“La libertad de expresión constituye un derecho humano fundamental” y “las manifestaciones en las rutas efectuadas en forma intermitente entre el 6 de enero y el 2 de mayo de 2006 son una muestra de la libre expresión de la población en defensa de un derecho que considera legítimo”. Así contestó Argentina la demanda que le inició el gobierno uruguayo ante los tribunales del Mercosur por los cortes en los puentes internacionales contra las papeleras. El país vecino alega daños económicos. Según la presentación que hizo ayer un grupo de expertos de la Cancillería argentina, el bloqueo nunca fue total ya que siempre alguno de los pasos estuvo abierto. En el período de protesta, sostiene, aumentaron el comercio bilateral y el turismo en comparación con el año previo.

El día en que el gobierno de Tabaré Vázquez decidió cortar todo diálogo bilateral, anunció que haría una denuncia por las pérdidas económicas que le causaron los cortes. Al concretarla, acusó a la Argentina de violar el tratado de Asunción, que establece que los países del bloque regional se comprometen a “garantizar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos”. Pero, además, dijo que Néstor Kirchner omitió tomar iniciativas para impedir los cortes en Gualeguaychú y Colón. Reprochó que ante las medidas de los vecinos ambientalistas, el Presidente no puso la misma decisión que había usado para despejar las vías de los subtes porteños o los caminos santacruceños ante la protesta de los petroleros.

Argentina fue acusadora en la Corte Internacional de La Haya, donde igual perdió el primer round. Los jueces le rechazaron un pedido para frenar las obras de las pasteras en Fray Bentos, pero aún deben fallar sobre el tema de fondo de la disputa. A la inversa, ayer el país debió defenderse en Montevideo ante la secretaría del Mercosur.

La causa será resuelta por un tribunal arbitral ad hoc que integran el argentino Carlos Barreira, el uruguayo José Gamio y, como presidente, el español Luis Martí Mingarro, que enfrenta impugnaciones. Estos jueces determinarán si hay alguna responsabilidad del estado argentino. Los uruguayos se reservaron por escrito la posibilidad de reclamar un daño económico que rondaría, según señalan, los 400 millones de dólares.

La contestación de la Cancillería fue presentada por Juan Sola, que encabeza el equipo de juristas para este tema. ¿Qué dijo?

- El eje de la argumentación, como anticipó Página/12 en su edición del 9 de julio, dice que “la libertad de expresión ejercida por los ciudadanos argentinos, constituye una derecho humano fundamental que goza de jerarquía constitucional”. Más aún, advierte que “no cabe invocar legítimamente una restricción a la libertad de expresión en desmedro de otro derecho que está legalmente protegido pero que no reviste esa calidad de derecho humano fundamental”.

La primera marcha grande contra las pasteras fue en abril de 2005. Pero la demanda uruguaya cuestiona los cortes que comenzaron en diciembre último y tuvieron su pico de permanencia entre febrero y mayo de este año.

- “Las manifestaciones en las rutas fueron puestas en conocimiento de del público con antelación suficiente y no implicaron, en ningún caso, un impedimento total a la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países, ya que siempre hubo pasos alternativos abiertos”, dice el documento. También cita estadísticas de ambos países que indican que durante la época de los bloqueos crecieron el comercio bilateral y el turismo. Las importaciones argentinas desde Uruguay, ejemplifica, se elevaron un 35 por ciento durante el primer semestre de 2006, en comparación con el mismo período en 2005. El número de turistas desde Argentina hacia Uruguay, agrega, subió un 4 por ciento en el primer trimestre de este año en comparación con el año anterior.

- Otro punto destaca que, en realidad, la denuncia se podría considerar abstracta porque cuando fue presentada “ya no existían ni existen en la actualidad manifestaciones populares en las rutas”.

- El gobierno de Kirchner dice que utilizó los caminos a su alcance para “disuadir las manifestaciones populares en las rutas como forma de expresión de su protesta”, pero que no puede “reprimir el ejercicio de un derecho humano en una situación claramente no prevista en los tratados en vigor para ambos países”.

A partir de ahora habrá audiencias para que las partes expongan los alegatos y las pruebas. El fallo llegaría, como mucho, el 7 de septiembre, según informaron en la Cancillería. Hay una instancia de apelación, que es el Tribunal Permanente de Revisión que funciona en Asunción, que tiende a favorecer a los países chicos del Mercosur.