Siete jueces mexicanos están en el punto de mira de los partidos políticos y de la ciudadanía, que aguarda con ansiedad el nombre del próximo presidente de la República. En manos de estos magistrados está la delicada decisión de confirmar o invalidar el resultado de los comicios del pasado 2 de julio. La victoria del conservador Felipe Calderón ha sido impugnada por el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, que reclama un nuevo recuento voto por voto. López Obrador pone en duda el cómputo del Instituto Federal Electoral (IFE), que dio al ganador una reducida ventaja de 244.000 votos, equivalente al 0,58 por ciento de los 44 millones de electores. Nunca en la historia política de México se había impugnado una elección presidencial.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) es uno de los dos pilares, junto al IFE, sobre los que se asienta la credibilidad del sistema electoral mexicano desde la reforma de 1996. Se trata de dos de las instituciones públicas con más autoridad moral en un país donde el fraude en las consultas electorales fue la nota dominante durante siete décadas. En sucesivas elecciones, la estructura del IFE demostró una gran capacidad profesional, pero los comicios de hace tres semanas se convirtieron en una prueba de fuego para ambas instituciones. De momento, el IFE ha tenido serios problemas para salir airoso del examen, a juzgar por las voces que cuestionan su labor antes, durante y después de las elecciones. René Delgado, director editorial del diario Reforma, poco sospechoso de simpatizar con López Obrador, ha pedido lisa y llanamente la dimisión de los consejeros del IFE. “Les temblaba la mano cuando requerían actuar con firmeza y no supieron guardar la necesaria cercanía y distancia con el proceso electoral que deberían controlar. Mucho menos supieron manejar y difundir el resultado electoral. Les queda la renuncia, como acto de dignidad”, escribió.

Llega ahora el turno del Tribunal Electoral, que tendrá la última palabra sobre el vencedor de los comicios, cuando proclame al presidente electo. Tiene tiempo para hacerlo hasta el 6 de septiembre. Sus atribuciones en materia electoral son más amplias que las de la Corte Suprema. Sus decisiones son inapelables, tanto en el ámbito federal como en el local. Y su fortaleza proviene, en gran parte, de que los siete magistrados fueron nombrados por unanimidad por los partidos representados en el Senado, a partir de una terna presentada por la Corte Suprema.

En los últimos 10 años, desde su creación, el Tribunal Electoral no ha tenido ninguna mancha en sus fallos, por mucha polvareda que levantara alguno de ellos. Es un órgano que ha dictado resoluciones controvertidas, pero todas han sido acatadas. En 2000, decretó la nulidad de las elecciones a gobernador del estado de Tabasco. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), vencedor de los comicios, criticó la decisión, pero acabó por aceptarla. El Tepjf ha enfrentado la resistencia de gobernadores, poderes del Estado y poderes mediáticos. Ha podido con todos. Aparte de anular las elecciones en Tabasco, hizo lo mismo en las municipales de Ciudad Juárez y para diputado federal en Zamora (Michoacán). Un elemento adicional que da más garantías al tribunal es que cuatro de sus integrantes proceden del Poder Judicial y otros dos tienen origen académico y con antecedentes en órganos electorales.

“Tiene todas las condiciones jurídicas y políticas que no tuvo el IFE”, estima el catedrático Lorenzo Córdoba, ex asesor jurídico de José Woldenberg, antiguo presidente del IFE, y experto en Derecho Electoral. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), columna vertebral de la coalición electoral Por el Bien de Todos, de López Obrador, ha solicitado la apertura de los paquetes con las papeletas electorales de las 130.000 mesas, aunque sólo ha impugnado unas 50.000. El tribunal puede ordenar un nuevo recuento de todas o parte de las mesas. Sólo está sometido a las alegaciones de los partidos. Cabe pensar que no resolverá por causas o consideraciones políticas, pero al mismo tiempo tendrá que ponderar todos los elementos que están en juego. En definitiva, es un tribunal constitucional que no vive en una campana de cristal, aislado del mundo. Es el único organismo que está facultado para anular la votación de una mesa, un distrito, o la elección entera.

El PRD y López Obrador aseguran que su objetivo no es la anulación de la elección presidencial, pero en los 231 juicios de inconformidad (impugnaciones) promovidos por la candidatura del ex alcalde de la Ciudad de México invocan la llamada causal abstracta, que el Tribunal Electoral siempre ha usado para anular una elección.

“Nosotros lo pedimos para hacer el recuento”, ha declarado Arturo Núñez, senador electo del PRD y uno de los tres encargados jurídicos de las impugnaciones presentadas por la coalición Por el Bien de Todos. Este economista representó al gobierno mexicano en las negociaciones con los partidos que culminaron con las reformas constitucionales de 1989 y 1990, que dieron paso, entre otros asuntos, a la creación del IFE, del que Núñez fue el segundo director y encargado de organizar las elecciones presidenciales de 1994. En una reciente entrevista al diario El Universal, Núñez declaró que el Tribunal Electoral podría anular las pasadas elecciones presidenciales, “no a petición de parte” –del PRD–, sino por el cúmulo de hechos que empañan la elección. “Hay dudas fundadas”, añadió, respecto de la actuación del IFE, que podrían derivar en la anulación de la elección. “Lo que queremos es que se recuente todo, si no hay un recuento total, no vamos a llegar a la verdad”, advirtió.

En los razonamientos de las impugnaciones, el PRD insiste en que el presidente Vicente Fox hizo campaña a favor del candidato Felipe Calderón, del partido oficialista; sostiene que el Partido Acción Nacional (PAN) hizo guerra sucia contra López Obrador y que el Tribunal Electoral recriminó al IFE por no ordenar de entrada la retirada de los anuncios que presentaban al candidato de izquierda como “un peligro para México”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.