El coronel retirado Gilberto Vázquez –involucrado en el secuestro y asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman– declaró ayer ante el Tribunal de Honor del ejército uruguayo. La Justicia castrense de su país le inició un proceso por haberse fugado del Hospital Militar de Montevideo, después de haber simulado una enfermedad, mientras estaba detenido a la espera de una decisión sobre el pedido de extradición de la Argentina. El abogado de la familia Gelman, José Luis González, manifestó a Página/12 que su prioridad es que se “otorgue el juzgamiento penal en Uruguay de todos los implicados en la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena”. Un impedimento sobre el cual el gobierno de Tabaré Vázquez deberá responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

“Seguimos con expectativas las cuestiones que el ex coronel (Vázquez) pueda manifestar en la Justicia militar. Todo eso constará en actas y si aparece algún dato que consideremos importante lo utilizaremos en la causa penal. Lo otro es seguir de cerca la solicitud de las extradiciones pedidas desde Argentina”, señaló Fernández a Página/12.

El abogado también aclaró que el otro militar detenido el martes en Montevideo, José Araujo Umpiérrez –a solicitud del juez argentino Norberto Oyarbide–, en el marco de la causa por el Plan Cóndor, “no es un actor principal” en la investigación que llevó a cabo el propio Gelman sobre el secuestro de María Claudia en Buenos Aires y su traslado a Uruguay. Una investigación que le permitió al poeta ubicar a su nieta, María Macarena –hija de María Claudia–, nacida en cautiverio y entregada a una familia uruguaya.

–¿Cuáles son sus expectativas sobre las resoluciones que puede tomar la Justicia argentina? –preguntó Página/12 al abogado de la familia Gelman.

–Está clara la importancia de la jurisprudencia que sentó la Justicia argentina sobre derechos humanos para toda América latina. Pero más allá de esto y de la labor de los jueces (Guillermo) Montenegro y (Norberto) Oyarbide, nuestra pelea es por que se otorgue el juzgamiento en Uruguay de todos los implicados en este caso. Junto a Gelman y Macarena hicimos en mayo una presentación ante la CIDH por el impedimento de la Justicia uruguaya de juzgar a los responsables por la vigencia de la Ley de Caducidad. Nosotros consideramos que esta ley se debe derogar en el Uruguay.

El gobierno uruguayo recibió el 22 de junio la notificación de la CIDH y tiene un plazo de dos meses, más uno de prórroga, para manifestar su descargo sobre el tema. Luego habrá una audiencia, antes de que el Tribunal de la Organización de Estados Americanos se expida, aunque su resolución no tiene carácter vinculante. Sin embargo, los organismos de derechos humanos uruguayos consideran que un fallo favorable puede abrir el debate sobre la ley que otorga impunidad a los represores de la dictadura.

Vázquez es uno de los seis militares y policías cuya captura y extradición –por su participación en la desaparición de María Claudia– fue solicitada por el juez Montenegro. Ayer declaró ante el Tribunal de Honor que fue ordenado por el comandante en jefe del Ejército uruguayo, teniente general Carlos Díaz. Las sanciones militares que pueda recibir el ex coronel van desde una amonestación hasta la baja, con la cual perdería dos tercios de su pensión, la imposibilidad de utilizar el uniforme y de recibir atención sanitaria en el Hospital Militar.