El militar retirado uruguayo José Araujo Umpiérrez fue detenido ayer por orden del juez Norberto Oyarbide, quien investiga el asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman. Este magistrado, igual que su colega Guillermo Montenegro, pidió la captura internacional de represores involucrados en el Plan Cóndor.

La detención de Araujo Umpiérrez fue ordenada por el juez Gustavo Mirabal luego de recibir información que le aclaró aspectos del pedido de detención del aviador retirado que envió Oyarbide. El represor, que fue representante de la Aviación en el Servicio de Información y Defensa, fue acusado de haber coordinado uno de los vuelos en los que se transportaron detenidos políticos en forma ilegal entre Argentina y Uruguay en el marco del Plan Cóndor, entre las dictaduras del Cono Sur.

Oyarbide también solicitó la detención de los militares uruguayos Manuel Cordero, José Gavazzo y José Arab, además del policía Ricardo Medina. Los tres últimos ya están presos a pedido de la Justicia argentina, en este caso, del juez Montenegro. Ahora la Justicia uruguaya tiene que decidir si da curso a las extradiciones reclamadas desde Buenos Aires.

María Claudia García Irureta Goyena fue secuestrada en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 junto a su esposo, Marcelo Ariel Gelman, hijo del poeta. Tenía 19 años y estaba embarazada de ocho meses. Marcelo fue ejecutado y su cuerpo fue encontrado en Buenos Aires. La mujer fue llevada desde el centro clandestino Automotores Orletti a Montevideo, donde dio a luz. Pero todavía continúa desaparecida. La hija de María Claudia, María Macarena, fue encontrada por Gelman en Uruguay. Había sido entregada a un policía uruguayo.

El secuestro y asesinato de la nuera del poeta están siendo investigados por la Justicia argentina, ya que en Uruguay el caso fue archivado en base a la Ley de Caducidad, el punto final de ese país. El presidente Tabaré Vázquez había dispuesto que esa causa quedara al margen de la norma que impedía juzgar a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, pero la medida no tuvo eco en los tribunales. Por eso, Juan Gelman y su nieta hicieron un reclamo ante la OEA que el gobierno uruguayo deberá responder en un mes. La queja ante esa instancia internacional habilitará la discusión sobre la vigencia de la Ley de Caducidad, cuya derogación impulsan los organismos de derechos humanos de ese país.