Un amplio repudio recibió ayer la decisión judicial –de primera y segunda instancia– que impidió abortar a una adolescente de 19 años que padece un retardo mental y quedó embarazada en una violación. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García; el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, y organizaciones de mujeres coincidieron al pronunciarse en contra de los polémicos fallos. Según pudo saber Página/12, la procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, dictaminará hoy a favor de la joven. Lo más terrible del caso es que la muchacha estaba a punto de ser sometida a un aborto en el Hospital San Martín de La Plata, donde iban a realizarle la operación como marca el Código Penal en situaciones similares –sin pedir autorización a un magistrado–, pero la intervención debió suspenderse sorpresivamente por orden judicial. “La joven ya se había hecho los estudios prequirúrgicos, la mamá y la hermana ya habían firmado el consentimiento informado y estaba todo previsto para hacerle el aborto. Pero una jueza de Menores nos ordenó externar a la paciente. Fue horrible”, describió ayer a Página/12 la jefa de Ginecología del Hospital San Martín, Blanca Campostrini, la médica que iba a realizarle el aborto a la muchacha.

“En el caso de esta chiquita estaban configuradas todas las características que permite el Código Penal para realizar un aborto, porque tiene una discapacidad mental y fue violada. Es increíble la actitud de la Justicia que se está amparando en cuestiones religiosas. Invocar una razón de ese tipo es como retroceder en la historia argentina”, se indignó ayer González García. El ministro opinó así al analizar el caso que llegó a la Suprema Corte Bonaerense, luego de que la Sala II de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil de La Plata y la jueza de Menores Nº 5, Inés Siro, desconocieran en sendos fallos el artículo 86, inciso segundo, del Código Penal, que considera “no punible” el aborto cuando el “embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Tanto el ministro de Salud de la Nación, como la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno provincial y un grupo de ONG harán presentaciones ante el máximo tribunal bonaerense pidiéndole que al expedirse sobre el caso respete la letra del Código Penal y finalmente permita a la joven L.M.R. practicarse un aborto (ver aparte). En ese mismo sentido se pronunciará hoy la procuradora Falbo. El fallo de la Suprema Corte se dará a conocer probablemente entre el viernes y el lunes.

Desesperada

“Cuando la Justicia es lenta, no es Justicia. No es lo mismo interrumpir un embarazo en el primer trimestre de gestación que en el segundo trimestre. Eso lo sabe cualquier médico. Es horrible lo que le han hecho a esta muchacha”, comentó a Página/12 la jefa del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín, de La Plata, Blanca Campostrini. Ella es la médica que le iba a practicar el aborto a L.M.R, unos veinte días atrás, cuando la adolescente cursaba 14 semanas de gestación. “Estaba todo previsto para hacerle el aborto. En ningún momento le exigimos una autorización de un juez porque no era necesario. La paciente es débil mental y fue violada. Con la firma del tutor o representante legal se puede realizar la interrupción del embarazo porque en esos casos no es punible”, afirmó Campostrini. Según pudo reconstruir este diario, el caso llegó a la Justicia cuando se enteró del inminente aborto la fiscal Sonia Leila Aguilar, titular de la UFI Nº 5 de La Plata, a cargo de la instrucción de la causa por la violación de la joven. Al parecer la familia de la muchacha la habría puesto en aviso para que se resguardara material genético del embrión como prueba de la violación. Está denunciado como el autor del hecho un pariente de la adolescente. La fiscal, por su parte, informó de la interrupción del embarazo al juzgado de Menores Nº 5 a cargo de Inés Siro. La magistrada fue quien ordenó al Servicio de Ginecología del San Martín suspender la operación.

“Ya le habíamos realizado los estudios prequirúrgicos para realizar el aborto y llegó un médico del juzgado de Menores con un mandato de la jueza ordenando que externáramos a la paciente y no le hiciéramos nada. La mamá estaba desesperada”, contó Campostrini.

–¿Cómo vivió usted ese momento? –le preguntó esta cronista.

–De la misma manera que lo hubiera vivido usted: fue horrible.

La madre y la hermana de la muchacha ya habían firmado el consentimiento informado para realizarle la operación. Habían llevado un certificado de “retardo mental” firmado por el neurocirujano del Hospital de Guernica que atiende a la chica, además de la denuncia policial de que había sido violada. “Aunque la discapacidad mental era obvia, pedimos una interconsulta al Servicio de Salud Mental que corroboró el retardo. Es nuestra costumbre pedir la opinión del Comité de Bioética del Hospital, que estaba convocado para el mismo día en que nos llegó la orden judicial de suspender la operación”, precisó la médica.

Enterado de los detalles del caso, la abogada del CELS Carolina Fairstein cuestionó la actuación de la fiscal Aguilar, cuya intervención motivó que el caso llegara a un juzgado de Menores. “Ningún fiscal de la provincia de Buenos Aires tiene facultades para intervenir en la prevención de delitos, sino que su actuación está limitada siempre a la investigación posterior a la perpetración del delito. Así lo confirmó la resolución 162/05 dictada por la procuradora María del Carmen Falbo el 15 de abril de 2005. De todos modos, en este caso es importante aclarar que ni siquiera se estaba por cometer un delito ya que la interrupción del embarazo producto de una violación a una mujer con discapacidad mental está expresamente autorizada por el Código Penal y no requiere autorización judicial”, apuntó Fairstein.

Mientras crece la polémica en torno al caso, también crece el vientre y la tristeza de L.M.R. Hace veinte días podría haber empezado a sentir cierto alivio, pero una jueza invocó fundamentos “cristianos” al defender en público su fallo contrario a lo que establece el Código Penal.