La CGT avanzó ayer con el Gobierno en la posibilidad de establecer un salario mínimo cercano a los 800 pesos. No obstante, cuidó las formas y mantuvo en público su postura de elevarlo de los 630 pesos actuales a los 860 pesos necesarios para superar la línea de pobreza. Las partes –empresarios incluidos– buscarán consensuar hoy una cifra definitiva antes de la reunión del Consejo del Salario de mañana.

Hugo Moyano encabezó la delegación gremial que se reunió con Carlos Tomada. El ministro de Trabajo agasajó a los invitados con un cuadro de situación, incluyendo la propuesta que había recibido de los empresarios. Tal como informó este diario, distintas cámaras solicitaron el lunes que el incremento del salario mínimo no superara el 19 por ciento y que variara de acuerdo con la región.

En rigor de verdad, los empresarios consideraron que la mejora del salario mínimo debería ser del 9 por ciento –en concordancia con la curva de inflación desde la última reunión del Consejo–, pero que estarían dispuestos a ceder hasta el 19 por ciento, llevándolo así a 750 pesos. Además, pidieron que la cifra final que se acuerde sufra modificaciones –hacia abajo, obviamente– según la geografía. Este sistema de quitas zonales se implementó durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, en la década del ’60.

Tanto Moyano como sus compañeros de ruta, Juan Manuel Palacios y José Luis Lingeri, rechazaron de plano las dos propuestas. Ni techo de 750 pesos ni salario diferenciado de acuerdo con la región. “Los empresarios siempre han planteado a ver de qué manera les pagan mucho menos a los trabajadores y tienen mayor rentabilidad, y hasta en alguna oportunidad dijeron que los salarios generaban inflación, por lo tanto estamos acostumbrados y no lo tenemos en cuenta”, señaló Palacios.

Claro que esa muestra de inflexibilidad pública no se trasladó a la reunión de ayer. Es probable que el aumento del salario mínimo que Tomada imagina sea mayor de los 750 pesos que ponen como límite los empresarios y menor de los 860 (el índice de pobreza es exactamente 857,60) que reclaman los sindicalistas.

Una medida salomónica, con la que se suele ablandar a las partes, establecería finalmente el salario mínimo en 800 pesos. Sin embargo, algunas instancias negociadoras ponían anoche el foco en un rango un poco por debajo de ese número: concretamente entre 760 y 790 pesos.

Todo depende si lo que se acuerde será el número final o la primera porción de un aumento desdoblado. Sobre eso se tendrán que poner de acuerdo hoy el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas en la reunión de la comisión del salario, el último acercamiento antes de la reunión del Consejo del Salario de mañana. Allí estarán Moyano, Lingeri y Palacios, por la CGT, Pedro Wasiejko, por la CTA, y Daniel Funes de Rioja, Horacio Martínez, Carlos Wagner y Ovidio Bolo, por el sector empresario. El Gobierno estará representado por el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Norberto Sciaravino.

La CGT hizo saber ayer que también habrá un reclamo por mejorar las asignaciones familiares. Pero es poco probable que prospere en ese ámbito tripartito otra negociación que no fuera la del salario mínimo. Del mismo modo, la comisión sindical que visitó a Tomada fue muy dura con la propuesta empresaria para modificar la conformación del salario y así poder integrar prestaciones en especies, como por ejemplo ropa para los hijos. “Rechazamos totalmente la propuesta empresarial. No aceptamos que se pague en especies ni en cuotas”, expresó Lingeri.

Si bien ya se han generado algunas apuestas, el número final de la mejora no es lo único que despierta expectativas: también se mantiene la incógnita sobre quiénes serán los representantes sindicales y empresarios que se sentarán a negociar.

De un lado, lo que hace ruido es la eventual presencia de Luis Barrionuevo. El dirigente gastronómico pasó, en un santiamén, de enemigo público de Néstor Kirchner a motor de su reelección. La central sindical podría enviar un nuevo listado de representantes y, como lo hizo en otra oportunidad, dejar afuera al controvertido diputado para así evitar polémicas.

El que indefectiblemente no será de la partida es Luis D’Elía. Otrora, el dirigente piquetero ocupó su silla en representación de la CTA. Hoy ostenta un cargo en el Gobierno como subsecretario de Tierras para el Hábitat Social. En esta oportunidad, los tres representantes de la CTA serán su titular Víctor De Gennaro, Hugo Yasky y Pedro Wasiejko. Por el lado empresario, no se sabe todavía qué va a hacer el campo, aunque el sector suele canalizar sus reclamos a través del consejo agrario. La incógnita se develará en las próximas 24 horas.