piqueteros”, hasta que fotógrafos y testigos valientes desmoronaron la historia oficial y obligaron al Presidente (¿transitorio?) a ponerse al frente de los buscadores de la verdad.
La gran mayoría de los medios fueron cómplices de este nuevo intento por culpar a la víctima, desde el previsible Daniel Hadad hasta el neodemocrático Mariano Grondona. Desde luego que Hadad y su huestes se llevaron las palmas. El miércoles por la noche, en “Después de hora”, Eduardo Feinmann hizo una exhibición de conocimientos armamentísticos, que hubiera sido risible de no mediar una tragedia. Exhibió ante las cámaras un “tumbera”, suerte de doble caño metálico que serviría tanto para tocar el bombo como para disparar un cartucho de escopeta. Curiosamente nada de eso se les encontró a los piqueteros detenidos en Avellaneda (como se puede comprobar en esta misma página).
En BAE, el diario financiero de Hadad, que dirige su lugarteniente Antonio Laje, un tal Horacio Minotti publicó una nota policial titulada “Un ex ERP detrás de los piqueteros duros”. Minotti, que también se las da de experto, ingresa de la mano de la inteligencia bonaerense y de los muchachos de la SIDE en el terreno de la errata y el disparate. Dice textualmente: “Los grupos rebeldes que alteraron el orden y provocaron todo tipo de desmanes, desde el martes, cuentan con armas convencionales y explosivos convencionales”. Sólo que, como dice ahora el corregido informe oficial, no se conoce un solo caso en que los hayan usado. Pero al señor Laje no parece importarle mucho el caso ya probado del comisario Franchiotti y sus huestes porque BAE no trae ni una línea sobre esta noticia que fue primera de todos los diarios.
El espía Minotti, en cambio, describe un arsenal en manos de la “Aníbal Verón” que colocaría a los piqueteros a las puertas del poder: “Fusiles automáticos Klarafnicof (sic: ¿no será Kalashnicov?). Además contarían con fusiles Sigil de origen austríaco, pero de fabricación chilena, y gran cantidad de FAL (Fusil Argentino Liviano)”, amén de “granadas de mano AM42”, “bomberas” y las “tumberas Feinmann”.
Al lado de esta pieza para oligofrénicos, una tal Gabriela Pousa cuestiona “la tiranía de los violentos” con reflexiones racistas como esta: “Lo que los jóvenes encapuchados piensan -.otorguémosles el beneficio de la duda suponiendo que puedan pensar...”. Frase particularmente oportuna frente al asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Nada de esto tendría mayor importancia si no fuera porque esta campaña se vincula con algunos datos inquietantes acerca de la actividad de la inteligencia militar norteamericana en nuestro país y del cambio de viento en Washington que ya se percibió en el fallido golpe contra Hugo Chávez.
Cuerpos de elite del ejército estadounidense e instructores boinas verdes han realizado numerosos ejercicios conjuntos en estaciones ferroviarias y del subte metropolitano con grupos especiales de la Policía Federal. El 14 de junio último, de madrugada, los “boinas verdes” y el GEOF hicieron una operación conjunta de simulacro de recuperación de la embajada norteamericana. Después de este ejercicio, las tropas de elite de Estados Unidos hicieron otras maniobras, nada menos que con la Bonaerense.
El primero de este mes, el agregado militar de la embajada de Colombia, coronel Alvaro Florida Lozano, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo Matías de la Cruz, firmaron un curioso convenio por el cual van a enlazar sus computadoras para intercambiar información acerca del “narcotráfico” y el “narcoterrorismo”, los ejes del Plan Colombia. Lo curioso es que este convenio se hace al margen del Congreso, como correspondería hacerlo con un acuerdo internacional. Salvo que la provincia de Buenos Aires haya recuperado el manejo de las relaciones exteriores que tuvo en tiempos de Rosas y la Nación no se haya enterado.
Este mismo procurador Eduardo Matías de la Cruz salió ayer a respaldar al fiscal Juan José González (ver nota en esa misma página) cuando este diario reveló que había sido empleado administrativo de la policíabonaerense. “Es una suspicacia tonta”, calificó el procurador. Que seguramente volverá a descalificarnos por querer observar la información que se cruza entre su computadora y la del coronel contrainsurgente Alvaro Florida Lozano.
De momento, pese al terrible duelo, la verdad ha ganado otra batalla cívica. Pero no nos equivoquemos y bajemos la guardia: la democracia argentina vuelve a estar amenazada por el terrorismo de Estado.